Los dos sindicatos específicos del sector de la enseñanza muestran una enérgica postura en contra de que el curso escolar arranque este lunes en una población que se encuentra con la movilidad limitada para entrar y salir de ella.

Ambas organizaciones celebraron reuniones internas este viernes por la tarde y llegaron a la misma conclusión: exigir a la Consejería de Educación que reconsidere su decisión y que aplace el inicio de curso en Santoña hasta que concluyan las medidas excepcionales tomadas por Sanidad el pasado día 2, y que está previsto que duren hasta el próximo 15 de septiembre, aunque Miguel Ángel Revilla no descartaba ayer, si los datos mejoran, que esa situación termine antes.

La situación epidemiológica de la villa de Santoña y el duro confinamiento decretado recientemente, a juicio de ANPE, hace insostenible la decisión del Gobierno de Cantabria de comenzar el curso con normalidad la próxima semana (día 7 para los colegios, y día 10 para el resto de enseñanzas).

Y también añaden que, de abrirse los centros educativos, se estaría poniendo en un riesgo innecesario a los alumnos y a los trabajadores de los centros educativos, obligándoles a permanecer varias horas diarias en grupos de hasta treinta personas, mientras se prohíben el resto de actividades colectivas y se prohíben las reuniones de más de 10 personas. Para ANPE sería una doble vara de medir, que resultaría difícil entender.

En STEC estuvieron hablando con trabajadores de centros educativos santoñeses y les resulta intolerable que la Consejería de Educación pueda concebir los centros educativos como espacios «exentos», contraviniendo además todas las decisiones tomadas para evitar la expansión del virus, con ratios irresponsables en espacios cerrados o alumnado trasladándose desde las localidades vecinas.

Además del riesgo para la salud de quienes deben acudir a esos centros, se trataría de una nueva excepción a los límites a la movilidad. Aunque no se ha confinado a la población en sus casas, sí que se ha pedido no salir si no resulta necesario, y sólo se puede abandonar el municipio con un motivo justificado. Tener que llevar a niños al colegio ya supone un desplazamiento, teóricamente, no deseable. Y si se hace en un transporte colectivo, el riesgo puede ser aún mayor.

ANPE Cantabria entiende que retrasar unos pocos días el inicio del curso escolar, sería una medida que beneficiaría a todos los miembros de la comunidad educativa, y a todos los vecinos de la localidad. El Sindicato mostró también su apoyo a los claustros de los centros educativos implicados, que han mostrado su extrema preocupación por esta situación, y su intención de demorar el inicio del curso.

Para STEC, simplemente no se pueden abrir centros educativos mientras duren las medidas restrictivas y se mantengan los índices de contagio que han llevado a Sanidad a tomar esta decisión.

CARTA DE TRABAJADORES UNIDOS AL CONSEJERO DE SANIDAD

El sindicato Trabajadores Unidos ha elegido la modalidad de la carta para pronunciarse sobre este asunto, en el que todas las partes parecen posicionarse frente al Gobierno de Cantabria.

La misiva cita una serie de leyes y normas en las que se establece que la Consejería de Sanidad, en una situación como esta, es quien debe tomar las decisiones últimas. Y le piden que se pronuncie en este caso, donde los propios centros educativos son los que están decidiendo retrasar el comienzo de las clases, y que las AMPAS les apoyan.

Además, a estas alturas, los representantes de los trabajadores, y más en concreto los delegados de prevención, aún desconocen los planes de contingencia, imprescindibles para la puesta en marcha de las medidas organizativas y preventivas que han de tomarse de cara a comenzar la actividad docente, prevista para este lunes.

La Consejería de Educación, añaden en su carta, se ha pronunciado claramente estableciendo que no es su competencia decidir sobre el retraso de la apertura de estos centros, indicando que, en todo caso, ha de decretarse el cierre o retraso por parte de las autoridades sanitarias.

No es de recibo, dice Trabajadores Unidos, que una responsabilidad de estas características recaiga sobre las direcciones de los centros, o lo que es aún más grave, sobre las familias. Por ello, piden que se pronuncie el consejero Miguel Rodríguez con urgencia sobre el retraso de apertura de estos centros educativos y sobre si es segura la apertura, tanto para el alumnado como para los trabajadores.

Asimismo, desde la Presidencia del Gobierno de Cantabria y desde la propia Consejería de Educación, se ha hecho pública la postura de que la competencia en estas cuestiones es exclusiva de la consejería de Sanidad. Es el motivo por el que este sindicato se dirige directamente a Rodríguez y espera su pronunciamiento.

Concluye la carta diciendo que «sería deseable una mayor coordinación no sólo en el seno del Gobierno de Cantabria, sino con el resto de las administraciones locales y estatales, así como con las demás instituciones en esta crisis sanitaria en nuestra comunidad».

Trabajadores Unidos también ha publicado unas palabras para mostrar su apoyo a los vecinos de Santoña en esta crisis sanitaria y que se ha hecho más palpable en este municipio tras las medidas establecidas por la consejería de Sanidad en estos primeros días de septiembre.

Especialmente muestran apoyo a los cinco centros docentes públicos de la localidad, a los que señalan por la responsabilidad de sus decisiones, que creen que deberían de tomar en Educación de manera inmediata y coordinada. También se acuerdan de las familias afectadas y a las AMPAs de estos centros que están dando un paso adelante en la búsqueda de soluciones y respuestas urgentes en relación de la seguridad de alumnado y trabajadores de estos centros.

En esta línea, en la de la búsqueda de respuestas y soluciones concretas, además de otras medidas acordes en la linea sindical que nos compete, nos hemos dirigido al consejero de Sanidad, máxima autoridad sanitaria en Cantabria en los términos que exponemos y que adjuntamos por si creen conveniente difundir en su medio de comunicación