El Partido Regionalista de Cantabria ha planteado una modificación del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Civil para “adaptarlos” a la nueva realidad de las ocupaciones ilegales de viviendas y “atajar” “la conflictividad social” surgida con “las mafias”.

LOS DESAHUCIOS MULTIPLICAN POR 20,9 A LAS OCUPACIONES

Según las estadísticas oficiales del poder judicial, en 2019 se resolvieron 27 casos de ocupación ilegal de viviendas en Cantabria, esto es, 2,25 al mes (0,075 al día).

En el primer trimestre de 2020, se han resuelto 8, y los datos más recientes, según el Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, que se ciñen al primer semestre del año, en Cantabria el número de casas ocupadas descendió un 33% respecto al mismo período del año anterior.

Mientras, en ese mismo año, los lanzamientos debidos al impago de alquiler fueron 428, lo que hace una media de 1,17 desahucios al día, y los debidos a otros motivos, 34 -un 12,8 por ciento menos que en 2018.

Es en el alquiler donde están creciendo los casos, pero a ellos habría que sumar los lanzamientos de propiedad que, si bien están descendiendo, todavía en 2019 fueron 102.

Es decir, entre desahucios por propiedad o alquiler, las cifras del último año completo ascendieron a 53,1 al mes, a 1,77 al día. La cifra de desahucios es 20,9 veces mayor que la de ocupaciones ilegales de viviendas.

Los datos de lo que llevamos de 2020 se ven alterados por el Estado de Alarma, en el que se suspendió la actividad judicial y, por tanto, los desahucios, si bien sí que se han producido varios casos.

En el primer trimestre del año (el último actualizado, difundido en julio) se produjeron 118 lanzamientos (expulsiones de casas): 95 por alquiler, 19 por propiedad y cuatro por otros motivos.

LA PROPUESTA DEL PRC CONTRA EL «ABUSO GENERALIZADO»

El PRC –que en la legislatura pasada creó la Oficina de Emergencia Habitacional, si bien esta legislatura las políticas de vivienda dependen del PSOE– propone que se pueda proceder al desalojo “inmediato”, en las primeras 48 horas, de aquellas personas que “no puedan acreditar un título legal indubitado y suficiente para la ocupación”.

Para ello, el Grupo Parlamentario Regionalista ha presentado una proposición no de ley que se debatirá en el pleno del próximo lunes y que también llevará a la Cámara Alta, instando al Gobierno de España a que acometa esa modificación.

Los regionalistas han considerado que “no es necesario” una nueva ley antiocupas, sino una simple modificación de las leyes existentes (Código Penal y Ley de Enjuiciamiento Civil).

En la exposición de motivos de la proposición no de ley, los regionalistas recuerdan que el “movimiento okupa” surgió a finales de los años 60 del siglo pasado en Alemania, Inglaterra y Holanda como expresión de la filosofía hippie.

Años más tarde llegó a España, como “un movimiento de ideales contrarios al sistema y con una débil solución jurídica”, a pesar de que “atenta, de forma flagrante, contra el derecho de la propiedad reconocido en la Constitución”.

Y apuntan que “la indefensión jurídica” que sufren muchos propietarios “trae causa directa del Código Penal de 1995”, que es cuando se introduce el delito de usurpación de bienes inmuebles.

Al hilo, explican que, desde que comienza el movimiento hasta nuestros días, se ha producido un cambio en la ocupación: “se ha pasado de una ocupación de la propiedad pública o privada, provocada por necesidades personales de los ocupantes y sus familias, a un abuso cada vez más generalizado de las ‘okupaciones’ con una intencionalidad delictiva o cuasi-delictiva” y se han creado “mafias profesionales” que ocupan viviendas y las alquilan a inquilinos “de buena fe” o “se las ceden temporalmente a los ocupantes para chantajear a los propietarios y obligarles a pagar compensaciones para conseguir la recuperación de la vivienda”.

Para el PRC, se debería “endurecer” la ley para “agravar” el delito de ocupación ilegal de los inmuebles, y que “la denuncia y exhibición del título de propiedad fueran suficientes para el desalojo inmediato de las viviendas ocupadas”. “El juez debería poder adoptar medidas cautelares y respaldar la actuación de la policía. La policía tendría que poder hacerlo, con el ulterior respaldo del juez, en el caso de delito flagrante”, sostienen.