HEMEROTECA

Los criterios subjetivos fueron claves en la renovación de la adjudicación de las basuras

La actual concesionaria logró retener el contrato tras ofrecer una baja en medio de una dura puja con las grandes constructoras nacionales
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Era el año 2012 y tocaba volver a sacar a concurso la gestión de las basuras en Santander, un contrato que en tiempos fue público y que luego fue adjudicado a una unión de empresas entre ASCAN y GEASER, dos sociedades que pertenecen al grupo SADISA, referente cántabro en el sector de la obra pública y la construcción que en los últimos años ha ido pasando por dificultades.

Por situarnos: en 2012 ya había pinchado la burbuja inmobiliaria española, ya había sido el rescate bancario y ya había quebrado Lehman Brothers. Estábamos, pues, en la onda expansiva de la crisis financiera que en España sumó el pinchazo del ladrillo: eran los años de los recortes presupuestarios y del retraimiento en el consumo.

Sin ganas de comprar pisos, sin presupuestos para grandes infraestructuras y sin crédito a los bancos, las grandes constructoras del país se aferraban para su supervivencia a una reconversión hacia los multiservicios que dependían, fundamentalmente, de las administraciones públicas.

Así pues, la renovación del contrato de las basuras, camino ahora de su resolución, en manos de una constructora local, pero potente, se convirtió en esos tiempos en una codiciada pieza a la que miraron todas las grandes.

De modo que Ferrovial (a través de CESPA) y FCC, dos gigantes del sector, entre otras, aspiraron también a hacerse con este servicio, cuya licitación (el precio de salida) ascendió a 19,4 millones de euros.

Finalmente, la adjudicación se hizo hasta 2022, por un canon de 15,9 millones anuales, obtenido tras rebajar un 10% respecto al precio que se ofreció, en una baja que sumaba al 10% respecto a la primera adjudicación.

Es decir, las basuras en Santander se gestionaron por un 20% menos de lo que el Ayuntamiento de Santander calculó que costaba cuando pasó de ser un servicio público a una en manos de una empresa. La alcaldesa ha asegurado que se pensó que la mayor duración en años del servicio compensaría la reducción económica.

El contrato se firmó el 1 de septiembre de 2013, por 10 años, con la posibilidad de dos prórrogas.

CRITERIOS OBJETIVOS Y SUBJETIVOS

A la hora de valorar una adjudicación, hay una parte que se mide con números (la oferta económica, los criterios que se pueden medir) y otras en las que hay un componente subjetivo.

En los criterios objetivos se impuso por la mínima, 41,857 frente a los 41,487 de CESPA (Ferrovial), de los 42 que podían sacarse.

Esta empresa fue también la que presentó la mejor oferta de canon económico, con 15,8 millones de euros, frente a 15,9 millones de ASCAN.

Pero la empresa del grupo de Santiago Díaz ofreció un mejor precio de amortización de la maquinaria, la que la empresa paga al Ayuntamiento. En este caso ASCAN ofertó 1.005.000 euros frente a los 900.000 euros de Cespa.
De modo que ambas empresas estaban bastante igualadas en los aspectos objetivos.

Fue ahí donde ASCAN logró una alta valoración: 55,75 sobre los 58 que podían sacarse.

Entre los aspectos subjetivos que se juzgaron estaban la metodología operativa del servicio, los medios materiales propuestos, la contenerización, la organización de la infraestructura del servicio, la coordinación estratégica del servicio y los avances tecnológicos.

En todos ellos ASCAN obtuvo la mejor puntuación, quedando 5 puntos por encima de FCC, que obtuvo 50,50 de 58, quedando en segundo lugar. La empresa de Esther Koplowitz había obtenido el último puesto en la valoración de los criterios objetivos, 15,497 de 42 puntos.

Foto: Sadisa

La valoración de los criterios subjetivos contaba un 58% de la nota final, mientras que los criterios objetivos solo obtuvieron un 42%.

La diferencia se notó en la parte subjetiva: de los 58 puntos que se otorgaban, ASCAN logró 55,75 mientras que a Cespa se le bajó hasta un 41.

Es decir, de las cinco empresas candidatas, Cespa pasó de ocupar el segundo lugar en los criterios objetivos al cuarto en los criterios subjetivos.

Del Comité que los analizaba formaba parte José Ignacio Quirós: con el tiempo sería concejal de Medio Ambiente –área de la que dependía el contrato–, pero en ese momento era director general de Infraestructuras, un cargo de confianza al que llegó procedente de trabajar en empresas del grupo.

En concreto, Quirós trabajó en el grupo, del que llegó a ser apoderado (es decir, ha tenido capacidad representativa, para firmar operaciones económicas y jurídicas) del propio grupo o de una de sus empresas, la constructora ASCAN.

O de General de Asfaltos y Servicios, es decir, GEASER, especializada en la gestión de residuos y basuras, adjudicataria de este servicio en el Ayuntamiento de Santander.

Como director general de Infraestructuras, Quirós dependía directamente de César Díaz, concejal de Urbanismo.

No era la única conexión empresa-ayuntamiento: César Díaz, en la actualidad concejal de Obras, en la pasada legislatura de Urbanismo, había sido previamente gerente del Servicio de Recogida de Residuos y Limpieza Viaria del Grupo SADISA

Fue en esa época donde trabajó estrechamente con el ex alcalde, Íñigo de la Serna, cuando este era el concejal responsable de Medio Ambiente, departamento del que dependían las basuras. Ambos habían sido compañeros de clase en la universidad.

Díaz siempre ha defendido su independencia respecto a su antigua empresa, que en el momento de su nombramiento incluso mantenía contenciosos judiciales con el Ayuntamiento, desde el cual posteriormente se le han adjudicado obras que han sido anunciadas a los medios por el propio Díaz en reuniones en las que ha participado.

También el que fuera gerente de la Sociedad de Vivienda y Suelo, José Antonio Gómez, había pasado por el grupo empresarial.

LAS QUEJAS

El pasado mes de junio, la empresa sumó ocho sanciones que ascendían a 50.000 euros por incumplimientos reiterados en las condiciones del contrato, y no eran las únicas.

Muchas de las quejas procedían de ciudadanos, y llegaron en numerosas ocasiones al Pleno municipal por parte de los partidos de la oposición: PSOE, PRC, Izquierda Unida o Santander Sí Puede.

Hablamos de cuestiones como el deficiente funcionamiento de la línea de atención al cliente, la colocación de un modelo de contenedor diferente al modelo de la oferta, el deficiente estado de mantenimiento, limpieza y vaciado del parque de papeleras,  deficiencias en las funcionalidades de la plataforma de gestión del servicio o fallos en el mantenimiento de los contenedores de 4 rutas, que habían llevado a quejas ciudadanas y a fotos constantes en redes sociales, además de una preocupación por la acumulación de vertederos descontrolados en la costa norte de la ciudad.

El servicio comenzó a ser fiscalizado, por la propia Intervención municipal o empresas especializadas. Primero, por la Fundación Torres Quevedo, primero por adjudicación directa, luego por concurso, al que acabaría renunciando, subrogándolo a Apia XXI (la empresa redactora del PGOU y en la que tuvo trayectoria profesional el exalcalde De la Serna). Apia sería absorbida por Louis Berger, ahora a su vez parte de la multinacional WSP.

El asunto llegó a la campaña: los partidos hablaban de la remunicipalización y alertaban de que la situación en los servicios públicos se extendía a otros servicios privatizados, como el abastecimiento de aguas (Aqualia) o el de Parques y Jardines, que de hecho ha tenido que volver a salir a servicios. Incluso es objeto de crítica por parte de partidos en el equipo de Gobierno, como Ciudadanos, cuyo portavoz, Javier Ceruti, llevó a la campaña auditorías de los servicios y recientemente llegó a apuntar su deseo de que se rescindiera ese contrato.

Pero esto es una historia de la burbuja: el Grupo, que levantó el Centro Botín junto a OHL (los dueños de Ferroatlántica) empezó a tener problemas en 2013, llegando a presentar preconcurso de acreedores para refinanciar su deuda y deshacers de activos. Varios desencuentros con el gobierno de Ignacio Diego, entre ellas la resolución del contrato del Puerto de Laredo –que, no obstante, incluía un rescate en sus cláusulas– no ayudaron, así como distintos vaivenes en adjudicaciones municipales, como el servicio de aguas en Castro, entre otros asuntos de la empresa que acabaron judicializados.

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