El Ayuntamiento de Santander ha acordado iniciar el expediente para la resolución del contrato de las basuras en la ciudad, que gestionaba ASCAN-GEASER (Grupo SADISA), según ha podido saber EL FARADIO.

Un servicio que venía acumulando críticas por parte de los santanderinos y de los partidos de la oposición por la suciedad de sus calles, y también sanciones a la propia empresa, además de reiterados avisos por parte del socio del PP, Ciudadanos.

La medida se aprobó en la Junta de Gobierno local de este lunes, a las 13.30 horas. También se pedirá un informe consultivo, de carácter no vinculante, al Consejo de Estado, e Intervención ha emitido un informe sobre el contrato.

La oposición había solicitado una comisión extraordinaria, en especial a raíz de que trascendiera que la empresa no había pagado a los trabajadores, justificándolo en las sanciones (asunto ya resuelto), y el equipo de Gobierno lo ciñó a una comisión ya prevista.

LA ALCALDESA GARANTIZA LA ESTABILIDAD DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

La alcaldesa, Gema Igual, ha recalcado que el objetivo de esta actuación es “corregir esta situación” y “garantizar que Santander tenga el servicio de limpieza que se merece, como seña de identidad, proyección y atractivo”.

La regidora ha querido también transmitir un “mensaje de tranquilidad” a los trabajadores “porque van a mantener tanto sus salarios como sus puestos de trabajo”, con cuyos representantes ya ha hablado para resolver todas sus dudas, a los santanderinos “porque vamos a exigir los máximos estándares de calidad en limpieza de la ciudad”.

El informe de fiscalización elaborado por la intervención municipal para el periodo 2013-2018 valora en más de siete millones de euros la suma de todos los incumplimientos. Se calcula que en cinco meses finaliza este proceso.

EL COMITÉ DE EMPRESA ASEVERA QUE LA EMPRESA «NO CUMPLE EL CONTRATO»

José Ramón Hoz, presidente del Comité de Empresa del servicio de basuras de Santander, pasó esta mañana por los micrófonos de EL FARADIO DE LA MAÑANA, en Arco FM, para hablar sobre la decisión que ha tomado el Ayuntamiento. Dijo que, pocos minutos antes de la comparecencia de la alcaldesa, Gema Igual, ella le llamó personalmente para contarle lo que se había decidido y que les convocaba «hoy o mañana para contarnos ampliamente esta decisión».

Hoz afirmó que Igual le dijo también que «tenemos puesto de trabajo y salario garantizado las 280 familias» que dependen de este servicio, para tratar de calmar los temores que pueda tener la plantilla a raíz de esta decisión.

También quiso recordar que el último pliego de condiciones para la contratación, el de 2012, «contempló por primera vez la posibilidad de reducir la plantilla, y se han perdido 60 puestos de trabajo entre 2013 y 2019». En su momento presentaron alegaciones a ese contrato, y añadió que «advertimos que tendría consecuencias».

Lo que también afirmó Hoz es que «la empresa no está cumpliendo el contrato», y que eso se nota por cómo está Santander desde el punto de vista de la limpieza de la ciudad, algo sobre lo que ha habido quejas de ciudadanos en diversas ocasiones, y algo que el portavoz del Gobierno municipal, Javier Ceruti, ha destacado en varias comparecencias.

Hoz concluyó que problemas ha habido muchos entre Ayuntamiento y adjudicataria entre esos años 2013 y 2019, pero se resolvían siempre «sin expedientes». Es en este último año cuando las cosas han acabado en sanciones a la empresa que presta el servicio.

EL PSOE CULPA AL PP DEL «DESASTRE» Y ABOGA POR «RECUPERAR EL CONTROL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS»

El PSOE ha culpado al PP del “desastre” en el contrato de recogida de basuras y ha abogado por “recuperar el control de los servicios públicos”, una vez que “ha quedado constatado el fracaso del modelo de externalizaciones del PP, que ha inmerso a Santander en una verdadera crisis de los servicios públicos esenciales”.

Así ha reaccionado el portavoz municipal del PSOE, Daniel Fernández, al anuncio del inicio del expediente para la resolución del contrato de las basuras con Ascan-Geaser, que ha dado a conocer la alcaldesa, Gema Igual (PP) a los portavoces de los grupos políticos a primera hora de este lunes en una reunión extraordinaria y urgente.

Los socialistas recuerdan que “el modelo del PP ha fracasado” en el servicio de basuras por la adjudicación con un 10% de baja en la oferta y por la reducción del contrato en otro 10%, con “consecuencias que han pagado los trabajadores, por la destrucción de puestos laborales, y los vecinos, que hoy tienen su ciudad más sucia que nunca”.

Para Fernández, a menos de dos años de la finalización del contrato, que expira en septiembre de 2022, “lo más posible es que el contrato finalice antes que el expediente ”, por lo que para el PSOE el anuncio de la alcaldesa “no es más que otra cortina de humo”.

“Es muy improbable por no decir imposible que el expediente concluya en 5 meses, como ha anunciado la alcaldesa, dado que incluye consultas no vinculantes al Consejo de Estado, audiencia a la empresa y al avalista del contrato y sucesivos plazos de alegaciones”, ha explicado Fernández.

Respecto al inicio de los trabajos para un nuevo pliego de condiciones de cara a un nuevo concurso, el portavoz del PSOE ha recalcado que “aunque no hubiera expediente, a menos de dos años de la finalización del actual contrato, habría sido preciso en cualquier caso iniciar esos trabajos”.

“Se trata de “una operación de lavado de imagen del PP ante la crisis de los servicios públicos en Santander que viene denunciando el PSOE como principal partido de la oposición”, ha agregado Fernández, y que se debe al “incremento exponencial de las quejas de los vecinos por el mal servicio de la recogida de basuras”.

UNIDAS POR SANTANDER PEDIRÁ LA REMUNICIPALIZACIÓN DEL SERVICIO

Desde Unidas por Santander, su concejal MIGUEL Saro advertía de que “los incumplimientos del servicio de basuras se han producido desde el inicio del contrato”.

Saro destaca que los informes, especialmente el de Intervención, que hace una fiscalización del contrato en el periodo 2013-2018, resaltan que la empresa concesionaria, ASCAN-GEASER (Grupo SADISA) “no ha hecho algunas de las inversiones técnicas necesarias que justificaron su oferta para ganar el contrato, como vehículos de limpieza y otro tipo de elementos técnicos”. “Tampoco ha respetado las condiciones del personal que debía subrogarse en la contrata, disponiendo de menos mano de obra de la que era obligatoria para prestar el servicio y que se comprometió a asumir”, critica el edil.

Miguel Saro, de Unidas por Santander

Este incumplimiento desde el inicio del contrato se ha puesto de manifiesto desde que ha aumentado la fiscalización externa del mismo, inicialmente por la Fundación Torres Quevedo y luego Apia XXI desde 2017. “La contrata ni siquiera ha desarrollado la plataforma informática que debería servir para realizar un control telemático efectivo de la prestación del servicio en cuanto a desplazamiento de vehículos, limpieza de las papeleras, contenedores, etc. Es decir, ni siquiera ha puesto los medios para que se pueda controlar el servicio”.

Además, destaca que este incumplimiento se ha producido en connivencia con el Ayuntamiento de Santander que, “en los primeros cinco años del contrato, no ha hecho absolutamente nada”, dando el control de estos cumplimientos a ex empleados de la empresa concesionaria, como el señor José Ignacio Quirós, director general y luego concejal de Medio Ambiente, que era responsable, al menos político, de este contrato”.

“Este conflicto de intereses que late siempre en el Ayuntamiento de Santander es una de las causas por las cuales la prestación de los servicios sea ineficaz”, critica Saro, que insiste en que la situación ha llegado a un punto en el que “cualquier vecino es capaz de observar la cantidad de basura, residuos, restos y suciedad que están presentes en nuestro municipio”.

En consecuencia, llevará de nuevo al pleno municipal una solicitud para remunicipalizar algunos de estos servicios.
“Tenemos que exigir al Ayuntamiento que haga su función y deje de delegar siempre en empresas privadas y reducir las plantillas municipales, sobre todo aquellas que se encargan de fiscalizar los contratos que se encuentran externalizados”, expresa Saro.

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