En el informe de control financiero que ha hecho el Interventor sobre el contrato de las basuras en Santander –al que se le acaba de abrir un expediente de resolución ante incumplimientos por valor de 7 millones de euros y tras años de quejas sobre la suciedad en las calles — hay una cosa que le causa extrañeza. “Incomprensible”, llega a decir textualmente.

Y es que ASCAN-GEASER (Grupo SADISA) tardó años en conectarse su sistema a la plataforma de datos de SMAR CITY pese a que había contratado para este fin los servicios, precisamente, de NEC, una de las empresas que la había desarrollado.

El resultado de esa falta de conexión fueron una serie de dificultades en el seguimiento del control de calidad del contrato, una queja que planea por distintas páginas de este informe municipal al que ha tenido acceso EL FARADIO.

LA EMPRESA TENÍA QUE CONECTARSE A LA PLATAFORMA SMART PARA MEJORAR SU CONTROL

En concreto, el pliego hablaba expresamente de que se debía disponer una herramienta tecnológica que permitiera incrementar el control del servicio, pero también su adaptación al concepto de Smart City.

Es más, se detallaba que la información debía ser “en tiempo real para todos los servicios durante las 24 horas del día»para lo cual se tenía que contar con un programa informatizado de gestión y seguimiento integral.

Esa exigencia se concretaba más aún, en una Plataforma de Repositorio de Datos (se estimaba su coste en 150.000 euros al año), cuyos costes de conexión y uso debían correr a cargo de la empresa.

La empresa estimó en 83.808 euros el gasto anual en la cuota de software para la plataforma y el acceso a los datos.

Y su oferta contemplaba una inversión en los servicios comunes de un millón de euros, un dinero que justificó mediante el abono de facturas mensuales a NEC Ibérica, bajo el concepto de “suministro de un sistema inteligente de gestión de residuos para la ciudad de Santander”.

LA CONEXIÓN NO SE HIZO A TIEMPO…

Sin embargo, por motivos propios del contrato Smart City, esta parte no comenzó hasta 2017, y la primera intervención respecto a las basuras no fue hasta marzo de 2018.

Ya constaba un informe de la Dirección General de Medio Ambiente sobre la falta de adaptación de la empresa a los requerimientos técnicos de la plataforma Smart, “con el perjuicio que dicho incumplimiento produce en el funcionamiento integral de la misma”.

La Fundación Leonardo Torres Quevedo, ligada a la UC y responsable del control del contrato durante un período, ya consignó en 2018 deficiencias en la plataforma de gestión de la empresa.

En concreto, detallaba cuestiones como falta de eficacia en los sensores, disociación con los terminales móviles, falta de funcionalidades que ofrecían…., y que llevaron a varios requerimientos y un expediente sancionador. Otro informe, de abril de 2019, sumaba carencias como la gestión de la flota y el mobiliaria urbano, indicadores del servicio, parámetros de calidad o la obtención de informes, que, recuerda, había incluido la empresa en su oferta.

…PERO SÍ SE FACTURÓ…

Al Interventor le parece “incomprensible” ese mal funcionamiento de la plataforma de datos de la empresa en su conexión con el sistema Smart de la ciudad, cuando precisamente quien le suministraba el servicio era NEC, la multinacional japonesa que formaba parte de las adjudicatarias del propio Smart City. (Es la misma empresa por la que acabaría fichando el exalcalde De la Serna cuando dejó de ser ministro de Fomento)-

Y observa que sí está acreditada la inversión realizada en ese concepto, por lo que debe cuantificarse el coste de los servicios no ofrecidos para deducirlo del precio del contrato y los perjuicios que este incumplimiento ha provocado.

Por tanto, esos gastos, que incluía en el concepto “Otros gastos” de la partida de Servicios Comunes la empresa, no se hicieron, por lo que hay que descontarlos del canon: la cifra que habría que descontar es de 828.240 euros.

… Y EL RETRASO EN LA PLATAFORMA IMPIDIÓ VIGILAR EL CONTRATO

Los problemas en la plataforma tienen relación estrecha con los problemas a la hora de controlar el contrato, como reseña el Interventor en distintas partes de su informe.

Inicialmente lo prestaba la Fundación Leonardo Torres Quevedo, que lo hacía de la época anterior, y pasó a hacerlo luego, en este caso ya facturando a la empresa., a través de un convenio (un acuerdo directo).

Era algo provisional y muy ligado a la implantación de tecnologías como la plataforma de gestión de servicio, a su vez provisional hasta que se acoplara al sistema Smart.

Ese contrato tenía una duración máxima de 24 meses, si bien entre 2015, fecha en que acababa, y 2017 no consta convenio al respecto.

En 2017 se le vuelve a adjudicar, esta vez ya tras un proceso, pero ya sólo por un año, pues en 2018 pasa a manos de Louis Berger-Apia XXI (la empresa que redactó el plan general anulado en los tribunales, y en la que trabajó el exalcalde De la Serna), a través de una cesión.

En la primera fase del control, la del convenio, “no se han cumplido las obligaciones más importantes”, más allá de recibir informes de incidencia. Era “constante” ver deficiencias en los contenedores, “sin que el Ayuntamiento inicie acción alguna al respecto”.

Después, cuando se licitó el servicio, los pliegos son “más exigentes” y hay un cambio “significativo”. Se visualizan las “carencias” de la plataforma y la “invalidez” de los informes de la empresa que se basaban precisamente en sus datos.

Tras la cesión a Berger-Apia (2018) el Interventor si aprecia un “cambio positivo” en el “rigor y profundidad” de los informes, y, en consecuencia, en el control de la calidad, pese a las dificultades de no contar con la plataforma. Y empiezan a encargarse informes específicos.

PROBLEMAS EN EL ACCESO A LA INFORMACIÓN CONTROL INTERNO

En su informe, el interventor enumera algunos problemas que ha tenido para recopilar información del contrato de limpieza viaria.

Así, cita que no se haya podido contar con la documentación del Servicio de Ingeniería, que ejerce las funciones de dirección e inspección del servicio y responsable del control de calidad.

Y eso que se le pidió por escrito en dos ocasiones una serie de documentación, como los informes de seguimiento, los de personal y limpieza, las certificaciones de las facturas, las estadísticas, el seguimiento de la partida publicitaria, sin que se obtuviera “respuesta alguna”.

De hecho, esa información la acabó proporcionando la directora general de Medio Ambiente, ejerciendo funciones que le hubieran correspondido al responsable, el Servicio de Ingeniería.

En cuanto al contrato de calidad, la Fundación (Torres Quevedo) tampoco remitió cuestiones técnicas como el cálculo de la huella de carbono, estadísticas de regeneración de residuos, propuestas de optimización de rutas o educación ambiental…