El PSOE en el Ayuntamiento de Santander ha pedido hoy la reprobación de los últimos gobiernos del PP por su responsabilidad en las irregularidades en el contrato de basuras, que nos llevan a tener al menos 7 millones de euros de déficit, 3 de ellos en incumplimientos de personal; una ciudad más sucia que nunca, con una “crisis” de gestión en los servicios públicos esenciales, y “en la que hay dos grandes perdedores: los trabajadores y los vecinos y vecinas de la ciudad”.

En este sentido, los socialistas han registrado ayer una moción extraordinaria y urgente para que sea debatida en el Pleno de mañana y en la que se incide en la responsabilidad del exalcalde Íñigo de la Serna, la alcaldesa Gema Igual, y los exconcejales de Medio Ambiente de las anteriores legislaturas, María Tejerina y José Ignacio Quirós.

“Por respeto a la institución del Ayuntamiento de Santander, que el Pleno repruebe a los dos últimos alcaldes: al exalcalde Íñigo de la Serna y a la alcaldesa Gema Igual, culpables de una licitación, un contrato y una fiscalización desastrosa; culpables de haber mirado para otro lado y de la huida hacia adelante en la que nos encontramos hoy”.

“Un escándalo político de primera magnitud”, así se ha expresado hoy el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Daniel Fernández, en una rueda de prensa en la que ha ido analizando de manera pormenorizada todas las “graves” irregularidades que han detectado después de analizar detenidamente toda la información que facilitó la alcaldesa en la Junta de Portavoces extraordinaria y urgente que se convocó el lunes.

De este modo, Fernández ha asegurado que el PP es el “máximo responsable del desastre en el servicio de basuras” por dos razones fundamentales. Por un lado, por adjudicar un servicio público esencial en una ciudad como Santander “con un 20% de baja en un contrato de 10 años, que ha perjudicado a los vecinos y a los trabajadores”. Y el segundo gran motivo por el que el PP es culpable es por mirar para otro lado en los incumplimientos del contrato en todos estos años”, ha añadido.

De hecho, ha recordado que fue la concejala de Medio Ambiente entonces, en 2013, María Tejerina, quien prometió “mejor servicio a menor precio” y que este contrato nos iba a hacer “únicos a nivel internacional”. “Efectivamente, únicos en suciedad, únicos en destrucción de empleo, únicos en devaluación de las condiciones laborales”, ha incidido.

Asimismo, ha cuestionado “¿qué mente ilustrada pensó que todo iba a salir bien, con una reducción del contrato del 20% en una ciudad que en 2013 tenía más calles que limpiar que en el anterior contrato?”.

Además, el portavoz socialista ha calificado de “gravísimas” las conclusiones que se extraen del informe financiero realizado por el interventor “desde el mismo pliego de condiciones” y en donde “lo pone todo negro sobre blanco”; “Un auténtico” varapalo a la gestión del Partido Popular”, ha sentenciado.

CONCLUSIONES «GRAVÍSIMAS»

Fernández ha explicado que, según el interventor, el anterior concejal de Medio Ambiente y que había trabajado para la adjudicataria del servicio, José Ignacio Quirós, “se pasó la legislatura 15-19 conformando facturas, sin ser el responsable del contrato”. “Nos parece gravísimo. Es gravísimo”, ha enfatizado.

Además, ha recordado también que en esos equipos de Gobierno y en el actual, “no se nos olvide, César Díaz, que fue gerente del Servicio de Recogida de Residuos y de Limpieza Urbana del Grupo SADISA antes que concejal de Urbanismo”.

Ha asegurado que los santanderinos “merecen saber cómo se ha gestado este completo desastre” y que de los 21 expedientes sancionadores que se han instruido a la empresa adjudicataria, “el primero de ellos se inicia el 27 de mayo de 2019, un día después de las elecciones; 18 de los 21 se inician entre el 27 de mayo de 2019 y el 13 de junio de 2019, uno al día”.

Es decir, los expedientes sancionadores se iniciaron “en el vacío de poder político entre las últimas elecciones y la constitución de la actual corporación, entre las elecciones y el pacto PP-CS”, ha destacado.

A juicio de Daniel Fernández, durante dos legislaturas no ha habido fiscalización del contrato, lo cual quiere decir que “el PP se pasó dos legislaturas mirando para otro lado, sin perseguirlos incumplimientos, sin fiscalizar el contrato y sin imponer sanciones”.

No obstante, “y lo que es aún más grave”, ha resaltado, es que “el PP puso al lobo a cuidar a las gallinas”.

En este punto, el portavoz del PSOE ha detallado que “mal empezamos” cuando fue la Fundación Leonardo Torres Quevedo, “que era la que fiscalizaba el anterior contrato”, la que marcó las condiciones de fiscalización en el pliego. Posteriormente, entre el 2013 y 2018, la Fundación estuvo cobrando de Ascan-Geaser por la fiscalización que no se hizo “y que encima estábamos pagando todos los santanderinos”.

SIN FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO SMART

El interventor, según el informe, diferencia entre dos etapas; una en la que no hubo control alguno, y otra en la que se contrata primero a la Fundación, después a la empresa Apia XXI, que deriva en Louis Berger, y que ahora es una multinacional canadiense “que desde el año pasado sí está controlando”.

“Antes de 2019 no hubo fiscalización. Repito: entre 2013 y 2019 no hubo ningún tipo de control” porque, según ha explicado, todo dependía de que la adjudicataria pusiera en marcha una plataforma de gestión ‘All Waste’ que debía saber las necesidades que había, como por ejemplo si un contenedor o una papelera estaban llenos.

En este punto, el informe del interventor dice textualmente que “la empresa que suministra a la UTE el sistema de gestión es adjudicataria del contrato con el Ayuntamiento de implantación de la plataforma Smart City, por lo que es aún más incomprensible que no éste funcionando la plataforma en las condiciones requeridas, ni los problemas para el volcado de datos”.

Según Fernández, la concesionaria de limpieza pagó más de un millón de euros hasta 2018 a NEC Ibérica, una de las empresas adjudicatarias de la plataforma Smart City y a la que pasó a formar parte del consejo asesor el exalcalde Íñigo de la Serna cuando dejó de ser ministro de Fomento. “Un millón de euros por no asesorar demasiado bien a Ascan Geaser” y que “sólo fue plataforma de ascenso político de Iñigo de la Serna”, ha denunciado.

No obstante, y “sin dejar de hacer crítica política y de señalar a los responsables”, el portavoz ha asegurado que la alcaldesa puede contar con el PSOE para cumplir con el “compromiso” de que los trabajadores, más de 300, “cobren todos los meses”.

En una reunión mantenida en la mañana del martes con representantes del Comité de Empresa de Ascan Geaser, Daniel Fernández les trasladó que “pueden contar con el PSOE para defender que van a seguir trabajando, pase lo que pase, y que van a seguir cobrando puntualmente su nómina”.

Por último, el máximo responsable del PSOE en el Ayuntamiento de Santander ha reclamado, de nuevo, retomar el control de los servicios públicos esenciales y que se abra el debate de la remunicipalización “porque el modelo del PP ha fracasado estrepitosamente”.