Los órganos judiciales de Cantabria recibieron 236 demandas de disolución matrimonial a lo largo del segundo trimestre de este año, lo que supone una disminución del 32,2 por ciento respecto a las presentadas en el mismo periodo de 2019, cuando se registraron 348.

El impacto de la crisis sanitaria causada por el COVID-19 también se ha hecho notar en las demandas de disolución matrimonial presentadas en el segundo trimestre de 2020, el más afectado por la declaración del estado de alarma y la consiguiente paralización de la actividad judicial.

La desescalada escalonada en la administración de justicia, la necesidad de adoptar medidas de seguridad e higiene en los juzgados y la persistencia de la incidencia de la pandemia han hecho que las características de la disminución de todos los indicadores en ese trimestre sean tan diferentes a las de cualquier otro periodo anterior que es imposible extraer conclusiones de los datos que se presentan, y aconsejan tomar con cautela las variaciones interanuales.

La tasa de disoluciones matrimoniales por cada diez mil habitantes se situó en la región en 4,4, muy similar a la media de todas las comunidades autónomas, que fue de 4,3.

Así se desprende del informe que trimestralmente elabora el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial con datos relativos a la actividad de los juzgados de primera instancia con competencia en familia, y que ha sido difundido hoy con los del periodo que va de abril a junio de este año.

Durante este tiempo, los órganos judiciales de Cantabria registraron, además, ochenta peticiones de modificación de medidas acordadas en sentencia y 76 procedimientos para la fijación de medidas de guarda y custodia sobre menores nacidos en parejas no casadas y que se han disuelto.

Disoluciones matrimoniales

El informe estadístico recoge cinco campos a analizar dentro de la denominación “disoluciones matrimoniales”: las separaciones consensuadas y las no consensuadas, los divorcios de mutuo acuerdo y los contenciosos, y las nulidades matrimoniales.

De abril a junio se presentaron en Cantabria 227 demandas de divorcio, menos que las registradas en 2019 (333), y tanto las de mutuo acuerdo como las contenciosas disminuyeron.

En concreto, 146 eran divorcios acordados –un 33 por ciento menos- y 81 eran litigiosos –un 29,6 por ciento menos.

A nivel nacional, los divorcios también fueron menos respecto al primer trimestre de 2019: los consensuados bajaron un 41,8 por ciento y los contenciosos, un 42,4 por ciento.

En cuanto a las demandas de separación, los juzgados de familia de Cantabria registraron del 1 de abril al 30 de junio nueve procedimientos de este tipo, seis menos que un año antes.

De ellos, seis eran separaciones consensuadas (once en 2019, un decremento del 45,5 por ciento) y tres contenciosas (una menos que un año antes, un 25 por ciento menos).

A nivel nacional, tanto las separaciones consensuadas como las no consensuadas disminuyeron (un 46,4 y un 41,7 por ciento, respectivamente).

Por otro lado, durante el periodo analizado, no se registró ningún procedimiento de nulidad matrimonial en la región, al igual que en 2019.

Cantabria, en la media nacional en disoluciones matrimoniales

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial con la población, Cantabria registró 4,4 demandas de este tipo por cada diez mil habitantes, una tasa similar a la media de todas las comunidades autónomas, que se situó en 4,3.

A la cabeza se encuentran Canarias, donde se presentaron 5,3 demandas por cada diez mil habitantes, seguida de Murcia (5,2) y Comunidad Valenciana (5). Donde menos demandas de disolución se registraron fue Madrid (3,4 por cada diez mil habitantes), seguida de Castilla y León (3,7) y Aragón y Galicia (3,8).

Separaciones y divorcios por partidos judiciales

Por partidos judiciales, en Santander se presentaron 88 demandas de disolución (64 divorcios consensuados, 22 litigiosos, una separación no acordada y otra de mutuo acuerdo) y en Torrelavega las demandas de este tipo ascendieron a 57 (35 divorcios de mutuo acuerdo, 19 no consensuados y tres separaciones acordadas).

En Santoña, las demandas de disolución matrimonial presentadas en el segundo trimestre de este año fueron 24 (trece divorcios consensuados, diez litigiosos y una separación contenciosa).

En Medio Cudeyo, los juzgados registraron 21 demandas de disolución matrimonial (trece divorcios de mutuo acuerdo, siete contenciosos y un separación litigiosa) y en Laredo fueron diecisiete (nueve divorcios litigiosos, siete de mutuo acuerdo y una separación acordada).

En Castro Urdiales, se recibieron dieciséis demandas de disolución matrimonial (nueve divorcios consensuados y siete litigiosos).

Finalmente, el único juzgado de Reinosa registró ocho demandas de disolución matrimonial (seis divorcios litigiosos y dos consensuados) y el también único de San Vicente de la Barquera recibió cinco (tres divorcios consensuados, un divorcio litigioso y una separación de mutuo acuerdo).

Procedimientos de modificación de medidas

La estadística también analiza los procedimientos presentados en los juzgados solicitando la modificación de alguna de las medidas acordadas en sentencia – bien en sentencia de separación, divorcio o nulidad, o bien en sentencia en la que el juzgado acordó medidas relativas a la guarda y custodia de hijos e hijas nacidos fuera del matrimonio.

Durante el segundo trimestre de 2020, se registraron ochenta peticiones de este tipo, en su mayoría (58) no consensuadas, un 40,8 por ciento menos que en 2019. A nivel nacional, estos procedimientos disminuyeron un 37,6 por ciento.

Los procedimientos solicitando la modificación de medidas de mutuo acuerdo fueron 22, un 48,8 por ciento menos que un año antes. La media nacional también bajó, un 41,9 por ciento.

Finalmente, los juzgados de Cantabria recibieron 76 procedimientos para la adopción de medidas sobre guarda, custodia y alimentos de descendientes nacidos en parejas no casadas que se rompen.

De ellos, 45 eran peticiones contenciosas -un 21,1 por ciento menos- y otras 31 de mutuo acuerdo –un 34 por ciento menos que un año antes.

A nivel nacional, tanto las peticiones de medidas sobre guarda, custodia y alimentos contenciosas como las no contenciosas, bajaron respecto a 2019: un 39,9 y un 34,2 por ciento menos, respectivamente.