El Gobierno de Cantabria, a través de la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez, ha valorado “positivamente” la propuesta del Plan de Choque para la Dependencia presentada hoy por el Gobierno de España en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, si bien ha subrayado que ese documento ha de plasmarse “necesariamente” en los próximos Presupuestos Generales del Estado con “un incremento sustancial de la financiación”.

Álvarez ha anunciado que Cantabria trasladará al Ministerio de Derechos Sociales sus aportaciones al Plan, que contempla medidas como reconocer la teleasistencia como derecho subjetivo, incrementar las horas de atención en el Servicio de Ayuda a Domicilio, mejorar las prestaciones económicas o agilizar los procedimientos administrativos. Para la consejera, se trata de “un buen punto de partida que ahora hay que desarrollar a través del trabajo conjunto entre el Estado y las comunidades autónomas, y en el que Cantabria participará activamente”.

No obstante, ha insistido en que “sin un presupuesto adecuado y estable difícilmente se podrán implementar mejoras que permitan avanzar en los servicios de atención y cuidado que se prestan a las personas dependientes”. A este respecto, ha afirmado que es “optimista” al ver “un Gobierno de España sensible e implicado para reducir el desequilibrio histórico en la financiación de la Dependencia”.

La titular de Políticas Sociales se ha manifestado así tras la celebración del Consejo Territorial, en el que, además de abordar el Plan de Choque para la Dependencia, se ha aprobado permitir la contratación excepcional de personal sin la cualificación profesional debida por razón de la situación de crisis sanitaria.

Según ha recordado Ana Belén Álvarez, es una medida que Cantabria ya había reivindicado en el último Pleno del Consejo y, por tanto, “estamos de acuerdo en su aprobación como medida excepcional en el actual contexto de pandemia”.

Además, en el Consejo se ha aprobado la distribución del tramo autonómico de las subvenciones para la realización de actividades de interés general consideradas de interés social con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 2020. Así, Cantabria recibirá 3,2 millones de euros de la llamada ‘X Solidaria’, lo que supone un incremento de casi 500.000 euros respecto al año anterior.

REIVINDICACIONES

En cuanto a las reivindicaciones, Ana Belén Álvarez ha pedido al IMSERSO que retome de manera “inmediata”, en el ámbito de la cooperación interadministrativa, algunos temas que estaban pendientes antes de la alerta sanitaria, como el desarrollo de la prestación del asistente personal para lograr un acuerdo de mínimos unánime entre comunidades autónomas.

Asimismo, ha abogado por la revisión de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar donde existe, según la consejera, la necesidad de ampliar el concepto de los cuidados en el entorno familiar para adaptarlo a las nuevas realidades, de manera que haya un “deslinde claro entre ambas prestaciones y se pueda dar cobertura a situaciones que quedan fuera del Sistema en la actualidad, por no existir vínculo de parentesco o convivencia en el domicilio entre el cuidador no profesional y la persona dependiente”.

A su vez, ha defendido el desarrollo del servicio de teleasistencia avanzada, ya que la ejecución por parte de la Administración General del Estado ha impedido que este servicio se eleve a la categoría de prestación principal con todas las consecuencias que ello conlleva, incluida su financiación por parte del Estado. Según Álvarez, “deberían iniciarse los trámites necesarios para la modificación de la normativa actual (Real Decreto 1051/2013) que recoja lo ya acordado”.

REVISIÓN DEL BAREMO DE DISCAPACIDAD

Además, la titular de Políticas Sociales ha defendido la revisión del baremo de valoración de la discapacidad, la implantación de pasarelas y la revisión de las prestaciones a que da derecho el reconocimiento de la discapacidad, bajo una perspectiva integral. En este sentido, ha explicado que si bien existe acuerdo unánime en la necesidad de adaptar este baremo a la codificación internacional, hasta la fecha no ha quedado garantizado que su aplicación no conlleve un aumento del tiempo invertido en el reconocimiento del grado de discapacidad.

Por ello, Álvarez considera necesario abordar el resto de aspectos que influyen en el retraso actual en el reconocimiento de la discapacidad, con un enfoque global e integrador que persiga la eliminación de trabas burocráticas y bajo el principio de la eficiencia; concretamente mediante el diseño de un sistema de pasarelas entre discapacidad y dependencia, la revisión del procedimiento, la revisión de las figuras profesionales de valoración, la composición y funcionamiento de los equipos y el análisis de la normativa sobre las diferentes prestaciones a que da acceso el reconocimiento de la discapacidad.

PLAN DE CHOQUE DE DEPENDENCIA

El ‘Plan de Choque en Dependencia’, propuesto por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, pretende mejorar las prestaciones y servicios de los que se benefician las personas dependientes, reforzar los derechos que le reconoce la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (LAPAD); mejorar y simplificar la gestión del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD); y aumentar significativamente la financiación del Estado al SAAD.

En concreto, se proponen como medidas principales establecer la teleasistencia como derecho subjetivo para personas dependientes que no vivan en centros residenciales, incrementar las horas de atención en el Servicio de Ayuda a Domicilio, mejorar las prestaciones económicas estableciendo cuantías mínimas, incrementando las máximas e introduciendo mejoras en su regulación, ampliar las compatibilidades entre las prestaciones y servicios, extender la Escala de Valoración Específica (EVE) desde los 3 hasta los 6 años, agilizar los procedimientos administrativos y adoptar otras medidas orientadas al incremento de la cobertura del sistema, incrementar el nivel mínimo de financiación, recuperar el nivel acordado de financiación y orientarlo a la consecución de determinadas medidas estratégicas de refuerzo del SAAD, analizar y revisar el actual modelo de copago y reconocer la aportación de las entidades locales y reconsiderar su papel en el SAAD.

Actualmente hay en España más de 1,1 millones de personas con derecho efectivo a la dependencia.