La Asociación de Periodistas de Cantabria conforma la gestora que propondrá a la asamblea unos estatutos para el Colegio Profesional
La Asociación de Periodistas de Cantabria (APC) ha conformado la comisión gestora cuya labor será la de proponer unos estatutos de funcionamiento para el Colegio de Periodistas, según mandató la Ley de Cantabria 4/2020, de 24 de mayo, de Creación del Colegio Profesional de Periodistas de Cantabria.
La citada norma establece que la Asociación de Periodistas de Cantabria, “designará una comisión gestora, integrada por seis miembros, que reúnan el requisito establecido en el artículo 3.1, que actuará como órgano de gobierno provisional”.
Asimismo, mandata que en el plazo de “seis meses desde la entrada en vigor de la presente ley, la comisión gestora deberá aprobar unos estatutos provisionales del Colegio Profesional de Periodistas de Cantabria, en los que se regulará la forma de convocatoria y el funcionamiento de la asamblea constituyente del colegio. A ella deberán ser convocados quienes cumplan los requisitos para adquirir la condición de colegiado”.
La pasada semana se celebró la primera reunión de trabajo de la gestora y se emplazó a sus miembros a presentar los primeros borradores de Estatutos para avanzar en la definición de un texto de consenso. Integran la comisión gestora Dolores Gallardo Ceballos, Marcos Bermejo Gil, Almudena Ruiz García, Enrique Palacio Diego, Raúl Gómez Samperio y Jesús García-Bermejo Hidalgo, socio fundador de ARCO FM, la emisora en la que se emite EL FARADIO.
Los miembros de la gestora, asimismo, emplazan a todos los miembros de la APC a proponer, a través del correo electrónico apc@apcantabria.es, las sugerencias o propuestas de texto que consideren deben integrarse en los futuros estatutos, indicando en el asunto la frase “estatutos Colegio”.
La iniciativa e impulso para la creación de un Colegio de Periodistas de Cantabria surgió y ha sido protagonizado durante casi tres años por la actual Junta directiva de la APC. La creación del Colegio tiene como principales objetivos poner coto al intrusismo profesional y disponer de mejores mecanismos de control deontológico del ejercicio profesional, además de convertir al colectivo de profesionales en interlocutor con voz y voto ante las administraciones.