SADISA, el grupo al que pertenecen las empresas que gestionan las basuras en Santander –la unión entre ASCAN y GEASER, llamada ahora Cuida Santander–, ha pedido más tiempo para responder a las cuestiones que se plantean en el expediente abierto para resolver su contrato tras detectarse incumplimientos por valor de 7 millones de euros.

Era uno de los puntos del orden del día de la Junta de Gobierno local de esta semana, de los que daba cuenta en la rueda de prensa semanal el portavoz del equipo de Gobierno, Javier Ceruti, responsable de contratación, muy crítico con la gestión de este servicio, camino de una comisión de investigación municipal.

Y que ha explicado que la ampliación del plazo es una posibilidad que permite el propio expediente municipal, por lo que se actúa de una forma “garantista”.  El plazo inicial era de 10 días, la empresa pedía 20, y finalmente tendrá 15, incluidos los 10 iniciales, en aplicación de la Ley,

En su esperada rueda de prensa, el empresario Santiago Díaz ya había cuestionado el contenido del propio informe de Intervención en el que se enumeran los fallos e irregularidades, y apuntaba el camino judicial –que no ha dudado en emplear en otros contratos públicos en liza–.

Díaz achacó al propio Ayuntamiento la responsabilidad de la pérdida de trabajadores del servicio (hasta 60), en base a un pliego que perseguía fundamentalmente el ahorro. El fundador de SADISA reprochaba a Ciudadanos su “desconocimiento” y tachó de “erróneo” el informe de Intervención.

LOS INCUMPLIMIENTOS

En total, la concesionaria del servicio de basuras de Santander incumplió el contrato en conceptos valorados en 7 millones de euros, tal y como ha comprobado el servicio de Intervención en un informe de control financiero.

De ellos, la mayor parte, 1,5 millones, lo fueron en medios técnicos, pero también se constata un déficit de personal cifrado en casi tres millones de euros.

En cuanto a los medios técnicos, no ha acreditado la inversión en maquinaria que se comprometió a realizar, y se perciben discrepancias entre lo que ofreció por su parte y la realidad.

Así, se enumeran incumplimientos como el deficiente mantenimiento, limpieza y vaciado del parque de papeleras, o una “muy deficiente” limpieza y mantenimiento de los contenedores.

Además, tampoco consta que por parte del servicio se controlaran las dotaciones para la ampliación del parque de papeleras (18.000 euros al año), y en cuanto a los vehículos, se localizó a cinco en otros municipios, sin autorización del Ayuntamiento.

Asimismo, ASCAN-GEASER tardó años en conectarse su sistema a la plataforma de datos de SMAR CITY pese a que había contratado por un importe de un millón de euros para este fin los servicios, precisamente, de NEC, una de las empresas que la había desarrollado.

El resultado de esa falta de conexión fueron una serie de dificultades en el seguimiento del control de calidad del contrato.

MÁS SERVICIOS EN MANOS DE EMPRESAS: ALSA Y EL TRANSPORTE PÚBLICO

Además, en la Junta de Gobierno local se ha autorizado la cesión de los derechos del contrato de servicio complementario de transporte público en autobús urbano de una empresa a otra del grupo ALSA.

La empresa a la que se le cede el contrato es Transportes Accesibles Peninsulares, S.L. La adjudicataria, que cede sus derechos, es la UTE Transporte Unidos de Asturias y Transportes Terrestres Cántabros, empresas todas del mismo grupo empresarial (ALSA).

Prestan el servicio complementario de transporte público en autobús urbano, destinado a completar las necesidades del TUS, por un importe anual de 1.890.581 euros.

La empresa ya fue beneficiaria de inversiones en el servicio público de transportes, en las previas al estallido de la crisis del MetroTus: a empresas del grupo se les adquirieron en 2019 los propios vehículos articulados de la línea central, adjudicados por un importe de 375.000 euros anuales durante diez años, esto es, 3,7 millones de euros, mediante un sistema de renting, a la empresa Aplicaciones y Sistemas Integrales para el  Transporte (ALSA).

Meses antes el Ayuntamiento de Santander adjudicaba el contrato de Transportes Terrestres, concebido como un servicio complementario a los autobuses del TUS.

La adjudicación se hizo por un importe de 1,7 millones de euros y un plazo de 4 años, prorrogables a otros dos a una unión de empresas formada por Transportes Terrestres Cántabros SA y Transportes Unidos de Asturias SL, que fue, de hecho, la única empresa que aspiró a este contrato.

ALSA es  un conglomerado con más de un siglo de historia en el sector del transporte, nacido en Asturias por miembros de la burguesía entre los que se encontraban el bisabuelo y el abuelo de Francisco Alvárez-Cascos, asturiano que fue ministro de Fomento con el PP y que acabó fundando su propio partido.

El grupo ha ido creciendo con adquisiciones de empresas como Enatcar (que fue empresa pública) o Continental Auto (que le compró al grupo ACS).

Además, ha adquirido una dimensión internacional, tras integrarse con el operador británico National Express Group, y con presencia en países como China o Marruecos (se encarga del transporte urbano en Tánger). También ha diversificado su apuesta, y cuenta con divisiones para el ferrocarril e intereses en el mundo de las autopistas.