Cuenta atrás para el desahucio de una familia en Santander

La plataforma Stop-Desahucios ha convocado para este viernes una movilización para impedir el desalojo, previsto a las diez de la mañana. Sin embargo, la familia ha pedido que no se lleve a cabo esa acción para frenarlo
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El juzgado de instrucción nº 3 de Santander comunicó el pasado lunes 5 de octubre la orden de desalojo para este viernes 9 de octubre a las 10 horas.

Los afectados son una pareja con sus tres hijas de 20, 16 y 6 años de edad.

La plataforma Stop Desahucios denuncia que hace poco que esta familia ha tramitado la solicitud de la Renta Social Básica y el Ingreso Mínimo Vital y están a la espera de una resolución positiva de alguna de las dos ayudas.

Según la explicación de la plataforma, la familia se encuentra en una situación de pobreza extrema, lo que les llevó a entrar en un piso propiedad de un fondo financiero que los denunció por usurpación.

Concretamente el piso pertenece al fondo ‘Madrid RMBS I Fondo de Titulización de Activos’, vinculado a BBVA, entre otras entidades.

A finales del año pasado ya fueron condenados a desalojar la vivienda y pagar una multa, pero, asesorados por Stop-Desahucios, a principios de agosto de 2020 solicitaron una vivienda de alquiler social a la D.G. de Vivienda y se encuentran a la espera de una respuesta en algún sentido.

La familia afectada ha presentado un escrito solicitando la suspensión de la ejecución de esta sentencia.

Según Roberto Mazorra, portavoz del colectivo antidesahucios: “hay motivos más que sobrados para suspender el desahucio: en primer lugar, la existencia de dos menores. Eso sería causa suficiente en cualquier país civilizado para parar un desalojo. Tenemos también la situación de vulnerabilidad social y económica de la familia. O la irregularidad que constituye que un fondo de titulización sin personalidad jurídica ejerza la acusación, algo absolutamente ilegal según la Ley 5/2015 de fomento de la financiación empresarial; ya que sólo lo puede hacer la gestora que creó el fondo, y que en este caso se llama ‘Titulización de Activos S.A.-S.G.F.T.’. Y no podemos olvidar que estamos hablando de echar a la calle a una familia de cinco miembros en plena pandemia. Algo que quizás sea legal pero que es a todas luces inmoral y contrario a cualquier lógica sanitaria”, concluye Mazorra.

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