El Ayuntamiento de Santander sigue estudiando si Aqualia, la empresa concesionaria del contrato de abastecimiento de aguas en la capital (Grupo FCC), incumplió el contrato de cara a ver si le corresponde algún tipo de sanción por ello (lo que administrativamente se llama penalizaciones).

Es decir, por hacer un poco de didáctica: el contrato de Aqualia, al que al igual que con el de basuras han apuntado también vecinos y oposición (y la parte de Ciudadanos del equipo de Gobierno) todavía no se encuentra en la fase que llevó a abrir el proceso de resolución, como le ha pasado a Ascan-Geaser (Grupo Sadisa, adjudicataria de las basuras).

Para llegar a ese punto, el del expediente de resolución (acabar con el contrato, que también lleva su tiempo, y esto hablando de lo administrativo, porque de ahí se puede pasar ya a acabar en los tribunales), primero hay que pasar por una serie de fases, que incluyen las conversaciones con la empresa, las penalizaciones (SADISA llegó a sumar más de una decena) hasta desembocar en el momento actual.

Y de momento se está en la fase previa a las penalizaciones, según ha especificado en rueda de prensa Javier Ceruti, portavoz del equipo de Gobierno local, representante de Ciudadanos, partido en quien recaen las competencias en materia de contratación y que puso la fiscalización de los contratos con empresas entre la lista de condiciones para el pacto con el PP.

“No hay planteamiento de resolución (…) No estamos en esa vía (…) Estamos todavía en la tramitación de la responsabilidad para ver si corresponde penalización”, señalaba a preguntas de los medios en la rueda de prensa semanal en la que se explican los acuerdos de la Junta de Gobierno local.

En concreto, lo que se ha aprobado es la declaración de la caducidad y el inicio de un nuevo expediente para la restitución del equilibrio económico-financiero del contrato de concesión del Servicio de abastecimiento de agua y alcantarillado.

Básicamente, lo que sucede es que por ley este tipo de expedientes tienen que estar finalizados en tres meses, pero cuando se suma algún tipo de informe nuevo, ese plazo tiende a incumplirse, así que lo que se hace es iniciar un nuevo expediente que incluya toda la información recopilada hasta la fecha con el que se pone el marcador de los tres meses a cero al ser uno nuevo.

Este acuerdo incluye mantener suspendida la revisión de tarifas por prestación del servicio acordada para 2019 y 2020, debiendo la misma ser resuelta en el marco del expediente para el mantenimiento del equilibrio económico-financiero de la concesión.

Por otra parte, y respecto al contrato en el que sí está más avanzada la resolución, resulta que en el Grupo Sadisa y el Ayuntamiento también se producen problemas técnicos: la empresa no pudo abrir parte de la información proporcionada en el formato que les llegó, de modo que se les ha remitido en un nuevo formato.

Ya habían pedido una ampliación de plazo para responder al duro informe de Intervención, que enumeraba incumplimientos por valor de 7 millones de euros en un servicio cuestionado durante años. Ese plazo comienza a contar desde este martes 13, cuando la información llegó con el formato adecuado.