Entre el 1 de enero y el 6 de septiembre de este año, 4 personas resultaron víctimas de disparos accidentales por la actividad de caza con arma en Cantabria, ninguna de las cuales resultó fallecida.

Así se desprende de la respuesta que el Gobierno Central ha dado a la batería de preguntas formulada por el senador de Compromís, Carles Mulet, en relación a la actividad cinegética en todas las provincias de España y los accidentes ocurridos en los últimos años.

En su respuesta, el gobierno desglosa las víctimas y personas fallecidas por disparos accidentales, incluyéndose los realizados y recibidos por menores o mujeres, que en toda España suman 605 víctimas en 2020, falleciendo 51 de ellas.

Además, la contestación incluye la evolución del número de licencias de armas tipo D (armas largas rayadas para caza mayor) y E (armas de tiro deportivo y escopetas de caza) en 2017, 2018 y 2019.

Según datos oficiales, Cantabria contaba en 2019, con 31.666 armas, siendo 6.617 de tipo D y 25.049 de tipo E, y tras haber sufrido un descenso desde las 34.046 de 2017 (6.378 del tipo D y 27.668 del tipo E).

Con estas cifras, Cantabria contaría con una ratio de 5.444 armas de caza por cada 100.000 habitantes.

EL COTO DE SAN VCENTE

Recientemente DEAN (la Federación de Defensa Animal) e Izquierda Unida presentaron alegaciones al proyecto de desarrollo de un coto de caza en San Vicente de la Barquera integrado por todos los terrenos rústicos del término municipal, excepto un enclavado y suelo urbano, anunciado en el Boletín Oficial de Cantabria a finales de agosto.

Según advertían, el espacio afecta a lugares como las “Rías occidentales y Duna de Oyambre” como espacio protegido en la categoría de “Lugares de Importancia Comunitaria” (LIC) por la Comisión Europea. Además, este espacio se solapa parcialmente con el Parque Natural de Oyambre, lo que implica que en la ordenación de éste deban tenerse en cuenta los objetivos de la Directiva 92/43/CEE y la futura designación de ese espacio como Zona de Especial Conservación.

En concreto, la Directiva 92/43/CEE establece que “en caso de que el lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural y/o una especie prioritarios, únicamente se podrán alegar consideraciones relacionadas con la salud humana y la seguridad pública, o relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para el medio ambiente, o bien, previa consulta a la Comisión, otras razones imperiosas de interés público de primer orden.”

Para DEAN, la caza vulnera especialmente en este lugar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, el convenio Aarhus en relación al medio ambiente, la estrategia de la UE sobre biodiversidad, la Ley de Conservación de la Naturaleza de Cantabria o la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local”.

El escrito presentado ante la Dirección General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático del Gobierno de Cantabria incluye un pormenorizado apartado sobre la riqueza biológica del municipio contemplando la diversidad de reptiles y anfibios, lepidópteros, mamíferos y hasta una decena de especies detectadas de murciélagos “de especial interés” o “vulnerables”.

Especial énfasis reciben las aves, que, según el Anuario Ornitológico e Cantabria (2009-2018), detalla más de 100 especies avistadas en el entorno, entre las que hay “amenazadas de extinción” “casi amenazadas” o “vulnerables”, así como especies que son objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de distribución”.