El curso escolar mantendrá sus 175 días lectivos y concluirá una semana antes el próximo mes de junio para compensar los días inicialmente previstos como no lectivos de la semana que viene y que, finalmente, tendrán carácter lectivo. Así, el curso terminará el 15 de junio en Educación Infantil, Primaria y Especial y el 18 en ESO, Bachillerato y Formación Profesional.

El Gobierno de Cantabria anunció el pasado jueves, además del cierre perimetral de la Comunidad Autónoma ya en vigor, la suspensión del periodo no lectivo previsto para la semana próxima para contribuir a frenar la expansión del coronavirus, después de que Salud Pública alertase del riesgo derivado de su celebración, que hacía prever un “incremento del número de contactos en el entorno social”.

Así, la Consejería de Educación publicó ayer, viernes, en el Boletín Oficial de Cantabria la resolución por la que se establece que el periodo del 2 al 6 de noviembre será periodo lectivo en todos los centros educativos no universitarios de la Comunidad Autónoma.

Este cambio hace necesaria ahora una modificación de la Orden de Calendario vigente, que requiere de negociación con la Junta de Personal Docente. Un cambio que, como el calendario escolar mantendrá 175 días lectivos, pasa por ubicar en otro periodo del curso escolar esas cinco jornadas no lectivas.

En la Mesa Sectorial de Educación celebrada esta tarde, las organizaciones sindicales no han planteado ninguna propuesta alternativa para la ubicación de estas cinco jornadas no lectivas a lo largo del curso escolar. Es más, decidieron levantarse de la mesa por las decisiones de la Consejería, especialmente la última, la de cancelar la semana de vaciones escolares que debía tener lugar del 2 al 6 de noviembre.

Además de con la Junta de Personal, la consejera de Educación, Marina Lombó, se ha reunido esta tarde con el Consejo Escolar, la Mesa de las Familias (FAPA y CONCAPA) y la Mesa de la Educación Concertada. Oída la comunidad educativa, la consejera ha anunciado que la modificación del calendario, que se publicará próximamente en el BOC, contemplará finalmente ese periodo no lectivo al final del curso escolar.

“RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL Y COLECTIVA”

La consejera ha reiterado de nuevo que “entiende perfectamente” el malestar que esta decisión ha generado en parte de la comunidad educativa que contaba con este descanso programado, pero ha realizado un llamamiento a la “responsabilidad individual y colectiva” para el cumplimiento de “todas y cada una de las medidas” que las autoridades adoptan para el control de la pandemia.

“Toda la comunidad educativa lleva desde marzo trabajando conjuntamente para superar momentos muy complicados y, lamentablemente, las dificultades seguirán”, ha reconocido Lombó.

Así, considera que, en medio de esta crisis sanitaria que está teniendo, además, unas repercusiones sociales y laborales “durísimas para millones de ciudadanos”, este cambio de ubicación de cinco días no lectivos decretado por el Gobierno de Cantabria es una medida más para controlar la expansión del coronavirus que constituye “un “contratiempo que genera un enfado lógico y entendible, pero tiene, en perspectiva, un impacto mucho menor que el que están sufriendo miles ciudadanos”.

En este punto, ha apelado a la “proporcionalidad” y a “poner en perspectiva” lo que supone el cambio de ubicación de una semana no lectiva en medio de una situación “muy grave a todos los niveles”.

SERVICIOS MÍNIMOS

Por otra parte, el Consejo de Gobierno, en sesión extraordinaria, ha aprobado esta mañana el decreto de servicios mínimos para las jornadas de huelga en el sector educativo convocadas por la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras para el periodo comprendido entre el 2 y el 6 de noviembre, ambos días incluidos.

Tanto la Dirección General de Trabajo como los Servicios Jurídicos del Ejecutivo cántabro entienden que el preaviso presentado pudiera ser constitutivo de una convocatoria ilegal de huelga. De hecho, los Servicios Jurídicos del Gobierno plantearon ayer, viernes, ante el juzgado de lo Social una demanda de conflicto colectivo para esta convocatoria.

Pese a ello, el Ejecutivo autonómico ha negociado con el sindicato convocante y ha aprobado los servicios mínimos para garantizar el derecho a la Educación y el correcto funcionamiento de los centros teniendo en cuenta el contexto de grave crisis sanitaria si, finalmente, ésta se produce.

Unos servicios mínimos que se adaptan a la situación de pandemia mundial y la necesidad de garantizar el derecho a la educación del alumnado cumpliendo con las medidas de seguridad incluidas en el ‘Protocolo General de Organización para el desarrollo de la actividad educativa en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el curso 2020-2021, de aplicación hasta el fin de la crisis sanitaria’.

Tal y como se recoge en el decreto, que se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), los servicios estarán formados por el equipo directivo y un docente por cada grupo o unidad existente en cada etapa. En el caso concreto de las etapas de Educación Infantil y Primaria, por la necesidad de no romper los grupos de convivencia estable establecidos este curso, el docente habrá de ser el tutor de cada grupo.

Además, se incluye en el decreto a la totalidad de técnicos de Educación Infantil, técnicos sociosanitarios, subalternos, técnicos y operarios de cocina y empleados de servicios.