Cantabria, Galicia, Asturias y Castilla y León consideran innecesaria la inclusión del lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), una propuesta que el Gobierno central lleva analizando desde hace varios meses, según informaciones aparecidas en los últimos días al respecto en los medios de comunicación y en redes sociales, lo que ha movilizado la inquietud de las cuatro comunidades autónomas, que han enviado una carta conjunta a la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, carta conjunta firmada por los cuatro consejeros, incluido Guillermo Blanco, en representación de Cantabria.

Desde el gobierno regional, y como se indica en la carta conjunta, consideran que otorgar al lobo un nivel de protección adicional al que ya tiene en este momento sería una decisión claramente contraria a los intereses de las comunidades al norte del río Duero, que tienen importantes poblaciones de esta especie asentadas en su territorio y, por tanto, son los que sufren las mayores consecuencias en el sector ganadero de los ataques puntuales de estos animales.

La inclusión del lobo en el LESPRE, afirman los consejeros de estas comunidades, supondría la prohibición general de su caza, ya que dejaría de ser considerada una especie susceptible de caza como especie cinegética.

«Solamente de forma excepcional la captura de un ejemplar podría autorizarse bajo criterios mucho más estrictos que en la actualidad, limitación que haría mucho más difícil que las comunidades con presencia de lobo al norte del río Duero recurrieran a acciones cinegéticas específicas cuando estos animales amenacen los intereses ganaderos», afirman.

En este sentido, la oposición de las Comunidad Autónomas que suscriben el escrito contrario a la propuesta de catalogación se basa en que sería totalmente contraria a las políticas desarrolladas en estas comunidades en los últimos años para buscar la compatibilidad entre la existencia de manadas de lobos en diferentes zonas del territorio con la ganadería extensiva. De hecho, como se menciona en la carta conjunta a la ministra, estos cambios en cuanto al nivel de protección del propio lobo ibérico podrían poner en peligro el futuro de alguna raza autóctona.

La decisión de dirigirse a Teresa Ribera para transmitir su rechazo a esta posibilidad se tomó tras la reunión celebrada recientemente entre los cuatro directores generales de la rama y el director general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio, una reunión solicitada en septiembre por las cuatro comunidades considerando que serían las más afectadas en caso de que la iniciativa prospere.
La importancia de los actuales planes de gestión y conservación del lobo .

Las cuatro comunidades autónomas señalan en la misiva que “hemos elaborado y aprobado planes de gestión del lobo que, por desgracia, no se han librado en algunos casos de su traslado a los tribunales, que en ocasiones han anulado en todo o en parte estos planes”. Todos estos planes de gestión del lobo tienen como objetivo la conservación del lobo, en el marco establecido por la Directiva europea 92/43/CEE, “a través de una adecuada gestión que nos permita compatibilizar su presencia con el mantenimiento y la mejora de la ganadería extensiva”.

En el marco de estos planes, las cuatro comunidades han conseguido “que las poblaciones de lobo mejoren, que ocupen nuevos territorios, que mejore la percepción de las comunidades rurales frente al lobo, que aparezcan nuevas formas de potenciar el ‘recurso turístico’ lobo y para conseguir una mejor valoración por los vecinos de estas zonas. Además, con este modelo actual de gestión se ha logrado conseguir una información fiable y continua de lo que está sucediendo con la evolución de las poblaciones de lobo, con los daños a la ganadería y con la conflictividad social asociada a su gestión”.

Toda esta gestión señalada se ha hecho siempre “desde la máximo lealtad institucional y en el marco de la Estrategia Nacional para la Conservación y Gestión del Lobo”, actualmente vigente, promovida por ese Ministerio y aprobada en enero de 2005 por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. “Si bien es cierto -se señala en la carta- que todos creemos que es necesario una nueva estrategia nacional liderada por ese ministerio y consensuada con las Comunidades Autónomas loberas”.

Finalmente, los cuatro consejeros realizan una reflexión conjunta en el sentido de que “la mejor forma de conservar y gestionar esta emblemática y simbólica especie es reduciendo el conflicto social y mediático que se genera a su alrededor, y es lo que pretendemos en esta carta”, y piden a la ministra Ribera una reunión para buscar soluciones “que tengan en cuenta la experiencia de gestión que tenemos las cuatro Comunidades, que hemos asumido desde hace tiempo la imprescindible compatibilidad entre la conservación del lobo y nuestro sector ganadero”. En esta reunión pretenden exponer con más detalle argumentos “ya que estamos convencidos de que ello contribuiría a trasladar a la sociedad un mensaje de unidad de todas las Administraciones en torno a la gestión del lobo, sin importar el signo político -como se demuestra con esta carta-, lo que sin duda revertirá en el objetivo final que todos perseguimos, que no es otro que su conservación”.