Una familia de Voto logra la dación en pago y alquiler social en su vivienda durante diez años

Desde la PAH se felicitan por el resultado de esta negociación y lo ponen en contraste con el último caso, en el mismo municipio, en el que el desahucio, también con Liberbank, se paralizó por la acción judicial, en aplicación de la moratoria aprobada por el Gobierno central.
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Una familia de Voto con dos hijos pequeños (no es la misma que consiguió paralizar un desahucio recientemente, en ese mismo municipio) ha logrado la dación en pago y el alquiler social de su vivienda por un período de diez años.

Lo ha hecho en una negociación en la que han estado acompañados por la PAH de Santander frente a Liberbank, la entidad en la que se integra la antigua Caja Cantabria, según relatan a EL FARADIO desde el colectivo antidesahucios.

Un banco que pese a su alta implantación en la comunidad autónoma –al ser la antigua Caja—ha sido de los más reacios a negociar los casos: fue de los más tardíos en incorporarse a las labores de intermediación de la Oficina de Emergencia Habitacional; y, previamente, en el caso a caso, no accedía a sentarse a hablar hasta que se producían las acciones de protesta en oficinas bancarias. A Liberbank están ligados fondos como Beyos y Ponga o Las Peñicas, responsables de las últimas oleadas de desahucios en Cantabria.

Desde la PAH se felicitan por el resultado de esta negociación, con la que se ha conseguido la dación en pago (entregar la vivienda a cambio de saldar la deuda hipotecaria) y además residir en la propia vivienda por alquiler social (fórmula en la que el coste del alquiler es proporcionado a los ingresos) durante un período de diez años.

No obstante, lo ponen en contraste con el último caso, en el mismo municipio, en el que el desahucio, también con Liberbank, se paralizó por la acción judicial, en aplicación de la moratoria aprobada por el Gobierno central.

“No podemos decir por qué en este caso sí y en otros no”, señala Iñaki Vía, portavoz de la PAH de Santander, quien recuerda que lo que reclaman para las víctimas de situaciones de crisis que acaban desembocando en la pérdida de la vivienda es “una negociación real y efectiva en base a buscar soluciones viables para las familias”.

A lo que, añade, debería sumarse, por parte de las instituciones, la aprobación de una Ley de Vivienda para proteger a las familias en riesgo.

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