Los afectados por sentencias de derribo en Arnuero podrán elegir entre una indemnización o una vivienda de sustitución
El consejero de Ordenación del Territorio, Obras Públicas y Urbanismo, José Luís Gochicoa, ha asegurado que en un plazo de 15 días los vecinos de Arnuero, cuyas viviendas están afectadas por sentencias de derribo, tendrán a su disposición el proyecto constructivo que contempla la ejecución de viviendas de sustitución como alternativa ocupacional para los afectados.
Gochicoa ha subrayado los avances experimentados en Arnuero, cuyo compromiso pasa por tener concluidas las valoraciones en un plazo de 15 días y ultimado el proyecto constructivo que será facilitado a los afectados a través de un enlace que podrán descargarse, a partir de ahí, tendrán un plazo para optar por una vivienda de sustitución o el importe económico indemnizatorio que está establecido según los convenios aprobados.
Así se lo ha comunicado al presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), Antonio Villela, en el transcurso de una reunión celebrada ayer en la sede de la Consejería en la que también estuvo acompañado por el director de Urbanismo, Francisco Javier Gómez Blanco y diversos miembros de la asociación de afectados.
El encuentro ha servido para dar a conocer todos los avances experimentados para afrontar el problema de las viviendas con sentencias de derribo, contemplados en el Plan de Derribos, que en casos como el de las viviendas de Arnuero donde existe un proyecto constructivo, permitirá ofrecer a los afectados una valoración de sus viviendas efectuada por una tasadora independiente elegida entre todos.
Con respecto a la aportación de soluciones habitacionales a los afectados, los vecinos serán quienes tendrán que optar por elegir la opción indemnizatoria o elegir la alternativa ocupacional que se ofrece desde Obras Públicas.
Antes de iniciar la licitación para elegir a la tasadora se remitirá a todos los afectados una carta informativa, según ha señalado el consejero.
El Gobierno de Cantabria ha recordado a los afectados que ya tiene ultimado el nuevo plan de derribos que actualiza el anterior de 2011 y que para el Ejecutivo cántabro constituye una “prioridad” y un “proyecto de legislatura”. Para el consejero, los pasos que se van dando desde el Ejecutivo cántabro, se encuentran en línea con el objetivo de su departamento que no es otro que en esta legislatura “todos los problemas de las sentencias de derribo estén solucionados” e ir avanzando progresivamente.
23 MILLONES DE PRESUPUESTO
Según ha asegurado este plan cuenta con presupuesto de 23 millones hasta 2023, tanto por el pago de indemnizaciones a los afectados como por las demoliciones, la construcción de casas de sustitución y los proyectos de restauración ambiental como el de la playa de La Arena, en Arnuero. De esos 23 millones, la mitad aproximadamente será para pagar indemnizaciones a los propietarios y la otra mitad para derribos y construcción de viviendas de sustitución.
EVALUACIONES AMBIENTALES EN PIÉLAGOS Y ARGOÑOS
En la reunión también se informó sobre la aprobación de la evaluación ambiental urbanística de los planes de ordenación urbana de los ayuntamientos de Piélagos y Argoños, que ha sido entregada a los respectivos ayuntamientos para que efectúen los cambios precisos, y así proceder a su aprobación provisional.
Por otro lado, Gochicoa también se ha referido a las reuniones mantenidas con los 11 vecinos de Argoños con viviendas con ejecución de derribo para el próximo año y se les ha pedido que inicien su propuesta de peritaje para la valoración de sus viviendas.
Según el titular de Urbanismo se está trabajando para que en aquellas viviendas que no permiten legalización se inicien los derribos a la mayor brevedad posible y con la “obsesión constante” de que si a alguien le derriben vivienda cuente con la indemnización correspondiente, para ello necesitamos valorar vivienda, ha señalado, y con el fondo de derribos que ya se dispone sufragar el coste, efectuar el pago de la misma, e ir cumpliendo el plan de derribos no sólo en lo que se refiere a los planes de ordenación, si no en lo relativo a las indemnizaciones y las alternativas habitacionales.