La Consejería de Empleo y Políticas Sociales que dirige Ana Belén Álvarez ha aprobado conceder una subvención de casi 650.000 euros a centros residenciales de personas dependientes o con discapacidad de Cantabria con el fin de minimizar el impacto económico provocado por la pandemia de COVID-19.

Las ayudas, que salen publicadas hoy en el Boletín Oficial de Cantabria y que serán sufragadas por el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), tienen como objetivo paliar la reducción de ingresos económicos en las residencias. Hay que recordar que durante el estado de alarma no se efectuaron nuevas altas de usuarios, salvo aquellas motivados por necesidades sociales de fuerza mayor, por lo que se produjo un descenso generalizado de los ingresos de los centros al tiempo que mantuvieron sus plantillas.

La consejera ha recordado que los beneficiarios de la subvención tienen la obligación de destinar este dinero al mantenimiento de su oferta de plazas y servicios, así como al fomento de la calidad. Para ello, las entidades beneficiarias deberán disponer de las mismas o análogas instalaciones y servicios que venían prestando antes de la declaración del estado de alarma.

Se ha exigido que se mantengan las plantillas de los centros, de modo que se garantice la prestación del servicio en idénticas condiciones de calidad y el obligado cumplimiento de la ratio del personal exigible.

Los beneficiarios son 36 centros residenciales que se vieron afectados por esa imposibilidad de recibir nuevos ingresos, tanto de plazas concertadas como privadas, así como un centenar de usuarios que por indicaciones de la Administración y como consecuencia de la emergencia sanitaria salieron de ellos para retornar a sus domicilios o el de sus familiares, debiendo asumir la obligación del pago por ausencia, en concepto de reserva de plaza.

Ana Belén Álvarez ha reiterado el compromiso del Gobierno para garantizar la atención de calidad para las personas dependientes, adoptando medidas que permitan garantizar la estabilidad de los centros residenciales, reducir la repercusión económica derivada de la pandemia y reforzar la calidad asistencial a nuestros mayores.