La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha concluido que la dirección del CAD (Centro de Atención a la Dependencia, que atiende a personas con discapacidad) de Sierrallana no protegió adecuadamente a sus trabajadores frente al COVID, vulnerando así su derecho fundamental a la salud.

Confirma así la Sala una sentencia previa del Juzgado de lo Social número 1 de Santander, interpuesta por el sindicato Trabajadores Unidos, contra la que la administración presentó un recurso que es rechazado (quedando ya sólo la vía del Supremo).

En el fallo, difundido por Trabajadores Unidos, Se hace un detallado repaso al estallido de la pandemia y su llegada a España, así como a las sucesivas normas, protocolos y reuniones desarrolladas para combatir su propagación.

En el CAD de Sierrallana, según especifica la sentencia, llegaron a estar 64 de los 75 residentes, y 45 de los 130 trabajadores que desempeñaban su labor de cara al público.

Es decir, se trata de un 85% de residentes contagiados y un 40% de trabajadores, cifras que “no se produjeron en los otros dos centros” del Gobierno de Cantabria y que superaron “con creces” la tasa de contagio de la comunidad autónoma en esos momentos.

Allí el primer positivo se produjo el 20 de marzo, si bien ya se habían producido sospechas de casos desde el 6 de marzo.

La Sala de lo Social del TSJC señala que ante las primeras sospechas no se proporcionaron EPIS, ni medios de protección necesarios, de forma que “se puso en peligro su integridad física y su salud, lo cual supuso un serio riesgo para los derechos fundamentales”.

El fallo cuestiona la distribución que hizo el CAD de los espacios y usuarios, y apunta que hasta el mes de abril se “omitió” el grupo de los residentes con síntomas –recomendación expresa del decreto de marzo–,

Preocupados por la escasez de material adecuado (trabajaban con mascarillas de papel no homologadas y se confeccionaban las batas con bolsa de basura), el sindicato llegó a impulsar una recogida de mascarillas a base de donaciones, consiguiendo 300 en un día para el CAD de Sierrallana.

El 19 de marzo le fueron entregadas a este centro, pero no fueron repartidos. Hasta el 8 de abril (y pese a que el 21 de marzo se contaba con un protocolo estatal para las residencias) no es cuando se empiezan a repartir mascarillas y batas entre el personal.

Desde el sindicato muestran su “satisfacción” porque se les haya dado la razón, y añaden que “la sentencia “supone la confirmación de lo que, desde este Sindicato, venimos denunciando desde antes del inicio de la pandemia: la falta de planificación en la gestión del ICASS y el total abandono en materia de prevención de riesgos laborales del personal de su dependencia”

Para ellos, situaciones como las descritas en el fallo judicial en Sierrallana “no son más que la punta del iceberg de una gestión negligente y totalmente alejada de la realidad, caracterizada por la toma de decisiones impulsiva y basada en criterios ideológicos y/o personales, ajenos al cumplimento de los protocolos técnicos”.

Que, agregan, “confirma el desinterés del ICASS por las condiciones laborales de sus trabajadores, la ineficacia del Servicio Central de Prevención de Riesgos Laborales y evidencia la falta de respeto en la gestión de los recursos públicos”.

Tras mostrar su apoyo y reconocimiento a los trabajadores del centro, Trabajadores Unidos le pide a los gestores que “estén a la altura de la ciudadanía y de los trabajadores”: “los incapaces de asumir este compromiso deben ser valientes y dar un paso atrás”.