La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 establecía, entre sus disposiciones, la exención del copago farmacéutico para los menores de 18 años con discapacidad, una medida que en Cantabria beneficiará a más de mil personas.

En detalle, la Ley de Presupuestos de 2021 modifica del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por Real Decreto legislativo 1/2015, de 24 de julio, disponiendo que “estarán exentos de aportación los usuarios y sus beneficiarios que pertenezcan a una de las siguientes categorías”, señalando entre estas a las “personas menores de edad con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%”.

En concreto, según cifras del informe ‘Base Estatal de Datos de Personas con Valoración del Grado de Discapacidad’, de noviembre de 2020, aunque con datos a 31 de diciembre de 2018, la exención afectaría a 1.122 menores de edad en Cantabria, un 2% del total de personas con discapacidad en la comunidad (54.806).

De forma más desglosada, de los 1.122 menores, 177 son niños y niñas de hasta 6 años cumplidos, siendo 945 jóvenes entre 7 y 17 años.

En la discapacidad de una misma persona puede concurrir más de una deficiencia y el informe clasifica por la deficiencia informada en primer lugar.

Así, casi un tercio (30,12%) de los menores cántabros valorados y diagnosticados vive con una discapacidad intelectual como primera deficiencia.

Le siguen la discapacidad mental (15,86%) y mixta (12,57%), enfermedad crónica (10,70%), discapacidad neuromuscular (7,31%), osteoarticular (6,68%), auditiva (4,54%), visual (3,30%) y expresiva (1,52%). No hay ningún menor con sordoceguera y el 7,40% tendría otras discapacidades no especificadas.

UNA MEDIDA DE “GRAN IMPACTO SOCIAL”, SEGÚN EL CERMI

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) considera como medida “con gran impacto social” la exención de cualquier aportación del usuario -copago- en la prestación farmacéutica para menores de 18 años con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por 100.

Para el movimiento social de la discapacidad, esta exención de copago en una prestación fundamental como la farmacéutica “supondrá un alivio económico” para miles de familias que tienen en su seno a un menor de 18 años con discapacidad “y que se enfrentan a un sobrecoste que pueden llegar al 40 % respecto de las familias en las que no hay situaciones de discapacidad”.

“Además, los menores con discapacidad, precisamente por su circunstancia, pueden ser consumidores más intensos de medicamentos, lo cual supone más gasto en esta prestación, por lo que exonerarlos de copago aligerará el esfuerzo familiar, mejorando el acceso a productos esenciales para el tratamiento y curación de enfermedades y patologías, relacionadas o no con su discapacidad”, indican.

Asimismo, afirman que el sector social de la discapacidad “siempre ha reivindicado la exención del copago farmacéutico para todas las personas con discapacidad”, demanda en la que se inserta esta medida del Gobierno, que se circunscribe a los menores de 18 años.

RETRASO EN LA NUEVA ENCUESTA DEL INE SOBRE DISCAPACIDAD

Otra de las reivindicaciones del CERMI es la elaboración, por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE), de una nueva ‘Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia (EDAD)’, “que tenía que haber estado realizada y entregados sus resultados en 2018”.

La EDAD es la gran macrooperación estadística sobre discapacidad y situaciones afines, cuya primera edición se presentó en 2008 y que es la actualmente vigente, “estando prevista su renovación en 2018, una década después”. Previamente, en 1999, se realizó la ‘Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud’.

La encuesta, recogida en el Plan Estadístico Nacional 2017-2020, publicado en el Boletín Oficial del Estado del 18 de noviembre de 2016, está destinada a hogares y personas físicas y tiene por objeto la “estimación del número de personas con alguna discapacidad y cuáles son éstas”, con 4.217.590 de euros previstos en el Presupuesto del INE.

Sin embargo, el anuncio de licitación se produjo el 27 de enero de 2020, dos años después, tal y como consta en BOE de ese día, por un valor estimado de 2.349.730 euros y una duración que se extendería hasta septiembre del mismo año.

Las principales variables de estudio de la EDAD son las limitaciones en la actividad y restricciones en la participación en las situaciones de la vida cotidiana, severidad de dichas limitaciones y restricciones, tipos de deficiencias, causas de las deficiencias, ayudas técnicas, adaptaciones especiales (en el hogar, en el trabajo, etc.) cuidados personales y utilización de los servicios sociales y sanitarios, así como edad, sexo, tipo de discapacidad, de deficiencia, ingresos familiares, nivel de estudios, relación con la actividad, tamaño del municipio de residencia, etc.