La Dirección General de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Santander le ha espetado a SADISA, el grupo del que dependen las dos empresas que vienen gestionando el cuestionado contrato de las basuras en la capital cántabra, que su mejor contribución a la lucha contra la COVID 19 sería “cumplir con sus obligaciones”.

La réplica viene al hilo de una de las expresiones de SADISA en sus alegaciones frente al inicio del procedimiento para resolver el contrato, en las que, como contó en su momento EL FARADIO, aseguraba como muestra de su buena disposición que durante la pandemia realizó labores de desinfección sin estar obligada.

En el mundo de la administración, las discusiones se producen a través de informes, y en este caso la directora general de Medio Ambiente. Belén Domínguez –cargo de confianza, nombrada en su día por De la Serna– replica a través de uno en el que rechaza las alegaciones de SADISA sobre aspectos como el mantenimiento de los contenedores, papeleras, etc..

“Reiterada e insistentemente obvia sus obligaciones y se autoproclama excelente”, le afea la directora general, recriminándole que “miente” ya que, atendiendo al pliego en casos de emergencia, “el contratista estará obligado a poner a disposición de la Corporación todos los medios de que está dotada, sin que ello suponga sobrecoste alguno sobre el precio”.

Y añade que el pliego técnico para situaciones de emergencia recoge que la “la empresa deberá disponer de la capacidad organizativa suficiente para aportar el personal necesario con que afrontar dichas situaciones, y que en estas situaciones excepcionales, el mando superior de este personal y los medios materiales asociados será ejercido por los servicios técnicos municipales”.

Es más, la directora general de Medio Ambiente recalca que, en base a los pliegos –el documento que rige las condiciones que debe cumplir una empresa para llevar un servicio público– la adjudicataria no puede negarse “en forma alguna” a la cesión de sus medios, y no prestar esa colaboración inmediata está calificada como falta muy grave.

Al margen de que buena parte de esas labores de desinfección la hizo en los momentos más álgidos el Ejército, la directora general de Medio Ambiente le espeta a la empresa en el informe que “el mejor servicio que podría hacer la concesionaria respecto a la crisis del COVID 19 es atender el cumplimiento de sus obligaciones respecto de las papeleras y contenedores, para evitar en la medida de sus posibilidades el contagio y restringir con su correcto funcionamiento la libre circulación del virus y las posibilidades de contagio por los residuos generados”.

40 FALLOS EN UN DÍA… Y AL DÍA SIGUIENTE

Según advierte Domínguez, el 97,4% de las papeleras analizadas no se había desinfectado y no se cumplió una condición del pliego, la de la frecuencia de vaciado, que establecía que nunca estuvieran llenas y que fuera como mínimo una vez al día.

En las alegaciones también se refieren al “deficiente” mantenimiento y limpieza de los contenedores, con una situación “generalizada” de tapas y mecanismos rotos, lo que unido a su falta de limpieza crea problemas de higiene urbana y falta de salubridad en el entorno de los contenedores, con residuos acumulados fuera y “proliferación” de malos olores, plagas de insectos y ratas.

De hecho, hablando de salud, la Dirección General de Medio Ambiente llama la atención sobre los “riesgos” para la salud que todo esto acarrea, al “poder provocar contagio de enfermedades, más en la actual crisis sanitaria en la que nos encontramos”.

Problema que suma a los propiamente estéticos de “mala imagen” ante vecinos y visitantes, y sus posibles repercusiones sobre el turismo, “sector destacado en el desarrollo económico de la ciudad”.

Dos lava-contenedores se averiaron en 2016, sin posibilidad de reparación, según recoge este informe.

Con los contenedores se habla de una “inobservancia reiterada y mantenida” (que llevó a un informe específico sobre contenedores, en julio de 2019, que detectó 40 incidencias en un único día, que además no fueron corregidas, ninguna, al girarse una segunda inspección 24 horas después).

Esto lleva a concluir que en esto de los contenedores se está produciendo una “inobservancia reiterada y mantenida” que se prolonga hasta la actualidad, como constatan los infirmes diarios ahora que hay entidad de control o el incremento de quejas ciudadanas registradas en el Ayuntamiento. Hay, insisten, una “voluntad por parte de la UTE de no atender los compromisos contraídos”.