El informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo que elabora cada año la organización Human Rights Watch cita en el caso de Marruecos el incremento de la represión por parte del país a activistas críticos con el régimen o que defienden a la población del Sáhara y su derecho a la autodeterminación.

Así, el informe cita prácticas y casos concretos como las detenciones, juicios y condenas por parte de Marruecos a periodistas independientes, basándose en acusaciones sobre cuestiones morales (llegando incluso a plantearse procesos por mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio).

También se recogen prácticas como la aparición de “medios difamatorios” que lanzan ataques coordinados contra periodistas, activistas y artistas marroquíes críticos con las autoridades, con informaciones que incluyen registros bancarios y de propiedad, capturas de pantalla de conversaciones electrónicas, acusaciones sobre relaciones sexuales (o amenazas a exponerlos), identidades de compañeros de cuarto y detalles biográficos.

Entre septiembre de 2019 y enero de 2020, las autoridades arrestaron y procesaron al menos a 10 activistas, artistas, estudiantes u otros ciudadanos en diferentes ciudades por sus comentarios críticos y no violentos sobre las autoridades a través de publicaciones en Facebook, Vídeos de YouTube y canciones de rap. Fueron condenados a prisión por tales cargos.

Se repasan en el informe varios casos de Youtuber juzgados ycondenados por vídeos críticos con las autoridades, desde al rey hasta abusos policiales.

En el informe se hace mención a la situación de guerra y a la ruptura del proceso de diálogo.

Según se advierte en el informe, las autoridades marroquíes impiden sistemáticamente las reuniones en el Sáhara Occidental apoyar la autodeterminación saharaui y obstruyen el trabajo de activistas y ongs proderechos humanos.

Mientras, se investiga y detiene a activistas de organismos en defensa del pueblo saharaui y su autodeterminación.

Y, en especial, los juicios por el desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik, Sahara Occidental en 2010, con condenados en prisión todavía en base exclusivamente a testimonios policiales.

Al margen de los asuntos relacionados con las libertades de expresión o activismo, el informe cita la discriminación a la mujer, la pervivencia del matrimonio forzoso de menores, los delitos de violencia contra mujeres, incrementados por el efecto del confinamiento por la COVID. En 2020 las mujeres marroquíes protagonizaron su propio #MeToo, el Masaktach («No quiero guarda silencio ”), que publicó decenas de testimonios anonimizados de mujeres que denunciaban violencia sexual y conectaban a mujeres entre sí .

Las violaciones de derechos se extienden a lo moral, con castigos de prisión para las relaciones sexuales entre adultos que no estén casados entre sí.

La ley marroquí también criminaliza aquello a lo que se refiere como actos de «desviación sexual» entre miembros del mismo sexo, un término que las autoridades utilizan para referirse a la homosexualidad de manera más general, y los castiga con penas de prisión de hasta tres años.

En abril, varias personas llevaron a cabo una campaña de acoso en línea a personas con diversidad sexual, con llamamientos a las familias a expulsarles de ellas, exponiendo en público su sexualidad.

MUNICIPIOS DE CANTABRIA, SOLIDARIOS CON EL SAHARA

En estos momentos de pandemia, y a través de sus fondos de ayuda de emergencia y cooperación, los Ayuntamientos cántabros de Santander, Torrelavega y Camargo vuelven a ayudar a los campamentos de refugiados saharauis.

A través de Alouda Cantabria, asociación cántabra de ayuda al pueblo saharaui, se ha enviado a la Media Luna Roja Saharaui un total de 11.150 euros, procedentes de los mencionados ayuntamientos y de donaciones privadas, que irán destinados a alimentos básicos y medicamentos.

En un momento convulso en el que se ha roto el alto el fuego que reinaba en la región y se ha vuelto al conflicto armado entre el Reino de Marruecos y el Frente POLISARIO, el pueblo saharaui necesita aún más de la solidaridad de los pueblos para resistir en el desierto hasta que puedan regresar a su país, el Sáhara Occidental. En este contexto, las instituciones de Cantabria se muestran solidarias con la causa saharaui.

Además de esta ayuda humanitaria, desde la asociación Alouda Cantabria se pide un compromiso político para poner fin a 40 años de ocupación del territorio saharaui por el Reino de Marruecos, una situación que ha condenado a generaciones enteras a vivir en campamentos de refugiados en Argelia y a vivir bajo la represión marroquí en las zonas ocupadas del Sáhara Occidental.