El PSOE de Santander ha denunciado que el Ayuntamiento tendrá que pagar otros 155.560 euros por la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2012, en costas que tendrá que abonar al Gobierno de Cantabria y al Ministerio de Medio Ambiente tras desistir del recurso por consejo de los Servicios Jurídicos Municipales.

«Es el fin de la huida hacia adelante del PP para desviar, con dinero público, sus responsabilidades en la anulación del PGOU», ha valorado hoy el portavoz municipal del PSOE, Daniel Fernández, en un comunicado.

Así lo ha valorado tras abordarse el jueves en Comisión extraordinaria y urgente de Desarrollo Sostenible el desistimiento del Ayuntamiento del recurso a la sentencia que rechaza la demanda del Ayuntamiento contra el Gobierno de Cantabria y el Gobierno de España por los costes de la redacción del PGOU, estimados en más de 3 millones de euros.

«Y eso que», remarca Fernández, los responsables populares, tanto el exalcalde y exministro de Fomento, Iñigo de la Serna, como el actual concejal de Obras, César Díaz, que era edil de Urbanismo durante la tramitación y aprobación del frustrado PGOU, «argumentaron pública y reiteradamente que la anulación del plan no supondría un perjuicio económico para la ciudad».

Ahora, explica el PSOE, el Consistorio desiste porque los Servicios Jurídicos municipales desaconsejan recurrir una sentencia que resuelve la responsabilidad «única y exclusiva» del Ayuntamiento.

El desistimiento de recurso a la sentencia que rechaza la indemnización que solicitaba el Consistorio se tratará en el próximo Pleno ordinario, que se desarrollará el próximo martes 26 de enero.

JUDICIALIZACIÓN PARA NO ASUMIR RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

El PSOE recuerda que el equipo de Gobierno del PP «emprendió una estrategia de judicialización con dinero público de todos los santanderinos» después de la primera sentencia del Tribunal Supremo, en noviembre de 2016, que anuló el PGOU de 2012.

«Pretendieron culpar a otras administraciones de su propio fracaso con el único objetivo de evitar asumir responsabilidades políticas», ha subrayado Fernández.

El portavoz socialista, Daniel Fernández, ha valorado que «el fin de esa huida hacia adelante del PP ha tenido un coste añadido de casi 155.000 euros», al tener que afrontar el Ayuntamiento las costas del juicio de los dos demandados, en concreto 77.780 euros a cada administración.

La condena en costas «supone el triple de lo que destinamos al Banco de Alimentos para afrontar la crisis social del coronavirus en Santander», ha comparado Fernández.

COSTE DE LA ANULACIÓN: MÁS DE 15 MILLONES DE EUROS

Estas cantidades se suman a las compensaciones por convenios e indemnizaciones a distintos promotores que vieron frustrados sus proyectos, así como a los costes de redacción del plan, tanto del planeamiento anulado (3 millones) y como del futuro PGOU, que «será más caro».

De hecho, el PSOE remarca que sólo la primera partida consignada para el modelo de ciudad, que es «simplemente un avance preliminar del futuro PGOU», se eleva a 545.000 euros.

De esta manera, los socialistas estiman en más de 15 millones de euros los costes de la anulación del Plan General de 2012, que aún repercuten en el Presupuesto de 2021 con los plurianuales para abonar los convenios de la residencia de Cazoña con la Fundación Caja Cantabria (7 millones de euros) y Fuentellata (más de 2 millones de euros).

EL PRECIO DE LA ESPECULACIÓN Y DE INTENTAR DESVIAR RESPONSABILIDADES

En su comunicado, el PSOE culpa al PP de la anulación del PGOU de 2012, por «imponer» un modelo de ciudad «ficticio» que «proyectaba un incremento de población por encima de los 260.000 habitantes para 2024 cuando en 2021 tenemos apenas 173.000».

Los socialistas, que recuerdan que fueron «el único partido que votó en contra del PGOU de 2012», acusan al PP de haber «retorcido» las previsiones demográficas para «favorecer la especulación urbanística y el modelo de pelotazo y ladrillo, agotando el suelo de la ciudad y apostando por un modelo mediterráneo de ciudad de vacaciones».

Aunque el PGOU fue anulado «formalmente» por la anulación del bitrasvase del Ebro, porque «comprometía el abastecimiento de agua a la ciudad desproporcionada que había dibujado el PP», los socialistas recalcan que «si el PP no hubiera generado tanto desafecto hacia su PGOU no habría tenido tantos recursos judiciales».

Por lo tanto, el PSOE destaca que «la falta de acuerdo y de consenso» en un Plan General redactado por la mayoría absoluta del PP y que se hizo «al servicio de intereses particulares».

Un rechazo social que fue «determinante» para su anulación, con la que la ciudad entró en un periodo de «caos urbanístico», «indemnizaciones» y «vuelta a la improvisación actual», cuando «conviven la participación vecinal que ansía una ciudad más amable en el futuro con el avance del modelo especulativo y de ladrillo del PP, en el presente».

Sin embargo, «las mayores consecuencias de la anulación para Santander han sido los costes económicos que están pagando de su bolsillo los santanderinos; que el PP quiso negar primero, después ocultar y finalmente diluir con una estrategia judicial también fracasada y que también sale de los bolsillos de todos y cada uno de nosotros», censuran.

El PSOE recuerda otras sentencias recientes, como por el incendio del MAS o por el derrumbe de Sol 57, en las que «el PP también ha intentado desviar su responsabilidad política, en esos casos a las empresas, y apurar la vía judicial con el dinero de todos los santanderinos».

Sin embargo, «la responsabilidad ha sido siempre del PP», ha concluido Fernández.