Izquierda Unida de Cantabria ha presentado sus aportaciones para la redacción de la nueva Ley del Juego de la comunidad en la que incluyen 18 puntos, entre los que destacan la prohibición de que las empresas del juego puedan patrocinar equipos, pruebas deportivas, actividades recreativas o eventos culturales, sociales o juveniles en la Comunidad Autónoma.

En rueda de prensa, el coordinador general de IU en Cantabria, Israel Ruiz Salmón, y el responsable de política institucional de la formación y concejal de Unidas por Santander, Miguel Saro, han presentando las propuestas que han hecho llegar al Gobierno con el fin de “dotar a la comunidad de una norma que proteja a las familias trabajadoras, especialmente a la juventud y los barrios más vulnerables”.

Ambos dirigentes políticos han aclarado que estas propuestas se circunscriben a las competencias que tiene Cantabria como el resto de comunidades, es decir, las apuestas realizadas en los establecimientos físicos, cuestión distinta a la publicidad audiovisual de las apuestas online, competencia del Ministerio de Consumo y que Alberto Garzón ya ha regulado “tras años en que imperaba la ley de la selva”.

En este sentido, el concejal santanderino ha recordado que los jóvenes de entre 18 y 25 años son las principales víctimas de las apuestas. El gran paro crónico que sufre la juventud española alcanza el 40,1% de desempleo en menores de 25 años. “La falta de expectativas y de un futuro estable es el caldo de cultivo perfecto para dosis rápidas de adrenalina donde tratar de conseguir dinero sin esfuerzo”, incide el edil de Santander.

Además, “no es casual que haya una gran implantación dentro de la clase trabajadora, a la que se tienta constantemente para que arriesguen sus rentas ganadas en trabajos precarios”, asegura. Y cita el ejemplo de Cantabria, en donde los locales de apuestas han proliferado de un modo significativo, especialmente desde 2016 y con su mayor implantación en la capital, en los barrios “más populares y con mayor densidad de población”.

En 2019 se llegaron a autorizar 40 salones en nuestra comunidad, frente a una media de 20 por año en el periodo 2010 a 2017, «un número muy elevado para la superficie y población de Cantabria».

“El modo en que está aumentando este problema, que amenaza con convertirse en un lastre para generaciones enteras de jóvenes que ya viven en una gran precariedad laboral, muestra que el juego en una cuestión de todos, que debe contar con la implicación de todas las administraciones”, según señala Saro.

Es por ello que creen “imprescindible” la colaboración entre administraciones y la búsqueda de concienciación real sobre lo que supone la ludopatía para la salud pública, incluyendo la realización de programas de prevención.

MEDIDAS CONCRETAS

Por su parte, el líder de IU ha detallado las propuestas registradas en el marco de la futura Ley, que incluyen medidas en el ámbito sanitario, urbanístico, de ocio y concienciación.

En el ámbito urbanístico, Ruiz Salmón destaca el aumento de la distancia mínima de 500 a 700 metros lineales entre las casas de apuestas presenciales y los centros educativos y de rehabilitación y considera necesario incluir hospitales, asociaciones juveniles y de carácter social, residencias de estudiantes o mayores y lugares de culto e instalaciones y edificaciones asociadas. Además, plantean que se limite la concesión de nuevas autorizaciones de juego para casas de apuestas presenciales en función de la tasa de población.

“Se trata de unas limitaciones urbanísticas que buscan frenar de forma drástica la presencia e implantación de estos centros de juego en nuestros barrios”, ha explicado.

Otra de las principales aportaciones pasa por reconocer la ludopatía como problema de salud pública, así como garantizar los recursos públicos en los planes de prevención y rehabilitación de la ludopatía en el marco del sistema público de salud con el objetivo de acelerar el acceso y mejorar la calidad del servicio. “Hay que recordar que Cantabria no cuenta con una Estrategia contra las Adicciones vigente”, ha matizado el coordinador autonómico. “La última Estrategia (2014-2018) se denominaba ‘Estrategia contra las drogas’ pero no incluía las adicciones por el juego y las nuevas tecnologías”, ha añadido.

Ruiz Salmón ha asegurado que es necesario fomentar entre los jóvenes un ocio digno, que potencie el conocimiento, el deporte y las artes, a través de centros sociales y desarrollar planes de inspección en las casas de apuestas presenciales para aumentar los controles y prevenir el acceso a las personas menores de edad.

“La concienciación es uno de los puntos principales que hay que trabajar y creemos que las distintas administraciones deben realizar más actividades informativas y preventivas en los centros educativos para dar a conocer los riesgos y problemas de salud pública que supone esta adicción”, ha incidido.

Entre las aportaciones, también se ha propuesto que se obligue a los locales dedicados al juego a incluir, en lugar visible del establecimiento, el mensaje “el juego puede producir ludopatía”, de forma similar a los mensajes contra el tabaco de las cajetillas, y que su personal esté formado en prevención y cuente con una guía para la detección de personas en riesgo de adicción.

También, plantean que las administraciones regulen la eliminación de cualquier cartelería del mobiliario urbano o del espacio público de este tipo de establecimientos, ciñéndose exclusivamente a los carteles del propio local incluyendo únicamente el nombre y sin ningún tipo de publicidad.

Finalmente, demandan el establecimiento de un registro de interdicciones que impida el acceso de la persona inscrita voluntariamente a aquellos juegos respecto de los que la Comunidad Autónoma es competente, fijando 12 meses como tiempo mínimo en que la prohibición debe estar activa, ya que actualmente cualquier persona puede darse de alta un día y de baja al día siguient