Organizaciones ecologistas, sindicales y colectivos sociales* saldrán a la calle en protesta contra el plan de distribución de los fondos europeos para la recuperación y reactivación económica.

La manifestación tendrá lugar ante la Delegación del Gobierno en Santander, el sábado 30 enero a las 12 y concentrará a 6 representantes que acudirán en nombre de varias organizaciones de la sociedad civil, respetando las medidas de seguridad vigentes.

Otras concentraciones tendrán lugar de forma coordinada frente a delegaciones del gobierno central y sedes de Ejecutivos autonómicos en Madrid, Barcelona, Euskadi, Sevilla, Málaga, Galicia y Mallorca.

La movilización reunirá a representantes de Extinction Rebellion Cantabria, Madres por el Clima Cantabria, Plataforma Cantabria por lo Público, Cantabria ConBici, Plataforma por un nuevo modelo energético (nodo Cantabria) y Ecologistas en Acción Cantabria, para reclamar a los gobiernos estatal y autonómicos que antepongan el beneficio común a los intereses privados en su adjudicación.

Con esta movilización, se quiere denunciar el hecho de que «los fondos de recuperación otorgados por la Unión Europea (fondos NextGenerationEU) estén dirigidos a las mismas grandes empresas y a los sectores industriales directamente responsables de la grave crisis climática, social, económica y sanitaria que padecemos actualmente».

También se quiere señalar la «falta de transparencia» por parte de los gobiernos en la toma de decisiones y en los criterios de adjudicación: «los gobiernos ya se están repartiendo el pastel, dejando olvidadas las propuestas del tejido social o el fortalecimiento de los servicios sociales», «ni siquiera han dado cabida en el reparto a la mediana y pequeña empresa». En efecto, con la publicación del RD 26/2020, el gobierno español aboga por la colaboración público-privada, con los bancos como gestores «a título lucrativo» del dinero.

Ante la «oportunidad histórica» que suponen los fondos NextGenerationEU, las organizaciones señalan que seguir apostando por aumentar los beneficios económicos de grandes empresas contaminantes, fuertes emisoras de CO2 (principal causa del calentamiento global), y que a menudo vulneran los derechos de las trabajadoras, no supone ninguna transición, ni ecológica ni social, sino más de lo mismo.

Para abordar la «necesaria transición», estos fondos «deben destinarse a favorecer una economía de planificación y gestión democrática, una economía feminista, social y solidaria».

Los fondos europeos asignados al Estado español ascienden a 140.000 millones de euros, la mitad como préstamos y la otra mitad a fondo perdido pero condicionados a reformas estructurales, laborales y del sistema público de pensiones. Los fondos que aporta la UE se están consiguiendo a través de la venta masiva de bonos de deuda, que no saldrán gratis y que tendrán que ser costeados por toda la ciudadanía en el futuro.

«Más del 30% de los 140.000 millones euros van a ir a la transformación digital. Sabemos que esta transformación digital cuyo mayor protagonista es el despliegue del 5G va acompañada de un aumento exponencial del consumo energético, y consiguientemente del incremento de las emisiones de CO2, el extractivismo minero, la producción de residuos tecnológicos y de la posibilidad de control de la población por el tratamiento de los datos recogidos por esta red», lamentan.

«Reclamamos un cambio radical en este reparto de fondos para posibilitar «una transformación económica radical, que tenga como prioridad el sostenimiento de la vida y respete los límites planetarios en cuanto a la utilización de recursos y la capacidad del planeta para absorber los efectos de la actividad humana», añaden.