Cantabria Sostenible, que agrupa a la asociación ecologista Arca, al partido Cantabristas y al movimiento social Cantabria No Se Vende, ha pedido la retirada del proyecto de nueva Ley del Suelo y la retirada de la actualmente en vigor, volviendo a la de 2001, tras constatar el “fracaso” del modelo urbanístico desarrollado en la comunidad en las últimas décadas.

Cantabria Sostenible propone la retirada de este proyecto de Ley y la derogación de la vigente, así como la restauración de la de 2001 y medidas que trabajen en limitar la construcción de viviendas a los suelos urbanos y urbanizables de los núcleos existentes.

En un comunicado, lamentan que tras haberse “atenuado” la presión urbanística sobre la costa a raíz de la aprobación del Plan de Ordenación del Litoral, ahora se presenta desde el PRC una nueva Ley del Suelo que plantea “una huida hacia adelante expandiendo la construcción generalizada, desordenada y agresiva de viviendas que antes se diera en el litoral, a todo el interior de Cantabria”.

Y detallan que el suelo rural en Cantabria comenzó a ser “devaluado y agredido urbanísticamente” a partir de la Ley del Suelo de 2012.

EL SUELO RÚSTICO PARA VIVIENDA EN LUGAR DE PARA USOS PRIMARIOS

En concreto, detallan que según datos de la CROTU (la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo) y del ICANE (el Instituto Cántabro de Estadística), entre 2012 y 2020, de las 2.045 viviendas unifamiliares autorizadas en Cantabria, 1.522 lo fueron en suelo rústico y tan sólo 523 en suelo urbano.

Eso supone que el 74% de las viviendas unifamiliares se autorizaron en suelo rústico. De estas, 991 fueron de nueva construcción (48%), 279 fueron por cambio de uso, 127 como viviendas turísticas, y 125 como legalización y reforma.

“A la vista de estos datos de los últimos 8 años, podemos afirmar que el urbanismo en Cantabria ha fracasado”, aseveran desde Cantabria Sostenible, incidiendo en que el hecho de “que prácticamente la mitad de las viviendas unifamiliares construidas se hayan hecho en suelo rústico, supone una anomalía tan contradictoria, como si la mitad de las explotaciones agrícolas y ganaderas autorizadas se hubieran situado en medio de las ciudades. Lo que demuestra que en Cantabria no existe en absoluto la ordenación del territorio ni una adecuada orientación del urbanismo”.

LA NUEVA LEY CONVIERTE LA ANORMALIDAD EN LEY

Con la nueva ley del suelo que propone el PRC, denuncian desde Arca, Cantabristas y Cantabria No Se Vende, “la situación se agravará aún mucho más al convertir la anormalidad en ley: la indebida construcción de viviendas unifamiliares aisladas en suelo rústico se multiplicará por todo el interior de Cantabria, empeorando mucho más la ya anómala situación actual, arruinando la configuración espacial de nuestros pueblos, las mieses, los suelos protegidos, y los paisajes, hasta convertir a Cantabria, a diferencia de las demás comunidades, en una comunidad degradada e irreconocible por la construcción dispersa y desordenada por todo su territorio”.

En este sentido, lamentan que con “ocurrente y oportuna disculpa” del “despoblamiento rural”, en lugar de centrar la prioridad en la rehabilitación de las casas rurales ya existentes, se propone la “masiva construcción dispersa de nuevos chalés para turistas y visitantes ocasionales” por todo el medio rural y natural de Cantabria.

A su juicio, “este proyecto de ley del suelo traslada una visión obsoleta, ignorante e irresponsable de los usos del territorio, orientada a favorecer la actividad y el negocio de unos pocos agentes inmobiliarios y particulares a costa de perjudicar a toda la comunidad”. “El suelo rural no admite juegos, y hay líneas rojas que no conviene cruzar y que esta ley cruza ampliamente”, apostillan.

REIVINDICAN EL VALOR DEL SUELO RURAL

Frente a esto, Cantabria Sostenible reivindica que “el suelo rural tiene un valor positivo en sí mismo por su estratégica función de constituir el espacio dedicado a la actividad agraria, ganadera, forestal y de mantenimiento del medio natural, preservado a lo largo de siglos, precisamente por la gran importancia que tiene para toda la sociedad”.

“Este valioso y fundamental recurso heredado del pasado debe adaptarse a las necesidades del presente, orientando su actividad fundamental a las nuevas demandas de cultivos de proximidad, los productos agroalimentarios y derivados, la ganadería extensiva y las industrias de la madera entre otros, garantizando por encima de todo que pueda continuar prestando los inestimables servicios ecosistémicos que resultan fundamentales para el mantenimiento de la vida y de todo el sistema social y económico”, añaden, recordando que precisamente por eso la Unión Europea”.