Cuando hablamos de Paula Fernández nos referimos a una persona con un gran volumen de responsabilidades. Si miramos hacia el Gobierno, su Consejería es una de las más importantes, aunque en el último año la mayoría de los vistazos se echen a la de Sanidad.

Bajo el paraguas de su consejería están los procesos de oposiciones de la Oferta de Empleo Público, la estrategia contra la despoblación, la gestión del 112, poner todos los medios posibles a disposición de la Justicia o elaborar una nueva Ley del Juego en Cantabria.

Y si volvemos la vista hacia el PRC, Fernández es la secretaria de Organización del partido, uno de los cargos más importantes dentro de una formación política. Y además, en la suya, se habla desde hace tiempo sobre la posible sucesión de su líder, Miguel Ángel Revilla. Pero ella contesta que «tenemos unos Estatutos y un reglamento que determinan que hasta finales del año que viene no tenemos congreso para decidir quiénes se presentan a las elecciones de 2023», en una entrevista concedida a EL FARADIO DE LA MAÑANA, en Arco FM.

En su opinión, «la Consejería ha sabido responder a la pandemia». Las administraciones han sufrido con esta situación, por todas las cosas nuevas que han tenido que atender. Fernández habla de las relaciones que ha mantenido con la del estado, reconociendo que «faltó coordinación con el Ministerio del Interior, pero funcionó con el de Justicia». Ha habido que «adaptarse», y el ámbito judicial no ha sido ajeno a una manera telemática de funcionar. de hecho, Santander celebró el primer juicio a distancia de la historia en España el pasado mes de mayo de 2020.

Otro de los temas importantes a gestionar por parte de esta Consejería ha sido el de las oposiciones de la Oferta de Empleo Público. Fernández destaca que ya han llevado a cabo 46 procesos. «Fuimos muy valientes al no suspender los procesos de oposición», comenta.

El objetivo es «ir acabando con la interinidad en nuestra comunidad», en lo que se refiere a la administración autonómica. «Nos quedan los procesos más amplios, y hemos tenido que suspender cinco», que serán los primeros en celebrarse cuando las condiciones epidemiológicas de Cantabria lo permitan.

Ahora se encuentran también preparando un nuevo texto legal para regular los juegos de azar y las casas de apuestas. «Toca nueva ley del juego para proteger a los más vulnerables», dice, destacando que es una «ley participativa» en la que han preguntado a diversos colectivos y asociaciones para encontrar la mejor protección.

La consejera también ha querido escuchar al sector económico que se verá afectado por la nueva norma, y señala que «el sector del juego es el primero que quiere un juego responsable». Es un asunto del que ya se hablaba habitualmente antes de la llegada de la pandemia, con protestas vecinales incluidas para que la implantación de este tipo de negocios se dejase notar menos en los barrios de renta baja.

Fernández recuerda que en Cantabria «somos los más restrictivos en cuanto a las distancias entre las salas y los centros educativos». También comenta que a finales de febrero termina el periodo de alegaciones y será el momento de enviar el documento a las diferentes consejerías para avanzar en el texto y pensar en la tramitación parlamentaria.

En cuanto a la coordinación con las administraciones locales, otra de las tareas que compete a esta Consejería es la lucha contra el despoblamiento, que según Fernández afecta a 39 de los 102 municipios de Cantabria.

«Estamos terminando el documento de la estrategia regional del reto demográfico, a la vez que estamos trabajando en Madrid con la estrategia nacional». La consejera revela que pronto comparecerá en el Parlamento de Cantabria para informar a los distintos grupos de cuál va a ser esa estrategia a acometer para evitar que se sigan marchando ciudadanos de los pueblos y «se pueda atraer a más población».

Fernández ensalza medidas que se han tomado en este sentido, como incluir en los Presupuestos de 2021 una partida de «480.000 euros para poner en marcha cajeros automáticos que frenen la exclusión bancaria» en esos municipios.

También habla de «medida fiscales y educativas», como llevar a profesores a centros educativos de lugares con poca población. Y favorecer la movilidad de «escolares o vecinos que quieran acudir a las cabeceras comarcales».

En el apartado de las obras de infraestructuras que se hacen en esos 39 municipios, la consejera hace hincapié en que el Gobierno de Cantabria se hace cargo del 80% de los costes, mientras que en el resto de ayuntamientos de Cantabria el porcentaje que aporta es el 70%.