Una concentración reivindicará este sábado el papel de la sanidad pública frente a las privatizaciones.

Será este sábado 27, a las 12.00 horas, en el propio Valdecilla (donde el símbolo del corazón), que en Cantabria tiene adjudicados servicios no sanitarios –si bien en un hospital aspectos como la alimentación o la limpieza tienen su efecto en lo sanitario– al grupo constructor Ferrovial

Y convoca a nivel estatal CAS, la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad, secundando en Cantabria el Banco Obrero de Alimentos, una iniciativa de base que promueve la entrega y reparto de alimentos a familias y personas vulnerables, y que opera desde el Centro Social Matilde Zapata (que se encuentra en la calle Francisco Quevedo, frente al instituto Santa Clara).

En concreto, lo que se reclama es la derogación de la Ley 15/97 y del artículo 90 de la Ley LGS.

La Ley del 97 es la Ley sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, que abrió la posibilidad de la gestión privada de la sanidad (más allá de las fundaciones o asociaciones, que ya se podía previamente.

Y el otro punto es la Ley General de Sanidad, del que se pide retirar un artículo, que es el que contempla que las administraciones publicas sanitarias, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán establecer conciertos para la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos a ellas.

DESMANTELAR LO PÚBLICO PARA BENEFICIOS PRIVADOS

Los convocantes critican que se aprobaran estas leyes, y que luego no se hayan derogado por los sucesivos partidos que han ocupado el poder.

Y ponen el acento en la perspectiva estatal, ya que las distintas leyes de ordenación sanitaria autonómicas son dependientes de la estatal, y permiten por tanto abrir la sanidad a la gestión privada.

CAS defiende su postura contra este modelo argumentando que los hospitales privados tienen mayor mortalidad: “a evidencia demuestra que la mortalidad se incrementa al ser atendido en un hospital con ánimo de lucro: un 9,5 % en recién nacidos, un 2% en adultos2, y un 8 % en crónicos”.

Y explican que esto se debe a que “los hospitales privados emplean menos personal” porque aspiran a “repartir beneficios entre sus accionistas” (“los inversores esperan un 10%-15% de retorno de su inversión”, detallan).
Detrás de la privatización, advierten, “se esconde el trasvase de miles de millones de euros todos los años a empresas privadas, lo que ha desmantelado el sistema público”, frente a lo cual apelan al potenciamiento de la atención primaria y el refuerzo de las plantillas.

CAS ESTATAL

CAS, la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad, está formada por profesionales del sistema sanitario y usuarias, con el apoyo de colectivos no subvencionados, con el objetivo de aunar esfuerzos y organizarnos para luchar contra todo tipo de privatización del Sistema Nacional de Salud y en defensa de un sistema sanitario de calidad, que atienda a todos/as sin exclusiones, dotado de mecanismos de gestión democrática por parte de trabajadores y población, y en el que la actuación sobre los determinantes socio económicos y medioambientales de la enfermedad sean prioritarios.

Amnistía Internacional se concentra el jueves frente al centro de salud de la calle Vargas para defender una Atención primaria de calidad

Por otra parte, este jueves día 25 de febrero, la sección española de Amnistía Internacional hará público el informe: «LA OTRA PANDEMIA. Entre el abandono y el desmantelamiento: el derecho a la salud y la atención primaria» en el que se cuenta cómo se ha afrontado la pandemia con un sistema de salud debilitado, consecuencia de las medidas de austeridad llevadas a cabo en los últimos años, especialmente con respecto a la atención primaria, fundamental para hacer frente a este tipo de crisis.

El mencionado informe pide a las autoridades españolas que refuercen de manera urgente las plantillas de la atención primaria, que se incremente la inversión asignada a la atención primaria tanto en recursos humanos como en infraestructuras y equipamiento, prestando atención específica a las personas en situación de mayor vulnerabilidad: mayores, con enfermedades crónicas, con enfermedades de salud mental, inmigrantes y también, de manera especial, las mujeres, y que se adopten reformas legislativas que aseguren el acceso a la atención sanitaria para las personas en situación administrativa irregular y las personas reagrupadas legalmente en España por sus familiares que residen en el país.

Por ese motivo, para defender la sanidad pública, el grupo de Santander de Amnistía Internacional invita a la concentración que se hará este jueves día 25 a las 12.00 horas ante el centro de salud de la calle Vargas, 57, Santander.