Gema y Javi, la pareja de autónomos que hace tres años lograron frenar el desahucio de su vivienda en Dávila Park, se enfrentan a una nueva fecha de lanzamiento.

Los activistas de la PAH frente al portal de Dávila Park

Entonces lo consiguieron frenar gracias a una convocatoria de stop desahucios, como se denominan las acciones para impedir la expulsión de las viviendas con el apoyo de los activistas.

Y consiguieron incluso la asistencia –previa al stop desahucios- del presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla.
Gema –que se ha convertido en estos años en una de las voces de la PAH– y Javi darán los detalles de su caso este lunes en rueda de prensa, acompañados de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Santander, que les ha venido acompañando desde entonces.

Y de uno de sus abogados, Juanma Brun, conocido por su lucha en defensa de los afectados por el sector financiero y, en especial, por las preferentes de Liberbank, el banco del que forma parte la antigua Caja Cantabria (ahora en proceso de fusión). Desde la familia y la PAH inciden en que el procedimiento es nulo por cuestiones legales que se han ido dilucidando desde entonces.

Por otra parte, desde Cantabristas han denunciado que las valoraciones de viviendas en alquiler con opción en compra en la promoción del Primero de Mayo, en Peñacastillo, se elevan hasta los 3.000 euros el metro cuadrado, lo que supone precios de 150.000 euros por un piso de 50 metros cuadrados.

Este precio de compra busca “impedir la compra su vivienda para quienes vivían en ellas en régimen de alquiler con opción a compra desde hace años”, en un momento “en que la empresa considera más rentable mantener a las y los inquilinos en alquiler”, señalan desde Cantabristas, que recuerdan que esta promoción de VPOs recibió en su momento 13 millones de euros de ayudas públicas por parte de la Consejería de Vivienda en 2010, entonces dirigida por José María Mazón, del PRC, hoy diputado en el Congreso, así como el papel del Ejecutivo cántabro en la autorización de la operación.