Cantabria No Se Vende considera que la contratación de personal a través de la Sociedad Regional de Turismo y Cultura genera precariedad en el empleo, reduce la calidad de los servicios y perpetúa las prácticas clientelares

En un comunicado, advierten de que «la utilización de empresas públicas en la gestión cultural de Cantabria es un proceso que implica la “privatización” del sector, sustituyendo a funcionarios y personal laboral por contratados a través de dichas empresas».

Dicha “externalización”, inciden, «implica vaciar las plantillas de la consejería, para derivar el empleo hacia empresas públicas en donde los controles en contratación y condiciones laborales son mucho menores».

Y es una fórmula que, tal y como relatan, desde 2008 se viene usando «de forma generalizada para cubrir funciones de la Consejería de Cultura que venían desarrollando funcionarios independientes que acceden por oposición». Así por ejemplo, se han suprimido las escalas de guías culturales, pasando a contratarse directamente por la SRCTyD.

En otros casos se han creado «plantillas paralelas», como en la Biblioteca Central de Cantabria, conviviendo ambos tipos de trabajadores realizando las mismas funciones.

Este tipo de contratación, a pesar de su apariencia (procesos selectivos, concursos de méritos, etc.) supone que los trabajadores no tienen la condición de funcionarios o personal laboral del Gobierno de Cantabria, lo que implica unas condiciones labores mucho peores que las del resto de trabajadores públicos.

Desde Cantabria No Se Vende recalca que esta precariedad afecta también a la prestación de los servicios, lastradas en ocasiones por plantillas poco consolidadas, mucha rotación y conflictividad laboral.

Además, denuncian que este tipo de contratación «ha demostrado ser una vía abierta al clientelismo a través de la asignación opaca de puestos de trabajo».

Esta situación ya fue denunciada por la oposición en 2009, cuando empezó a ser utilizada «de forma generalizada» por parte de Francisco Javier López Marcano, entonces consejero de Cultura, llegando a hacerse pública una lista con personal contratado a dedo. Sin embargo, los posteriores consejeros tanto del PP y PSOE han continuado con dicha práctica, desdiciéndose de sus promesas de incorporar todos esos empleos a las plantillas de funcionarios públicos, lamentan.

«Desde CNSV pedimos que todos los empleos estables de los centros culturales que gestiona el Gobierno de Cantabria sean cubiertos mediante puestos de funcionarios o personal laboral, garantizando los principios de igualdad-mérito-capacidad en los procesos selectivos, la calidad de los servicios y las condiciones labores para los trabajadores», concluyen.