Amnistía Internacional valora positivamente el Anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, de la que se espera que en breve inicie su fase parlamentaria, y que pretende abordar de manera integral las violencias sexuales cometidas contra las mujeres, las niñas y los niños, en cualquier ámbito de relaciones o por parte de desconocidos.

La organización valora positivamente que el consentimiento sea la clave para definir la violencia sexual y esté en el centro del anteproyecto, tal y como se recoge en el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres, conocido como Convenio de Estambul.

«A finales de 2018, con el informe Ya es hora de que me creas, Amnistía Internacional ponía la violencia sexual en la agenda política, denunciando la falta de recursos para las víctimas de violencia sexual y la desigual atención que éstas recibían en las distintas comunidades autónomas. Es una buena noticia contar dos años después con un Anteproyecto de ley que incluye algunas de las principales peticiones de la organización relativas a la prevención, detección, investigación, sanción y reparación de las víctimas de violencias sexuales de forma integral», manifestó Virginia Álvarez, responsable de política interior de Amnistía Internacional España.

PUNTOS POSITIVOS

Amnistía Internacional, que ha participado en las consultas sobre el Anteproyecto, valora como positivos varios aspectos, reclamados por nuestra organización, como:

· El consentimiento se pone en el centro de la ley, al considerar violencia sexual todo acto de naturaleza sexual no consentido o que condicione el libre desarrollo de la vida sexual en cualquier ámbito público o privado. Además, en la reforma del Código Penal planteada por el anteproyecto, que elimina el término de abuso sexual, ya no comprendido por la sociedad, que llevó a miles de mujeres y organizaciones feministas a protestar en la calle tras algunas sentencias judiciales. Esperamos que durante el proceso parlamentario, se pueda mejorar la propuesta de reforma del Código Penal para evitar interpretaciones que pudieran menoscabar los derechos de las mujeres.

· El reconocimiento del derecho a la asistencia integral especializada y accesible para las víctimas de violencia sexual a través de la creación de Centros de Crisis que atiendan a las mujeres víctimas de violencia sexual las 24 horas del día, todos los días de la semana, tal y como recomienda el Consejo de Europa. Para ello, también se prioriza formación con enfoque de género a los agentes (policía, personal sanitario, forenses y personal de la administración de justicia) que podrían estar en contacto con la víctima de violencia sexual, para hacer frente a estereotipos y prejuicios que pudieran perjudicar a la mujer si decide iniciar una demanda judicial.

· El impulso de reformas como la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o el Estatuto de la Víctima para evitar la revictimización de las víctimas de violencia sexual en el proceso penal. El Anteproyecto plantea que no se le hagan preguntas sobre su vida privada o sus antecedentes sexuales, o que en caso de hacerse no sean admitidas a trámite, tal y como recomienda el Convenio de Estambul. Amnistía Internacional ha documentado en numerosas ocasiones cómo las mujeres recuerdan haber vivido una experiencia traumática durante todo el proceso judicial.

· El reconocimiento del derecho a la reparación para las víctimas de violencia sexual, así como la creación de un programa administrativo de reparación. Amnistía Internacional espera que se aseguren adecuados mecanismos para su implementación y desarrollo.

TIEMPO PARA MEJORAR

El Anteproyecto de Ley, que ya ha sido informado por los órganos consultivos, sigue , a juicio de Amnistía Internacional, planteando posibilidades de mejorar y solventar algunos desajustes importantes.

· Si bien la reforma del Código Penal que propone el Anteproyecto es más acorde a los estándares internacionales, sigue contando con aspectos poco definidos como la contemplación de que el Tribunal pueda aplicar una rebaja punitiva en base a un concepto tan impreciso como el de «la entidad menor del hecho».

«A lo largo de estos años, hemos visto el impacto en las mujeres víctimas de violencia sexual de la interpretación judicial, en muchos casos cargada de estereotipos, y cómo estas interpretaciones las han revictimizado. Nos preocupa que la utilización de un concepto jurídico tan indeterminado como el de «menor entidad del hecho» contribuya aún más a que los tribunales realicen interpretaciones estereotipadas», destacó Virginia Álvarez.

· El hecho de que no se exija una denuncia o una condena para que haya reconocimiento de violencia sexual es una buena noticia porque allana el acceso a servicios y derechos de las víctimas. Pero esta medida debe ser una oportunidad para armonizar toda la legislación y garantizar que todas las víctimas de violencia acceden al máximo estándar de protección.

«Es necesario asegurar que no se están creando «clases de víctimas» con diferentes reconocimientos de derechos y diferentes mecanismos de acceso a servicios y ayudas. Amnistía Internacional considera que esta ley supone un cambio de paradigma importante que debe alcanzar a todas las víctimas de violencia de género», manifestó Virginia Álvarez.

· Debe aclararse también cómo se implementará la Ley, una vez aprobada, teniendo en cuenta la competencia de las comunidades autónomas en muchos ámbitos que afectan a la ley. Existen 17 leyes autonómicas sobre violencia de género, incluidas víctimas de violencia sexual, sus respectivos catálogos de derechos y sus diversas ayudas. Las comunidades autónomas tienen competencia exclusiva en aspectos como la asistencia integral a las víctimas o la asistencia letrada gratuita. Una preocupación que señala también el último informe sobre España del Grupo de Expertas contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (GREVIO).

» A día de hoy, la atención a las víctimas de violencia sexual sigue siendo desigual en las diferentes comunicadas autónomas. En relación con la puesta en marcha de recursos para su atención coordinada y permanente, solo Asturias y el Ayuntamiento de Madrid cuentan con centros de crisis; y ocho comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla León, Comunidad Valenciana, País Vasco y Murcia) ofrecen asistencia coordinada y permanente para víctimas de violencia de género y violencia sexual. El Anteproyecto debería incidir en la necesidad de recursos, acompañados de presupuestos específicos y suficientes, que deberían ponerse en marcha para garantizar una asistencia igualitaria a todas las mujeres víctimas de violencia sexual», señaló Verónica Barroso, responsable de relaciones institucionales de Amnistía Internacional España.

Otras ausencias destacables del Anteproyecto de ley. No se tipifica como tortura la violencia sexual cometida por o con aquiescencia de agentes estatales, tal y como recomienda el Comité contra la Tortura. No se contemplan medidas específicas para la protección de víctimas menores de las personas de su entorno, o la virtualidad de la dispensa de declarar, y tampoco se coordina con la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la adolescencia frente a la violencia, actualmente en tramitación. Y aunque se menciona a las víctimas de trata con fines de explotación sexual, siguen sin contemplarse aspectos relevantes sobre su protección como, por ejemplo, su detección e identificación

Y por último, una vez se presente la memoria económica que debe acompañar a esta ley, ésta debe contar con los recursos suficientes para poner en marcha medidas y mecanismos adecuados para garantizar una atención integral a las víctimas.

Más de 140.000 firmas entregadas a los grupos parlamentarios

Hoy, Amnistía Internacional ha entregado en el Congreso de los Diputados más de 140.000 firmas, que apoyaron el manifiesto #NoConsiento. Basta de obstáculos a las víctimas de la violencia sexual, que contó además con la adhesión de 338 organizaciones. Con estas firmas, recordamos a diputados y diputadas que en sus manos está aprobar una ley eficaz que garantice la prevención, la protección, el acompañamiento y la reparación de todas las víctimas de violencia sexual.