La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez, ha anunciado este lunes en el Parlamento una ayuda económica extraordinaria para los centros de atención residencial a personas mayores y con discapacidad, así como a las entidades prestadoras del servicio de ayuda a domicilio con el objetivo de compensar los gastos que han tenido que afrontar como consecuencia de la pandemia de COVID-19.

12:30 horas. Sede del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS)
La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez, participa por videoconferencia en el Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia que preside el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias.
2 OCT 2020

Esta nueva línea de ayudas que gestionará el ICASS (Instituto Cántabro de Servicios Sociales) estará dotada “con algo más de 1 millón de euros”, con el que el departamento que dirige Ana Belén Álvarez busca mantener y mejorar la adecuada atención a las personas dependientes y garantizar que los servicios se puedan prestar con normalidad, asegurando su sostenibilidad y el mantenimiento de los numerosos puestos de trabajo vinculados a esta actividad.

En concreto, esta medida, que se prevé aprobar este mismo mes de marzo, persigue minimizar los efectos económicos ocasionados por la compra de equipos de protección individual y material higiénico-sanitario, los gastos de contratación de personal, la adecuación de espacios para garantizar el distanciamiento social, su desinfección y otras medidas adicionales de higiene y protección realizadas para frenar y reducir el contagio por COVID-19.

“El sector de la Dependencia ha vivido como nadie los efectos de la pandemia. Creo que desde la Consejería de Políticas Sociales lo entendimos desde el minuto uno y creo que, en estos largos, larguísimos doce meses, el sector ha tenido un aliado en nosotros, al igual que nosotros también hemos tenido un aliado en ellos”, ha manifestado.

El ICASS ya aprobó el pasado mes de julio un decreto de subvenciones –también dotado con 1 millón de euros- destinado a sufragar las plazas no reemplazables durante el confinamiento, siendo Cantabria una de las primeras comunidades en adoptar una medida de este tipo.

La consejera ha recordado que ya trasladó al sector su voluntad de compensar los costes extraordinarios que sigue provocando la COVID-19, una medida que se ha dado a conocer “una vez que hemos confirmado la disponibilidad de los recursos y con la que queremos contribuir a financiar el esfuerzo que ha supuesto para los centros residenciales hacer frente a la pandemia y poner en marcha los protocolos de seguridad”.

Según ha explicado, la nueva aportación a las entidades que prestan el servicio de atención residencial y ayuda a domicilio estará financiada con los fondos de recuperación europeos, en el marco de los recursos gestionados por el Ministerio de Derechos Sociales.

“Hace escasas 72 horas que el Ministerio me ha confirmado que la Comisión Europea no se opondrá a que una pequeña parte de los fondos puedan destinarse a gastos relacionados con la adaptación de los servicios a los requisitos de seguridad para la protección de profesionales y personas atendidas”, ha indicado Ana Belén Álvarez, quien ha anunciado que la transferencia a las comunidades autónomas se producirá una vez sea aprobada en Consejo Interterritorial.

Otras medidas de apoyo al sector

Finalmente, Ana Belén Álvarez ha recordado que el ICASS asumió en su propio presupuesto el coste de servicios y material que se prestaron directamente a los centros residenciales, como fueron tareas de desinfección que durante varios meses se realizaron en todos los centros residenciales de Cantabria o el suministro de equipos de protección “gracias a las donaciones de empresas de Cantabria, a las que tampoco me cansaré de agradecer su ayuda desinteresada”.

Además, a todo ello se suma la convocatoria de subvenciones para inversiones en las empresas –de cualquier actividad− dirigidas a mejorar las condiciones de seguridad en el trabajo y reducir el riesgo de transmisión de la COVID de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales, a través del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo, dotada con otro millón de euros más.