El Gobierno de Cantabria ha garantizado que el Servicio de Atención Inmediata a la Infancia y Familia seguirá siendo público y ha subrayado que el traslado a una nueva ubicación es fruto exclusivamente para garantizar un cuidado a los menores conforme a “estándares de calidad del siglo XXI”.

“Está totalmente garantizado, al cien por cien, que el servicio va a continuar siendo público, con personal público y en unas instalaciones públicas”, ha subrayado el Ejecutivo cántabro a raíz de la concentración realizada por sindicatos que denuncian el cierre y externalización del centro.

Según ha explicado el Gobierno, el servicio se trasladará a una nueva ubicación por dos motivos: uno, porque las actuales instalaciones no son acordes al modelo de atención consensuado “desde hace años” a nivel internacional, que sostiene que este servicio debe prestarse en un centro “lo más parecido a un entorno familiar” –el edificio actual, nacido en los años 40 como orfanato, tiene tres plantas, baños compartidos, salones comunes…-; y dos, porque el grado de ocupación ha caído en los últimos años gracias, precisamente, al éxito de otros programas de Infancia, como el Acogimiento Familiar, en el que Cantabria es referencia a nivel nacional.

Esto ha llevado, a su vez, a que el personal que presta el servicio esté “sobredimensionado”. La media de ocupación en el último año ha sido de diez menores para una plantilla formada por 60 profesionales.

El compromiso del Gobierno es que el cambio de ubicación no tenga impacto en el empleo. Alrededor de una veintena de trabajadores seguirán prestando el servicio en las nuevas instalaciones, mientras que el Ejecutivo negociará con los sindicatos la recolocación del resto de empleados en otros servicios y programas públicos.

“El servicio es necesario y va a continuar siendo público. En ningún momento se ha pensado en su privatización, se traslada de ubicación”, ha recalcado el Ejecutivo, que destaca que la medida vela por el interés de los menores y vela por la eficiencia del gasto público. Además, supondrá recuperar dos viviendas para uso público que estaban cedidas a una entidad privada.Cantabria cuenta desde 2008 con un manual sobre acogimiento residencial que recomienda la permanencia del menor en su propio hogar, mientras sea posible, y de no ser así, su traslado a una familia de acogida

Los sindicatos piden al Gobierno de Cantabria una mesa de negociación para tratar el futuro del centro de menores

Precisamente los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y SIEP solicitaron hoy al Gobierno de Cantabria una mesa de negociación para tratar el futuro del Centro de Atención a la Infancia y Familia (CAIF) de Santander porque «tiene que seguir siendo plenamente un servicio público y es más que viable que lo sea en su actual ubicación».

Las cuatro organizaciones sindicales, que hoy han celebrado una concentración de protesta frente a la sede central de la Administración autonómica, insistieron hoy en que «es viable» mantener el servicio de atención a los menores en el actual edificio y, por el contrario, rechazaron la propuesta del Gobierno de Cantabria de trasladarlo a dos viviendas de la finca del CAD de Santander porque «no disponen de espacio suficiente para acoger a los menores y los profesionales e incluso no sería recomendable según la normativa de seguridad y salud laborales».

CCOO, UGT, CSIF y SIEP matizan que no comparten los datos facilitados por el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) sobre el número de menores que atiende el CAIF y reiteran su viabilidad en el actual edificio con el mantenimiento de todos los puestos de trabajo tanto temporales como fijos.

En todo caso, los sindicatos, que ya se han reunido con la consejera de Empleo, Ana Belén Álvarez, y el próximo martes 16 de marzo (13 horas) lo harán con el vicepresidente del Gobierno de Cantabria, Pablo Zuloaga, piden una mesa de negociación «porque se puede llegar a un acuerdo».

CCOO, UGT, CSIF y SIEP aclaran que «el Gobierno de Cantabria tiene que demostrar que apuesta por lo público porque es lo que quiere la gran mayoría de los ciudadanos y ciudadanas».