El Grupo Municipal Socialista ha reivindicado una nueva retirada de la gasolinera de calle Castilla 58 frente a las «presiones» del equipo de Gobierno PP-Ciudadanos, y espera que sea «la definitiva» porque «no responde al interés general», ya que hay otra a escasos 50 metros, y supone un «riesgo para las viviendas», por lo que «genera rechazo entre los vecinos».

En una nota de prensa, el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Daniel Fernández, ha informado de que el equipo de Gobierno (PP-Cs) ha retirado este lunes del orden del día de la Comisión de Desarrollo Sostenible el recurso de reposición presentado por la promotora frente al acuerdo plenario de enero de 2020 que rechazó el Estudio de Detalle.

Fernández ha explicado que el PSOE llevaba a la Comisión un voto particular que considera «nulo de pleno derecho» el expediente, aunque no ha precisado presentarlo tras comunicar el equipo de Gobierno, «12 minutos antes de la reunión», la retirada del recurso judicial que había presentado la empresa, lo que ha llevado a su vez a la retirada del punto del orden del día sobre su recurso de reposición municipal.

«La empresa retiró el recurso judicial el 9 de marzo, por lo que PP y Ciudadanos lo debían conocer antes de incluir de nuevo el recurso de reposición en el orden del día de la Comisión de Desarrollo Sostenible, convocada el 17 de marzo», ha cuestionado, en lo que el PSOE considera «la última maniobra extraña del equipo de Gobierno» en relación a este asunto.

En este sentido, Fernández ha argumentado que PP y Ciudadanos «temían sufrir otra derrota en la votación», como ya sucedió en el Pleno del 30 de julio, cuando a instancias del PSOE se votó la retirada del recurso de reposición de la empresa (PLENOIL) del orden del día y los partidos del equipo de Gobierno se quedaron en minoría.

Por otra parte, el portavoz socialista considera que, con la retirada del recurso judicial por parte de la empresa, queda «en evidencia» que las «presiones» a la oposición en las que el equipo de Gobierno advertía de «supuestas» consecuencias económicas para el Ayuntamiento «no tenían un pase ni fundamento alguno».

INFORMES TÉCNICOS NO VINCULANTES

En este sentido, ha citado un informe del Secretario General del Pleno, de 27 de julio de 2020, que «literalmente» afirma que «en el caso que nos ocupa, no existe precepto alguno que establezca el carácter vinculante de los informes técnicos», así como que su votación no tiene un carácter reglado «como manifestaba reiteradamente el equipo de Gobierno».

Asimismo, el portavoz socialista expone que, tras la retirada del asunto en el Pleno de julio, el PSOE solicitó informes complementarios el 17 de agosto, y que estos se emitieron el 30 de agosto (Servicio de Vialidad) y el 1 de septiembre 2020 (Servicio Jurídico de Fomento), por lo que «carece de explicación alguna» que el equipo de Gobierno no haya informado al resto de concejales durante seis meses, hasta el 23 de febrero.

«Es inexplicable y carece de cualquier argumento fundado en derecho que no se haya comunicado de forma expresa al Grupo Municipal Socialista, cuando es el propio solicitante de los informes, y también al resto de grupos de la oposición, habiéndose guardado los informes en el cajón», ha enfatizado Fernández.

Falta de motivación del acuerdo plenario por «falta de diligencia» del Ayuntamiento

Además, el PSOE denuncia que el recurso de reposición municipal interpuesto por la empresa se basa principalmente en la «falta de motivación» del acuerdo del Pleno del 30 de enero de 2020, en el que se rechazó el mencionado Estudio de Detalle por 14 votos en contra frente a los 13 de la suma PP-Cs que conforma el equipo de Gobierno.

Sin embargo, los socialistas manifiestan que los argumentos para votar ‘no’ se expusieron ‘in voce’ en el Pleno, por lo que el Grupo Municipal Socialista «no es responsable de la falta de diligencia del Ayuntamiento al trasladar los argumentos expresados a la Resolución que se notificó al recurrente», ni de que «utilice dicha carencia como alegación».

Por todos estos motivos, el Grupo Socialista ha anunciado que se reserva el voto particular que tenía preparado para desactivar este lunes el avance del estudio de detalle de la gasolinera, en base a que su promotor no ha acreditado su condición de interesado, por lo que incumple el artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Asimismo, remarcan que no se ha notificado la tramitación del Estudio de Detalle a vecinos y vecinas colindantes, para que pudieran formular las alegaciones que consideraran oportunas, por lo que el expediente se ha tramitado «sin seguir el procedimiento legalmente establecido» y es «nulo de pleno derecho».

Por último, recalcan que tampoco se ha dado traslado a las asociaciones de vecinos «afectadas por la instalación de una gasolinera, cuando existe otra gasolinera enfrente de la que se pretende instalar», y que también ostentan por Ley la condición de interesados.