||por Aitor Lobato, miembro del Grupo de Coordinación de Cantabria No Se Vende (CNSV)||

Desde el proyecto de la tirolina sobre las cascadas del río Gándara hasta la última ocurrencia del tren turístico por los puertos de Áliva, pasando por el despropósito máximo del aparcamiento en altura en el gran circo glaciar de Fuente Dé, las últimas acciones “emprendedoras” de gobierno autonómico y ayuntamientos suponen un ataque directo contra los mayor recursos que poseemos, con las implicaciones ecológicas y de pérdida de calidad de vida que, para sus habitantes, ello conlleva.

En Cantabria tenemos recorriendo televisiones, platós y circos a nuestro Presidente, cuya única actividad es “vender Cantabria” y mantener el pesebre del regionalismo S.A. siempre lleno, aunque sea con comida barata y procesada.

A esta actividad publicitaria se acompaña la dedicación de sus Consejeros a coordinar oportunidades de inversión de capitales privados, operaciones especulativas, donde el Gobierno asume los riesgos principales y toda Cantabria sufrimos las consecuencias. La ordenación del territorio ha quedado prisionera en un cajón y se suceden proyectos desordenados que, bajo la esperanza de una pobre repercusión socioeconómica en lo local, reciben una gran atención mediática y desvían los recursos de los problemas más amplios del territorio.

“La forma de organización tradicional del campesinado no ha sucumbido por no haber sabido adaptarse a las leyes económicas modernas. La razón de su extinción no es otra que el empeño del Estado burgués en destruir su soberanía asamblearia, su jurisdicción y administración independientes y sus bienes comunales”. (Piotr A. Kropotkin).

Nuestro territorio rural está a merced de cualquier actividad especulativa que quiera poseer el entorno, beneficiarse del patrimonio acumulado por sus habitantes, y de los propios habitantes, que están pasando a ser sirvientes de estos nuevos propietarios.

Tanto las administraciones locales como la autonómica, que deberían velar por el bien común de nuestras paisanas y paisanos, bajo la problemática de la despoblación y falta de oportunidades, está haciendo palanca para acabar de gentrificar nuestro medio rural y expulsar definitivamente a sus legítimos habitantes, convirtiendo todo el rural cántabro en un parque de atracciones.

La gentry se refiere a una clase social (británica), integrada por la nobleza de tipo medio y bajo y los hombres libres terratenientes. Controlaban, antes de la revolución agrícola británica, aproximadamente un 50% de las tierras, haciéndose llamar burguesía territorial.

Si el diseño de las ciudades ha sido dirigido por los usos del excedente capitalista, en lugar de ser guiado por las necesidades sociales de sus habitantes, parece que la falta de ordenación del medio natural y rural está enfocada a ser la válvula de escape de los problemas que ha generado este diseño. El Gobierno autonómico parece dispuesto a sacrificarnos en beneficio de esas nuevas clases sociales provenientes de las grandes metrópolis que buscan en nuestro medio rural y natural una deseada alteridad.

La iniciativa Cantabria Sostenible suma organizaciones y fuerzas ante el peligro de la nueva ley del Suelo y establece vínculos entre territorios urbanos y rurales. Estas semanas también vemos con esperanza como la organización popular surgida en los Valles Pasiegos está haciendo frente con rotundidad a los macroproyectos eólicos previstos en la zona y como esta resistencia está teniendo como epicentro las boleras y plazas de los pueblos.

Aunque ahora mismo tengamos que estar replegados y respondiendo a los ataques, no debemos perder la esperanza de retomar la idea comunal como principal activo de nuestra Cantabria rural. Quizás en la resistencia aprendamos las lecciones definitivas y seamos capaces de reorganizar y actualizar nuestros concejos para una Cantabria retroprogresiva e ir “simultáneamente hacia lo nuevo y hacia lo antiguo, hacia la complejidad y hacia el origen”, en palabras de Salvador Paniker.