Entre 1931 y 1933 se abordaron en España profundos cambios en el sistema educativo, cambios impulsados desde el Ministerio de Instrucción Pública y llevados a cabo por un colectivo docente comprometido no solo con la enseñanza pública de manera particular, sino, en general, con el proyecto de regeneración que representaba el régimen republicano. Fue la República de los Maestros.

El régimen instaurado el 14 de abril partía de la convicción de que la escuela podía ser un motor de transformación social. Erradicar el analfabetismo, el atraso secular del país, la superstición y la incultura eran los retos que había que emprender actuando en y desde el sistema educativo. Ese fue el proyecto de los ministros Marcelino Domingo y Fernando de los Ríos y del director general de Primera Enseñanza, Rodolfo Llopis. A ellos se debe un amplio programa de reformas que iban desde las construcciones escolares hasta las Misiones Pedagógicas, pasando por los cambios en la formación inicial del profesorado.

En efecto, solo durante el gobierno provisional y el bienio social-azañista se construyeron más de trece mil escuelas, es decir, en apenas dos años y medio se habían hecho más escuelas que en las últimas tres décadas. Junto con el proyecto de construcciones escolares se tomaron una serie de medidas que dignificaron la profesión docente: se incrementaron espectacularmente los salarios del profesorado, se mejoraron sus condiciones laborales, se reconoció su estatus y se elevó su consideración social.

Pero el programa de reformas fue mucho más allá, empezando por la formación inicial del profesorado. Quienes en aquellos momentos estaban al frente del Ministerio eran herederos de las mejores tradiciones de la Institución Libre de Enseñanza y, en consecuencia, cambiaron radicalmente el Magisterio español. La renovación del programa de estudios, la innovación pedagógica, el contacto con corrientes educativas modernas procedentes de otros países y la coeducación de maestros y maestras que por primera vez estudiaban el mismo currículo y en las mismas instituciones, constituyeron el crisol en el que se forjaron promociones de docentes que iban a transformar la escuela española, y con ella – pensaban – el conjunto del país.

Muchos de ellos, contagiados por ese optimismo reformador, colaborarán de forma desinteresada en el proyecto de las Misiones Pedagógicas que presidía el pedagogo krausista Manuel Bartolomé Cossío; proyecto con el que pretendían llevar los ideales de la cultura y la ilustración hasta las aldeas más remotas de la España rural y a las clases populares menos formadas.

Si la actuación de la República en materia educativa tuvo un profundo calado, no lo tuvo menos la contrarreforma puesta en marcha por la dictadura franquista desde prácticamente las primeras semanas de la sublevación militar.

La maquinaria ideológica de Franco señaló al sistema educativo republicano, y especialmente a los maestros y maestras de Primera Enseñanza, como culpables del adoctrinamiento en ideologías disolventes y responsables de todos los males que arruinaban el solar patrio.

La inmediata represión se ensañó de forma especialmente cruel entre el profesorado e incluyó dos dimensiones. Una primera, de corte castrense, que consistió en el castigo por la militancia política y sindical, o simplemente por las simpatías de muchos docentes con el régimen republicano. Esta dimensión explica las penas de muerte o las de privación de libertad dictadas en miles de consejos de guerra contra miembros de los diferentes cuerpos de profesorado.

Pero hay una segunda dimensión, más específicamente docente, que se implementó desde las Comisiones depuradoras creadas en noviembre de 1936.

Acudiendo a investigaciones de ámbito local y provincial, y a falta de un estudio definitivo que ilumine todos los rincones del universo represor franquista, diversos expertos estiman que las citadas Comisiones separaron del servicio de forma definitiva alrededor de un tercio del profesorado español.

Otros muchos enseñantes también fueron depurados, aunque con sanciones menos severas: traslados forzosos, suspensiones temporales de empleo y sueldo o inhabilitación para el ejercicio de cargos directivos.

Las depuraciones lastraron gravemente al sistema educativo que tuvo que recurrir, en muchas ocasiones, a personas con escasa o nula preparación profesional para proveer miles de plazas que habían quedado vacantes. Se impuso, además, un severo control de los contenidos, desapareció la innovación, se reimplantaron prácticas y métodos pedagógicos del pasado, se paralizaron las construcciones escolares y se volvió a dejar el monopolio de la educación de las élites sociales en manos de la Iglesia. La reforma educativa republicana desapareció de forma abrupta y dolorosa.

Es necesario contar todo esto. Nunca es tarde para la memoria y la reparación moral, y menos en este momento, que desde un extremo del tablero político se blanquea sin complejos una de las dictaduras más largas y tenebrosas de la Europa del siglo XX. Precisamente ahora, noventa años después de ese abril de 1931, es una buena ocasión para invocar a los maestros y maestras de la República, para recordar su contribución generosa a la cultura y el progreso, para honrar su compromiso con la democracia, y para revivir los ideales, los anhelos y las esperanzas de toda una generación de docentes que soñaron con una España mejor.