El desalojo estaba previsto inicialmente para el pasado ocho de abril, pero al movilización popular convocada por la plataforma Stop-Desahucios conseguía paralizar la ejecución del desahucio.

En el acta judicial se reconoce que fue la intervención de la plataforma y la ausencia del auxilio de la fuerza pública la razón por la que se suspendió el desalojo, «a pesar de la enconada oposición de la procuradora del fondo buitre madrileño ‘Piráides Real Estate S:L:, titular de la vivienda», como denuncian desde la plataforma.

Sin embargo, una semana después, la titular del juzgado de primera instancia número ocho de Santander, ha dictado una nueva orden de lanzamiento contra la familia para el 19 de abril.

El abogado de Jónatan y Karen ha presentado nuevo recurso ya que «cumplen todos los requisitos contenidos en la legislación sobre las suspensiones de desahucios en el estado de alarma (reales decretos-ley 37/2020 y 11/2020), renovado recientemente por tres meses más. De hecho, hace escasos días los servicios sociales del Ayuntamiento de Santander comunicaban al juzgado la existencia de una vulnerabilidad socioeconómica clara en nada menos que cinco indicadores (económico, vivienda, social, familiar y personal)”, segñun explican desde Stop-Desahucios.

La plataforma recuerda que, además, se da la circunstancia de que dos días antes del desahucio fallido del jueves 8 de abril, el juzgado admitía el recurso de reposición contra el mismo y abría un plazo «contra toda lógica» de cinco días para que la otra parte, el fondo buitre, pudiera realizar alegaciones al mismo.

ABANDONO DE LA VIVIENDA

Ante estas circunstancias y la presión existente, Karen y Jónatan han pedido a las plataformas que no convoquen ninguna movilización y han optado por abandonar la vivienda, aunque existe alguna posibilidad, muy remota, de llegar a un acuerdo con el fondo inmobiliario.

Por su parte, el portavoz de la familia, Roberto Mazorra, expresa su estupor ante las actuaciones de los responsables: “No parece que la juez titular sea consciente de que está desahuciando a una familia con dos bebés, uno de meses. No puede serlo. No entendemos lo que la ocurre a esta juez o si lo entendemos es mucho peor; ni tampoco entendemos la urgencia para devolver un piso a un fondo madrileño que se dedica a hacer negocio con las vidas y las viviendas de las personas de Cantabria”.

Por ello, hace hincapié en la gravedad de las actuaciones judiciales: “Se supone que las leyes están para algo. Sin embargo, esta juez y la letrada del juzgado se están saltando a la torera toda la legislación del estado de alarma. Vivimos en un país donde algunos jueces hacen lo que les da la gana sin importar familias o pandemias. Y no pasa nada. Si los propios jueces incumplen las leyes, ¿qué nos queda?”, se pregunta el portavoz, que también incide en la responsabilidad de los políticos: “Hace meses se despidió a la familia de mala manera de Gesvicán y ahora estamos esperando que nos digan algo a la solicitud de ayuda en la Dirección General de Vivienda. Sin que haya habido respuesta hasta el momento. Hay demasiada inacción por parte de los responsables políticos”.

UNA FAMILIA CON DOS MENORES

Los protagonistas de este desahucio son los cuatro miembros de una familia: Karen, su pareja, Jonatan, y sus dos pequeños hijos, de dos años y medio, y nueve meses de edad. La pareja se encuentra en situación de desempleo desde hace varios años y sobrevive gracias a los 650 euros del ingreso mínimo vital. Hasta hace un año aproximadamente, Jonatan trabajaba de vez en cuando en un mercadillo, pero desde que estalló la pandemia no realiza ninguna actividad remunerada. En la avenida donde reside la familia, Cardenal Herrera Oria (zona Albericia), los vecinos ya han presenciado un buen número de desahucios, según fuentes de la plataforma Stop-Desahucios.

El caso de Karen y Jonatan es similar al de muchas familias que se vieron afectadas en su día por una crisis económica cuyos efectos se han sumado a los de la pandemia del COVID-19. Es una familia de cuatro miembros en una situación de pobreza a la que no han dado respuesta suficiente las instituciones públicas. Desde finales de 2018 residen en la vivienda de Cardenal Herrera Oria, objeto del desahucio.

Entonces era propiedad de Liberbank y a los pocos meses, diciembre de 2018, fue adquirida por el fondo inmobiliario “Pirámides Real Estate SL” con sede en Madrid y cuyo objeto social es la compraventa de inmuebles.

Dicha vivienda estaba abandonada, en un estado deplorable, y usada por las palomas como habitáculo. La familia se ocupó de arreglar la vivienda y hacerla habitable; y ha intentando en varias ocasiones llegar a un acuerdo con el actual titular para pagar un alquiler, con resultados infructuosos.

De hecho, a los pocos meses de adquirir la vivienda, el “fondo buitre” -en palabras de la plataforma Stop-Desahucios – inició un procedimiento judicial de “desahucio en precario” contra la familia afectada.

.