El 8 de abril fue la primera fecha en que esta pareja tenía orden de desalojo. Hoy, día 19, la segunda. En ambas ocasiones ha habido presencia de activistas de Stop Desahucios y de la PAH de Santander para tratar de parar un lanzamiento que también afectaba a los dos hijos que tiene, de 2 años y medio y 9 meses de edad, respectivamente.

La comitiva acudía esta mañana acompañada de dos furgones de la policía nacional, según fuentes de la PAH. Pero al ver la presencia de muchas personas en el portal y alrededores, han terminado por decidir la suspensión de la decisión.

El panorama que se abre ahora presenta varias opciones para conocer cómo avanzará la situación de esta pareja y sus hijos. La familia tiene dos opciones: la primera es que ha hecho una petición para tener una vivienda de alquiler social, y esta esperando respuesta de la Dirección General de vivienda del Gobierno de Cantabria; la segunda, más remota, según fuentes de Stop Desahucios, es que una cooperativa en la que trabajaba Jónatan se plantee comprarle el inmueble al fondo que tiene la propiedad.

Si no fructifica ninguna de estas dos opciones, lo más probable, creen en este colectivo, es que la jueza decrete nuevamente una orden de desahucio de manera casi inmediata.

Con anterioridad, la movilización popular había parado el desahucio programado el pasado 8 de abril. Pero pocos días después, la titular del juzgado de primera instancia nº 8 de Santander, Carmen Moreno, a través de una diligencia cursada por la letrada de dicho juzgado, Milagros Fernández, dictaba nueva orden de lanzamiento para el 19 de abril a las ocho de la mañana.

En un primer momento, la familia decidió abandonar la vivienda y así se lo comunicó a la plataforma Stop Desahucios y a los medios de comunicación. Algo comprensible ante la existencia de los dos menores y, sobre todo, ante el estrés y la incertidumbre que provoca en los afectados sufrir un desahucio. Sin embargo, varios días después cambiaron de opinión porque “no tienen dónde ir”.

Por otro lado, el abogado de Jónatan y Karen presentó nuevo recurso contra la nueva orden de lanzamiento. La respuesta del juzgado fue la misma que tuvieron en el anterior desahucio: la apertura de un plazo de cinco días para que Piramides State Sl, el fondo buitre propietario del inmueble, pueda presentar alegaciones al recurso. Y de la misma forma que en el anterior lanzamiento, la finalización del plazo para impugnar el escrito se tenía que producir después de la fecha de la ejecución del desahucio. “Algo demencial y hecho con muy mala fe”, según fuentes de la plataforma.

Hay que recordar que la familia se encuentra en situación de vulnerabilidad socioeconómica y cumple todos los requisitos contenidos en la legislación sobre las suspensiones de desahucios en el estado de alarma (reales decretos-ley 37/2020 y 11/2020).

Carta de la PAH al Gobierno de Cantabria alertando de otro desahucio

La Plataforma ha enviado una misiva tanto al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, como al vicepresidente, Pablo Zuloaga, y también a la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez, para pedirles voluntad política en una temática tan dura como la de los desahucios.

Pretenden convencer al Ejecutivo de que redoble sus esfuerzos para recuperar viviendas que pertenecen a fondos buitre, negociar con ellos y, si no acceden a esa negociación, «es necesario usar todas las medidas legales posibles incluyendo el Derecho y jurisprudencia europea para evitar el uso antisocial de la vivienda», afirman.

Desde la PAH hacen hincapié en que la vivienda es un derecho constitucional y piden al Gobierno de la Comunidad que avance en legislación sobre ello. Recuerdan que presentaron una iniciativa en la pasada legislatura, que fue tomada en cuenta, pero que no ha sucedido lo mismo en la presente. Por eso instan a la administración a que publique el borrador que tiene preparado para una nueva ley, para poder trabajar sobre ella.

En opinión de la Plataforma, la legislación debe «movilizar, dentro de un parque público, las viviendas en manos de entidades opacas detrás de las que se esconden entidades bancarias por todos conocidas». Y piden un mayor esfuerzo precisamente ahora, en plena pandemia, y con la sensación de que las situaciones de este tipo pueden incrementarse por la crisis económica que se nos está echando encima.

La carta concluye recordando que el 19 de mayo, dentro de un mes, hay prevista otra ejecución de un desahucio en Piélagos. Es el caso de María, que ya contamos en su día y que recientemente estuvo en una conversación, junto a Gema, de Dávila Park, contando su experiencia en EL FARADIO DE LA MAÑANA, en Arco FM. La PAH cree que el Gobierno de Cantabria está a tiempo de movilizarse para tratar de evitar que este lanzamiento se produzca. En este caso, quien está detrás de la petición de desahucio es Desarrollo Las Peñicas, un fondo buitre ligado a Liberbank, donde se integró la antigua Caja Cantabria.

Cantabristas critica la gestión de las VPO del Primero de Mayo

Por otra parte, desde Cantabristas denuncian que el Gobierno “haya dado la espalda a los vecinos y vecinas de las Viviendas de Protección Oficial del Primero de Mayo”, tras el debate sobre esta cuestión en el Parlamento de Cantabria.

Según dijeron en su momento, el coste de ejecución de la opción a compra de pisos de protección oficial de 50 metros cuadrados en el Primero de Mayo haya sido valorado en más de 150.000 euros, con precios de venta que superan los 3.000 euros por metro cuadrado, duplicando el precio establecido por ley.

El partido cantabrista ha criticado que “tengan que ser los vecinos y vecinas quienes acudan a los tribunales para que se haga justicia”, mientras el Gobierno de Cantabria “se dedica a echar balones fuera y a quejarse de que esta situación ocupe titulares en prensa”, en lugar de establecer “medidas reales y ofrecer apoyo y asistencia jurídica a los vecinos y vecinas”.

Pese a esto, desde Cantabristas confían en que los tribunales “impongan el sentido común sobre este despropósito generado por el fracaso de las políticas de vivienda de los últimos años”.