Izquierda Unida denuncia la externalización por parte del Gobierno de Cantabria de la Estrategia de Economía Circular y Bioeconomía de Cantabria por un valor de 110.719 euros, lo que, afirman, “despoja de facto” de su función “más prioritaria” al futuro Consejo Asesor de Cambio Climático.

El coordinador autonómico de IU, Israel Ruiz Salmón, ha señalando esta “incongruencia” al mostrar una “total desconfianza” por la labor de la plantilla de la Administración Pública y reducir “aún más” la participación de la sociedad en el Consejo.

Según explica el líder de la izquierda cántabra esta externalización de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente se da justo cuando ha acabado el proceso de alegaciones al Decreto del Consejo Asesor de Cambio Climático, Economía Circular y Bioeconomía, el cual incluye como una de sus funciones “informar con carácter previo a su aprobación sobre el proyecto de Estrategia de Economía Circular y Bioeconomía de Cantabria”.

“Haremos un esfuerzo importante por obviar que esta Estrategia está anunciada desde el comienzo de legislatura y, casi dos años después, parece que entran las prisas por una mala planificación de la Consejería y del Gobierno en su conjunto que tiene el gatillo flojo cuando se trata de encargar a otros que hagan su trabajo”, apuntaba.

Para Ruiz Salmón, el decreto, al que IU, UGT, CCOO o la CEOE han presentado alegaciones, ya venía “viciado” al reservar una mayoría de sus miembros al Gobierno y cargos políticos (22 más la presidenta del Consejo Económico y Social, nombrada por el Gobierno), frente a una representación mínima de la sociedad y los sectores científicos, técnicos y ambientalistas “que se espera en un órgano consultivo de estas características y dada la materia en cuestión”.

En concreto, 18 miembros de la sociedad: 2 de la Universidad de Cantabria, 3 de los agentes sociales -quienes denuncian que este nuevo Consejo no ha sido informado ni trabajado ni en las mesas de concertación social ni en el Consejo Asesor de Medio Ambiente que ya existe – 2 de organizaciones agrarias, 5 de los Grupos de Acción Local, 2 de los Grupos de Acción Costera, 2 de colegios profesionales y 2 de organizaciones ecologistas.

“¿Qué sentido tiene un Consejo de este tipo si, de entrada, no hay independencia del poder político de turno ni tampoco autonomía jurídica y económica y, de tres funciones que se prevén, le cercenas la prioritaria?”, pregunta Ruiz Salmón.

Las otras dos funciones que prevé el Gobierno para este nuevo Consejo es ejercer de Observatorio “proponiendo las medidas que se estimen convenientes para el cumplimiento de sus objetivos, e informando las evaluaciones periódicas y las revisiones de las mismas”, así como “promover la información, participación y sensibilización ciudadana en materia de lucha contra el cambio climático y transición ecológica en Cantabria”.

IU considera “insuficientes” y “poco claras” estas funciones, para lo que ha propuesto 21 objetivos funcionales, tales como crear una cultura de ahorro energético, la gestión sostenible de los recursos hídricos, realizar una seria apuesta por el “residuo cero”, la adaptación geográfica y ambiental de los cultivos y la cabaña ganadera al aumento de temperaturas y la variación de la precipitación por el cambio climático, fortalecer la I+D+i verde, alentar el equilibrio del espacio geográfico rural-urbano de Cantabria, la regeneración urbana y la rehabilitación del parque inmobiliario o gestionar la movilidad de manera segura, eficiente y sostenible.

Además, frente a la composición partidista impuesta por el Gobierno, IU propone que el futuro Consejo tenga mayoría científica, social y ambientalista, para lo que sugiere cuatro grupos: el primero con representación de la Universidad de Cantabria y sus institutos, así como de otros centros de investigación sin vinculación a órganos de gobierno; el segundo formado por las principales organizaciones conservacionistas, ambientalistas, ecologistas y de protección animal; el tercero con personas provenientes de los principales agentes económicos y sociales de la Comunidad, incluyendo a consumidores y usuarios; el cuarto, a propuesta del Gobierno de Cantabria y sus institutos y centros de investigación asociados, así como de los ayuntamientos.

“Las formas y el fondo con que abordan uno de los principales retos que tiene Cantabria y toda la sociedad en su conjunto, la crisis climática, muestra claramente que o no está en sus prioridades o no tienen la menor idea de que cómo afrontarlo”, sentenciaba.