Ecologistas en Acción presenta el informe  ‘Cambios en los usos del transporte público provocados por la pandemia’, resultado de la investigación realizada en colaboración con la cooperativa Andaira S.Coop. Este informe, al igual que otros estudios realizados recientemente, destaca que el transporte público colectivo ha perdido casi el 40 % de viajeros/as, debido fundamentalmente a la inseguridad percibida por las personas usuarias.

Más de la mitad de las personas utilizaría más el transporte público si se implementaran medidas de seguridad sanitaria, como dejar espacios y asientos inutilizados para no sentarse al lado de otras personas, desinfectar y limpiar más los vehículos. Otras propuestas de la ciudadanía: mostrar de forma visible en los vehículos los registros de limpieza, reforzar la ventilación y reducir la calefacción, y aumentar la frecuencia para que los vehículos vayan menos llenos.

Asimismo, las personas encuestadas demandan de forma mayoritaria la implementación de medidas de seguridad de forma coordinada y racional, para evitar mensajes e instrucciones contradictorias. Estos mensajes contradictorios, además de ser poco eficaces, incrementan la sensación de inseguridad. La percepción de seguridad varía en función del medio de transporte. El Metro se percibe como el medio de transporte más inseguro (42 %), seguido del tren (35 %) y el autobús urbano o interurbano (24 %).

El informe de Ecologistas en Acción evidencia que la inseguridad sanitaria condiciona el uso que se hace de la ciudad: un 84 % de las personas han modificado la pauta respecto a visitar amistades y familiares, ocio, deporte o visitar otras zonas de la ciudad, por evitar utilizar el transporte público.

En el caso de los desplazamientos por trabajo o estudios, un 55 % han modificado sus pautas. Los hombres han alterado en menor medida que las mujeres los diferentes usos contemplados de la ciudad. Las mujeres han dejado de asistir a su centro de trabajo o estudios, si tenía la opción de hacerlo, y por evitar el transporte público, en un 15,9 % más que los hombres.

La pandemia nos deja cambios relevantes en la movilidad, en el uso de la ciudad, y en la intención de buena parte de la población por recuperar modos de desplazamiento más sostenibles. El 79 % de las personas encuestadas expresan su intención de aumentar los desplazamientos caminando, un 28 % muestra intención de aumentar el uso de la bicicleta. Un 36 % manifiesta tener intención de usar más en el futuro el transporte público. Sin embargo, casi un tercio de la muestra declara que tratará de usar con mayor frecuencia el coche privado.

A la luz de los resultados de esta encuesta, Ecologistas en Acción demanda a todas las Administraciones Públicas que respondan a las demandas ciudadanas para fomentar el uso del transporte público.

La organización enfatiza que es urgente atender a los miedos de la población y poner en marcha muchas de las propuestas que realizan, no solo para hacer del transporte público un espacio seguro, sino también para que las personas tengan esa percepción de seguridad. Recuperar todos los servicios de los trenes de Cercanías y de Media Distancia, señalar los horarios de los autobuses interurbanos en todas las marquesinas (no solo las urbanas), incrementar la frecuencia de paso de los autobuses interurbanos, así como dedicar carriles exclusivos para el autobús en los accesos a Santander, son medidas que favorecerían el uso del transporte público, al mejorar la seguridad y la velocidad de los mismos.

Las Mesas de Movilidad cuestionan la viabilidad del AVE y piden destinar más inversión a la red de Cercanías

Las Mesas de Movilidad de Cantabria (del Besaya y de la Bahía de Santander) cuestionan en un comunicado la viabilidad de construir una doble vía de AVE entre Palencia y Reinosa como tiene planteado el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Desde las Mesas consideran una “barbaridad” el planteamiento del Ministerio, pues se trata de una infraestructura “sobredimensionada” sobre la cual pesan demasiados interrogantes.

En el texto, recuerdan el “tirón de orejas” del Tribunal de Cuentas Europeo que en 2018 cuestionaba la rentabilidad social y económica de muchas de las Líneas de Alta Velocidad ya construidas en España. Por eso, “no se entiende” que desde el Ministerio sigan adelante con este proyecto, sobre el cual pesan varias incógnitas.

«Desconocemos datos fundamentales como el número de circulaciones esperadas, la estimación del volumen de viajeros, el tiempo que se va a reducir el trayecto y el coste final del billete –hoy ya bastante elevado (Santander-Madrid i/v) sale por 83,50€ en clase turista-, ¿quién va a ser capaz de pagar los 100€ que acabe costando ir y volver en AVE? ¿Merece la pena gastar tanto dinero público para un público objetivo escaso y de alto poder adquisitivo?

Desde el colectivo piden al Ministerio, a través de la Delegación del Gobierno que ponga estos datos sobre la mesa para valorar si verdaderamente compensa realizar una inversión de varios cientos de millones de euros para una infraestructura que antes de la pandemia utilizaban 360.000 viajeros al año y que seguramente vaya a ser muy deficitaria.

Por estos motivos han presentado un documento en el que detallan las que son a su juicio las prioridades de inversión del Estado en la comunidad autónoma, centradas en la solución de los problemas que arrastra la Red de Cercanías, utilizada por 3,8 millones de personas cada año pero con potencial de recuperar los más de 5 millones que llegó a tener hace 1 década.

Por un lado, proponen mejoras en la infraestructura, tales como la supresión de limitaciones temporales de velocidad y la duplicación de la vía en tres puntos muy concretos de la red: los tramos Nueva Montaña-Valle Real, La Cantábrica-Orejo y Puente San Miguel-Torrelavega, actuaciones que no sólo permitirán reducir los tiempos de viaje sino que mejorarán la respuesta de la red ante accidentes y averías.

Igualmente, plantean una serie de mejoras destinadas a facilitar el uso del tren en Cantabria, tales como la recuperación de las frecuencias de regionales a Bilbao, Valladolid y Oviedo perdidas con el Estado de Alarma, la creación de un Consorcio de Transportes, la ejecución de obras que aseguren la accesibilidad de todas las estaciones (permitiendo así cumplir con la directiva europea al respecto), implantar la devolución Xpress del billete en caso de anulación o retraso superior a 15 minutos y recuperar las oficinas de atención personal al viajero en estaciones como Reinosa o Torrelavega.