En 2012, un Real Decreto Ley del Gobierno de España, recién estrenada la etapa de Mariano Rajoy en La Moncloa, dejaba fuera a los inmigrantes sin papeles de la atención sanitaria. La Sanidad dejaba de ser universal. En plena crisis económica, aquella que comenzó en 2008 y que ha seguido dejando heridas abiertas hasta ahora.

En 2018, ya hace casi tres años, tras el cambio producido en el Gobierno con la moción de censura presentada por Pedro Sánchez, se aprobó otro Real Decreto Ley con la intención de recuperar esa Sanidad universal.

Sin embargo, desde la Plataforma Ciudadanía Contra la Exclusión Sanitaria constatan que todavía hay personas que no consiguen acceder al sistema sanitario. Ellos mismos, desde la entrada en vigor de esa norma de 2018, han atendido 69 casos de personas que no han podido acceder.

En algunos casos, se trata de personas que no han podido obtener un documento que acredite su empadronamiento, o personas que sí lo tienen, pero no durante un periodo de 90 días. Pero también hay ciudadanos en situación regular que no lo han logrado. «Tendrían que tener cobertura sanitaria por otra vía distinta de la pública, pero no la tienen, y no tienen medios para costearse un seguro privado», dicen desde la Plataforma.

Entre las personas que sufren las consecuencias de esta exclusión, señalan, también hay menores y personas mayores, algunas de las cuales ya deberían haber tenido acceso a la campaña de vacunación contra la COVID-19 que está en marcha.

Desde la Plataforma constatan que 35 de esas 69 personas, un 50,7%, sí han conseguido esa atención, aunque en la mayoría de los casos no con una buena accesibilidad. En un escrito enviado al director general de Ordenación, Farmacia e Inspección, Jorge de la Puente, ofrecen la posibilidad de facilitarles el contacto con quienes todavía no han sido atendidos.

En ese mismo escrito, la Plataforma hace referencia a un informe del Ministerio de Sanidad, aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que participan todas las Comunidades Autónomas, sobre ‘Equidad en salud y COVID-19’, en el que se insta a eliminar los obstáculos que impiden la atención sanitaria universal, «de forma inmediata y sin excepciones».

Ese mismo documento también señala la necesidad de flexibilizar «los trámites administrativos para la obtención de la tarjeta sanitaria», pensando sobre todo en las personas que sufren una situación de vulnerabilidad social y que se encuentran sin el derecho fundamental de recibir la asistencia sanitaria que precisan.

La Plataforma insta a De la Puente a que indague las situaciones de quienes tratan de obtener esa tarjeta, y conocer los motivos de por qué, en algunos casos, se deniegan esas peticiones. «Pero no se pida a las ONGs que
suplan o sustituyan las obligaciones que el Estado tiene con toda su ciudadanía», añaden.

Ya el pasado mes de febrero enviaron otro escrito al consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, recordándole que debía aplicar este documento en la Sanidad cántabra. Y ahora le piden al director general de Ordenación, Farmacia e Inspección que dé una respuesta sobre cómo se va a abordar la vacunación de las personas que están siendo excluidas del sistema sanitario.

De ahí la concentración convocada este viernes frente al edificio de la Consejería. Es una manera de recordar los casos que ellos mismos han atendido y que no han recibido una solución, expresando además la voluntad de colaborar con la administración para llegar más rápidamente a una solución.

También exigen que llegue una nueva ley que derogue definitivamente lo dispuesto en el Real Decreto Ley 16/2012, donde se negaba la asistencia sanitaria universal en España. Consideran que se debe hacer una «política con ética, no política por votos».

La Plataforma defiende que, en sus peticiones a la administración, ya ha recibido el apoyo de más de 300 colectivos, sanitarios, educativos, sindicales, religiosos o de ONG, en busca de que la Sanidad universal se convierta en algo plenamente efectivo.