Las organizaciones incluidas dentro de Iniciativa Cantabria Sostenible denuncian que el hecho de que  la ley territorial y ambientalmente más involutiva para Cantabria «se esté tramitando sin un mínimo debate público, evidencia la pretensión del gobierno cántabro de evitar a toda costa la necesaria información, debate y participación social, que cabe esperar para una ley de consecuencias graves y definitivas para Cantabria».

Consideran que organizar un acto público de presentación de la ley y  unas cuantas reuniones con colectivos por separado, «no puede considerarse un proceso serio, real y democrático de participación, sino más bien una mínima formalidad de mero trámite para guardar las apariencias».

Añaden que Diversos técnicos de reconocida experiencia y prestigio en materia de ordenación territorial, ya han alertado de las consecuencias y manifestado su rechazo a este proyecto de ley, por considerar que sacrifica el interés general de toda la comunidad e hipoteca para siempre su futuro, sólo para beneficiar a corto plazo a una minoría.

«La nueva ley del suelo actualmente en tramitación por la Consejería de Obras Públicas del gobierno autónomo, es contraria a los principios de sostenibilidad impulsados por la Unión Europea y la normativa estatal española, y tendrá consecuencias irreversibles para el territorio de Cantabria», explican los portavoces del colectivo.

Desde Iniciativa Cantabria Sostenible añaden que el proyecto de ley promueve el sellado de suelos fértiles mediante la expansión generalizada de viviendas unifamiliares aisladas, y grandes instalaciones turísticas por todo tipo de suelos rústicos, incluidos los protegidos.

«Con esta ley se aumentará la involución territorial, medioambiental y paisajística de toda Cantabria, al transformar el medio rural de nuestra comunidad en un espacio urbano desordenado: su aplicación dañará de forma importante la capacidad productiva del espacio rural, potenciando la economía especulativa en nuestros pueblos y atentando contra el potencial característico de este territorio, basado en las actividades agroganaderas, forestales y naturales,», explican.

Por ello quieren denunciar ante la opinión pública, «la intención del gobierno de Cantabria de imponer una ley polémica y retrógrada evitando el debate social, y hacemos un llamamiento a las fuerzas políticas y sociales de nuestra región, para que exijan al gobierno un debate público y serio sobre el modelo económico que pretende impulsar en el medio rural de Cantabria, que garantice la conservación de nuestros suelos fértiles y mieses, mediante una adecuada ordenación del territorio».