Finalmente se ha suspendido el desahucio previsto este jueves  en Santander, en la calle Guillermo Arce, 11 (en el entorno de Fernando de los Ríos), que hubiera afectado a un enfermo de depresión después de un largo procedimiento de ejecución hipotecaria.

Convocó acción para frenarlo la plataforma STOP DESAHUCIOS, secundada por particulares, activistas y colectivos como la convocante o la PAH de Santander.

Lo curioso de la resolución de este caso, esta suspensión, es que ya se sabía desde el día de ayer en el juzgado, pero no se le notificó al interesado. Por tanto, la acción convocada esta mañana no ha tenido que ver la llegada de ninguna comitiva judicial ni de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para tratar de cumplir con un mandato judicial.

Según nos cuentan también personas que han asistido a la movilización, Javier, la persona sobre la que pesaba esta orden de lanzamiento, ha reaccionado con sorpresa al ver que la ejecución hipotecaria quedaba sin efecto, pero que nadie le advirtió de ello.

El juzgado de primera instancia nº 3 de Santander, emitió hace varios meses orden de lanzamiento contra Javier, una persona de 52 años, parado de larga duración y con serios problemas de salud.

Concretamente, estamos hablando de una persona enferma del hígado y del páncreas, insulinodependiente y con diagnóstico de depresión mayor por lo que se encuentra en tratamiento con antidepresivos.

Javier compró la casa de donde le quieren desahuciar a principios de siglo mediante un contrato de préstamo hipotecario con el BBVA, entidad que precisa que ahora la hipoteca es con el fondo inmobiliario Cerberus. Hace cerca de una década empezó a tener problemas económicos después de varios años trabajando en el sector de la hostelería.

Además, sus padres, con varias dolencias graves, terminaron viviendo en su casa por las mismas fechas.

De hecho, Javier relata que durante los últimos años de la vida de sus padres, tuvo que ejercer de tutor de él, enfermo de alzheimer, y cuidador de ella, con un cáncer terminal. Precisamente, sus problemas económicos y, sobre todo, la enfermedad de sus padres, ambos fallecidos, fueron causa inicial de los trastornos psicológicos que padece en la actualidad.

El banco prestamista, el BBVA, inició un procedimiento de ejecución hipotecaria hace más de un lustro y desde entonces se han producido varias suspensiones debido a la situación de vulnerabilidad de Javier. Sin embargo, en el último año, coincidiendo con la muerte de su madre, Javier entró en una depresión de la que todavía no ha salido. Por ello, no atendió con la suficiente celeridad a los requerimientos y a la burocracia del sistema judicial.

El juzgado de primera instancia n.º 3 hizo caso omiso a la situación de Javier y ante la presión del banco ejecutante, inició procedimiento de desahucio.

Según fuentes de la plataforma Stop-Desahucios, Javier cumple todos los requisitos de la Ley 1/2013, la llamada moratoria de desahucios. Esta ley implicaría que, como mínimo, Javier podría seguir viviendo en su casa hasta 2024.

De hecho, es probable que dicha norma se vuelva a prorrogar en el 2024, ya que así se ha hecho por los distintos gobiernos del PP y del PSOE desde que se aprobó en el año 2013.

Este mismo martes, uno de los asesores de la plataforma Stop-Desahucios presentaba escrito en el juzgado, solicitando una nueva suspensión del lanzamiento al amparo de dicha ley 1/2013 y de los oportunos informes médico-psiquiátricos.

PARALIZADO EL DESAHUCIO DE MARÍA

Es un caso que viene dando vueltas desde hace algún tiempo. María, que vive en Piélagos y que tiene un hijo menor de edad, tiene el 19 de mayo como fecha crítica en el calendario desde hace tiempo. Sin embargo, hoy mismo ha sabido que esa fecha queda anulada para el lanzamiento que estaba decidido.

Ahora la pelota pasa al tejado de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Piélagos, que debe recibir toda la documentación del caso y emitir un informe sobre la situación de vulnerabilidad de esta familia y también del arrendador. En este caso, quien solicita el desahucio es el fondo Las Peñicas, vinculado a Liberbank, la entidad financiera en la que se integró la antigua Caja Cantabria.

María se siente como si estuviera «comprando vidas como si de un videojuego se tratara». El plazo para que se emita ese informe es de diez días hábiles, por lo que ahora hay un amenaza que se detiene, pero podría volver a activarse en un breve espacio de tiempo.

En el escrito de la suspensión de este lanzamiento no consta nada sobre la suspensión de los desahucios que mantiene el Gobierno central, ni tampoco nada sobre las negociaciones que tiene en marcha el Gobierno de Cantabria para tratar de evitar que los fondos buitre pongan en riesgo o expongan a una mayor vulnerabilidad a familias que viven en viviendas de las que no pueden pagar las letras o los alquileres. Deudas motivadas en varias ocasiones por cláusulas que han sido consideradas abusivas en sede judicial.