La semana pasada, Cantabria No Se Vende detectaba que unas obras en el concejo campurriano de Orzales amenazaban seriamente la conservación del lavadero y el pilón del pueblo. Desde la recientemente constituida Cumisión d’Alcordanza, Cultura y Patrimoniu del movimiento, se puso en marcha una campaña de sensibilización social en redes, que obtuvo un eco importante, con más de 850 interacciones en pocas horas.

A su vez, emitió un escrito al Ayuntamiento de Campoo de Yuso y la Dirección General de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica, de la Consejería de Cultura del Gobierno. En él, se argumentaba que el conjunto de lavadero y pilón son bienes pertenecientes al patrimonio público y etnográfico que según la normativa autonómica han de ser preservados por su gran valor.

Y es que el art. 97 de la Ley 11/1998 de Patrimonio Cultural de Cantabria incluye como bienes inmuebles del patrimonio etnográfico “todas aquellas construcciones que se ajusten a patrones transmitidos por vía de la costumbre, y que dan vida a formas y tipos propios de las distintas comarcas de Cantabria”, así como aquellos “ligados a la actividad productiva, tecnológica e industrial de Cantabria, tanto en el pasado como en el presente, en cuanto exponentes de los modos de vida de las gentes de Cantabria”.

A su vez, el art. 98 señala que la Administración autonómica, “considerando la fragilidad del patrimonio etnográfico material, mueble e inmueble, sometido a la acción del cambio social y a una permanente desaparición debido a su cese por falta de uso […] prestará una especial atención a los lugares públicos que tengan una relación clara con la identidad de Cantabria, tanto en tiempos ancestrales como más recientes, que pueden desempeñar otras funciones actualmente, pero que no deben perder su primitivo significado. Así, se protegerán y promocionarán, entre otros, los bienes inmuebles y muebles de casas de concejo, escuelas, fuentes, puentes o caminos, siempre que tengan esa relación antes aludida”.

Además, el Decreto 65/2010 por el que se aprueban las Normas Urbanísticas Regionales, establece especial protección para elementos arquitectónicos “con valores naturales y culturales que deben ser conservados, ya sean edificios, grupos de edificios, elementos naturales, caminos históricos o mosaicos de cercas, así como aquellos otros de interés tales como puentes, azudes, molinos, balnearios, ermitas, cruceros, capillas de ánimas, campas de feria y romería, ventas, fuentes, humilladeros, abrevaderos, alberguerías u otros de similares características y los yacimientos o zonas arqueológicas”.

Los lavaderos han sido epicentro de una labor fundamental y de mucho más en la vida social tradicional de Cantabria. Incluso, era uno de los espacio donde las parejas acostumbraban a “roldarse”, con una serie de ritos de entrega y lavado del “pañuelu” que han trascendido en otras muestras de la cultura popular cántabra, como las tonadas montañesas.

Unos días despues, se recibía contestación formal del Ayuntamiento de Campoo de Yuso, que dice comulgar plenamente con los postulados de Cantabria No Se Vende, “realizando cuantas actuaciones puede acometer en defensa del patrimonio, entendido este en sentido amplio”, si bien “con un presupuesto cada vez más limitado”. En ese sentido, cita la recuperación del molino de Orzales “a punto de ser derribado por la Confederación Hidrográfica del Ebro”, o la recuperación de un antiguo inmueble de Corconte que se reconvertirá en el Centro Tecnológico de la Miel.

Respecto a la obra que denunciaba CNSV, señalan haberse puesto en contacto con el Presidente del Concejo Abierto de Orzales, que reconoció que “en alguna conversación […] planteó la necesidad de acometer alguna actuación sobre el lavadero”, si bien después de trasladarle la preocupación de la asociación, así como de la sociedad de Cantabria que se hizo eco de la cuestión, llegaron a un acuerdo presupuestado de colaboración para la restauración de estos elementos etnográficos.

Con esta respuesta parece haberse resuelto de la mejor forma la cuestión, no sólo evitando la destrucción del lavadero como nos consta que estaba previsto, también con un compromiso de restauración, que esperemos que se lleve a cabo con los materiales y tipología propios de la zona. Aún así, desde CNSV se ha señalado que “continuarán vigilantes” para que esto se respete de la mejor manera.

Ahora, el movimiento trabaja en tejer una Red Cántabra de Defensores del Común, que facilite la detección de casos como este por todo el territorio, así como la movilización social para proteger nuestro patrimonio cultural y natural de la destrucción.