Suspendido el desahucio de Guarnizo
NOTICIA EN ELABORACIÓN
Se ha suspendido el desahucio previsto para este mismo martes en Guarnizo, para el que se convocó desde la PAH un STOP DESAHUCIOS.
Según ha explicado la afectada, Belén, cuando ha llamado al juzgado para saber cómo estaba, les ha comunicado que estaba suspendido desde ayer, sin que esa información les hubiera llegado.
Afectaba a Belén y su familia , que ya tuvieron otro desahucio planteado justo antes de que se decretara el Estado de Alarma, el primero, en marzo de 2020.
Todo parte de Global Berbice, un fondo ligado a Liberbank, el banco en el que se integra la antigua Caja Cantabria.
Belén y su familia, con dos hijas menores de edad, estaban de alquiler desde 2008 y el propietario vio cómo ejecutaban la hipoteca y perdió el piso, que pasó a manos del citado fondo.
La familia había pedido el pasado jueves, a través de su abogado de oficio, la suspensión amparándose en el RD 8/2021 y pidiendo que solicitaran informe de vulnerabilidad a Servicios Sociales. El viernes el Juzgado les solicitó que aportaran toda la documentación que acredite la vulnerabilidad y lo habían presentado, pero no tuvieron noticias.
En marzo de 2020 la propia PAH denunciaba que «esta familia no solo va a ser desahuciada por el banco, sino que también ha sido desahuciada por el Gobierno de Cantabria», ya que «al ser “precaristas” (que no tienen contrato de alquiler en vigor) no entran dentro del discriminatorio reglamento de la Oficina de Emergencia Habitacional».
La plataforma advertía también de que existen sentencias que cuestionaban los contenidos de este reglamento, y que obligaban a las instituciones (Gobierno y Ayuntamiento) a facilitar una alternativa habitacional.
NOTICIA EN ELABORACIÓN
Noticias relacionadas:
- Campaña de recaudación de fondos para ayudar a los sancionados por participar en un Stop Desahucios en Astillero
- Parado el desahucio en la calle Cardenal Herrera Oria de Santander
- Suspendido el desahucio en la calle Guillermo Arce de Santander
- La Ley de Vivienda de Cantabria recoge medidas para movilizar las viviendas vacías y obligar a los grandes tenedores a cumplir con el fin social de los inmuebles