Izquierda Unida de Cantabria ha registrado varias alegaciones al borrador de la Ley de Vivienda que ha presentado el Gobierno de Cantabria, cuyo plazo de finalizó el pasado 26 de mayo.

En rueda de prensa, el coordinador autonómico de IU, Israel Ruiz Salmón, y el responsable de política institucional del partido y también concejal en Santander, Miguel Saro, han calificado al borrador de Ley como “bastante chapuza”.

Además, Ruiz Salmón opina que “habrá que ver su posterior desarrollo y los recursos destinados para ello”, cuestión que, dado el contexto actual, “es esencial para garantizar la función social de la vivienda frente al uso especulativo”.

Y recuerda que “vamos varios años de retraso”, pues en 2018 se encomendó a las comunidades autónomas a través del Real Decreto-Ley 21/2018 de 14 de diciembre la definición de vivienda vacía o desocupada, así como su gravamen a través del IBI, un asunto bloqueado por los distintos gobiernos centrales del PP y del PSOE desde 2004, “creando una inseguridad jurídica evidente e imposibilitando la actuación de las entidades locales”.

Ya en 2018, IU reclamó al gobierno del PRC-PSOE, los mismos partidos que gobiernan en 2021, “que no perdiera el tiempo y definiese de una vez por todas” el concepto de vivienda desocupada y, tres años después, se han puesto a ello “de forma poco rigurosa”.

En este sentido, IU pide en sus alegaciones que se modifique el artículo 4 de la ley, el referente a las denominaciones, para que figuren como viviendas desocupadas aquellas pertenecientes a un gran tenedor que lleven más de 6 meses sin ocupación de forma justificada.

“Consideramos que la definición que se refleja en el borrador, que habla de aquellos edificios desocupados por un plazo mayor de dos años, se centra en los pequeños propietarios, dejando de lado a los grandes tenedores, los cuales están acaparando masivamente las viviendas y manteniéndolas vacías, alterando el mercado. Para esos casos, el plazo debería ser menor”, ha defendido el líder de IU.

Por su parte, el concejal de Unidas por Santander ha explicado otras alegaciones como la referida al sistema arbitral recogida en el artículo 56 del borrador. La formación plantea al Gobierno de Cantabria que incluya un tercer punto para que la nueva Ley de Vivienda obligue a los promotores con financiación pública a ofrecer a los consumidores la sumisión al sistema arbitral de consumo.

“Creemos que es importante y justo que aquellos que cuentan con los beneficios de ayudas públicas otorguen a sus clientes una mayor protección a la hora de cualquier reclamación”, defiende Saro. También ha apuntado a que se tenga en cuenta la regeneración urbana, especialmente en poblaciones con peligro de despoblación y cuya población haya descendido en los últimos años”.

En cuanto a las zonas tensionadas, aquellas con una gran demanda y necesidad de vivienda, IU sugiere que los ayuntamientos puedan promover el alquiler forzoso de viviendas declaradas deshabitadas desde hace más de un año.

Para ello, proponen que la necesidad de vivienda venga acreditada cuando, “en las áreas de planeamiento urbanístico municipal en que se halle la vivienda deshabitada, no exista suelo vacante pendiente de edificación calificado de protección pública y que, en los últimos dos años al menos diez demandantes de vivienda empadronados en dicho municipio se hallen inscritos en algún registro público de solicitantes de vivienda de protección oficial”.

También hay medidas para evitar, tanto la desocupación permanente de las viviendas, como la sobreocupación. Para medir estas circunstancias, se plantea vigilar los datos del padrón de habitantes y los consumos, por exceso o defecto, de agua, gas y electricidad, para observar si este no llega al consumo mínimo de una persona o se demuestra un exceso de ocupantes en el edificio.

Además, en el primer caso, IU propone que los ayuntamientos que no hayan desarrollado un recargo del IBI sobre la vivienda desocupada puedan incluir un canon sobre esta, que suponga un importe anual de 10 euros el metro cuadrado y que aumentará un 15% cada año que la vivienda permanezca deshabitada.

Por último, dentro del Registro de Viviendas Deshabitadas que se plantea, IU propone que se incluya como obligación para la administración autonómica que, cada año, actualice y envíe a los municipios, antes de la actualización del padrón del IBI, el listado de las viviendas que se encuentren en el Registro de Viviendas deshabitadas.

“Es importante que la futura Ley conjugue el derecho social a la vivienda con otros como el de la propiedad o la información pública, además de respetar y potenciar las competencias de las entidades locales en esta materia”, ha sentenciado ambos dirigentes, que han pedido al Gobierno autonómico más ambición en algunos de los apartados de la ley.