El arranque este martes de forma simultánea de la tramitación de cinco nuevos proyectos eólicos ha desatado entre movimientos ecologistas, sociales y políticas las alarmas ante las trabas a la participación ciudadana que supone el que dispongan de un mes de plazo para analizar y alegar ante estos proyectos.

En concreto, han salido a consulta pública los parques eólicos de Amaranta (35MW), Quebraduras (20MW), Lantueno (45MW), Cuesta Mayor (35MW) y Somaloma-Las quemadas (45MW), todos ellos competencia del Gobierno de Cantabria al ser de una potencia inferior a 50MW, con 40 aerogeneradores que suman 180 MW de potencia total instalada y que afectan a un total de 18 municipios

Se produce en la misma semana en que se conocía el informe favorable al proyecto en El Escudo, .

TRABAS A LA PARTICIPACIÓN

El coordinador de Izquierda Unida en Cantabria, Israel Ruiz Salmón, ha advertido este miércoles de que el inicio, en el mismo día de ayer, de forma simultánea, de la tramitación de cinco nuevos proyectos eólicos, “no es casual”, sino una medida que pretende “limitar” la participación pública en estos procesos.

“Dejan apenas 30 días para presentar alegaciones para los cinco parques a la vez”, señalaba en rueda de prensa, incidiendo en que de esta forma se “impide de facto” que la participación de la sociedad civil sea “amplia” ya que las organizaciones sociales o ecologistas que plantean alegaciones “lo hacen de forma voluntaria”, empleando su tiempo y recursos, incluso económicos, como pueden.

Para Cantabristas, esto supone “una clara intención de tratar de sortear la oposición de los vecinos y vecinas afectadas y de todos los técnicos que están manifestando su oposición a la implantación descontrolada de parques eólicos”, propia de “cinismo sin límites”.

Desde Verdes Equo Cantabria ven “fundamental” que la sociedad “disponga de la información necesaria para adoptar una opinión al respecto y evitar el enfrentamiento vecinal actual, que permita por un lado conocer la importancia de una transición ecológica, pero que debe ser necesariamente justa con la sociedad y respetuosa con el medio ambiente”.

EL ESCUDO

Además, Podemos, Izquierda Unida o Cantabristas se han sumado a la petición de organizaciones de que se haga público el informe del Gobierno de Cantabria sobre el proyecto de El Escudo.

Al respecto, la Plataforma para la Defensa de los Valles Pasiegos ha pedido Gobierno de Cantabria, Ayuntamientos afectados y al propio Ministerio de Transición Ecológica que suspenda de forma inmediata su tramitación, que considera se ha hecho en “claro fraude de ley”, y enumera sus afecciones al patrimonio, así como a la Red Natura, así como los problemas detectados en su tramitación, como la ausencia de alternativas que hubiera llevado a un nuevo período de información pública.

Por su parte, los promotores, la empresa Biocantaber, incidían en que ese parque se ubica en una de las “zonas preferentes” de Cantabria ya definidas en el anterior Plenercan 2014 – 2020, indicando que se encuentra fuera de espacios protegidos y reivindicaban que reportará unos 400.000 euros anuales en concepto de tributos locales y alquileres de los montes públicos o que se podrá evitar la emisión a la atmósfera de 45.000 toneladas de CO2 al año y producir electricidad para 95.000 hogares.

LA NECESIDAD DEL PROT

Izquierda Unida ha incidido en que el Gobierno debería tener una “posición firme”, refiriéndose en este sentido a que el Parlamento de Cantabria se pronunció, tras una iniciativa de Izquierda Unida, Podemos y Equo, sobre la necesidad de un PROT (Plan Regional de Ordenación del Territorio) que “evite la inseguridad jurídica” y los “importantes destrozos” que supondrían los proyectos eólicos.

Cantabristas ha mostrado su frontal rechazo a la instalación de aerogeneradores en las zonas de montaña proyectadas, especialmente “sin que el Gobierno Autonómico haya aprobado antes un Plan Regional de Ordenación Territorial de Cantabria (PROT) que regule la normativa de ordenación del territorio en vistas a la sostenibilidad y el futuro de nuestro entorno.

A esto suman desde Verdes Equo Cantabria que tanto el PLENERCAN (Plan de Energías Renovables de Cantabria) como el PSEC (Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria) estén caducados desde diciembre de 2020, lo que provoca “una inseguridad jurídica de las empresas instaladoras y sobre todo un rechazo social ante las solicitudes de instalación de parques eólicos en la comunidad”.

LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Desde Equo Verdes Cantabria inciden en que el estado de emergencia climática obliga a una descarbonización y disminución del uso de combustibles fósiles como fuente de energía, y el aumento de la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, como la eólica.

“No se está haciendo de forma justa la transición. Quieren un desarrollo sin límites en el que el medio rural y sus gentes paguen las consecuencias de su falta de planificación territorial y de su falta de modelo para Cantabria”, sentenciaba desde Izquierda Unida Ruiz Salmón.

Podemos lamenta que “se están eligiendo zonas de sacrificio donde existe poca población y por tanto poca contestación social” y cree que “está transición energética es repetir el modelo extractivista de los combustibles fósiles, que pasó por encima de cualquier consideración ambiental”.

Desde Cantabristas han aprovechado para señalar la “errónea dirección” que está siguiendo el Gobierno de España en relación a la transición ecológica, al estar “responsabilizando a la población y sacrificando el bienestar de la gente común para no enfrentarse a las grandes corporaciones, que son quienes deben rebajar sus privilegios para garantizar un futuro más sostenible y esperanzador”.