Unidas por Santander (UxS) pedirá en el pleno municipal de este jueves la creación de una Oficina Municipal de Energía, con el objetivo de ayudar a informar a la ciudadanía sobre el sector eléctrico, su suministro y ayudas que puedan corresponder.

En la moción que ha presentado Miguel Saro también se solicitará el apoyo de los grupos para que los pliegos de condiciones en la contratación del suministro de electricidad municipal exijan a las comercializadoras eléctricas concurrentes electricidad certificada 100% renovable, a través del sistema de Garantías de Origen renovable que gestiona la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

De este modo, UxS traslada al pleno municipal uno de los puntos más importantes firmados en los acuerdos del Gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, la modificación de la factura eléctrica.

A ese respecto, el concejal de la formación, Miguel Saro, propone reducir el porcentaje que representa el término de potencia. Es decir, “que el término variable de la componente regular sea incremental en función de la energía consumida, de forma que el coste a pagar por las personas consumidoras por los primeros kW sea inferior a los siguientes”, ha defendido el edil. Saro cree que de este modo se “incentivaría la eficiencia energética”, y se sustituiría la actual tarifa eléctrica que entró en vigor 1 de junio de 2021.

“Queremos que esto sea debatido también en Santander para empujar a nuestros socios en el Gobierno central a actuar como deben, con arreglo al acuerdo de Gobierno”, ha reconocido el concejal. Saro considera así que “una de las causas por las cuales la tarifa eléctrica no deja de subir” se debe a “la falta de voluntad política en el desarrollo de algunas obligaciones que se asumieron en el acuerdo de coalición para formar gobierno”.

Saro insiste en la necesidad de tomar “una batería de medidas urgentes para limitar los beneficios de las compañías eléctricas y acometer los cambios en la estructura tarifaria”, en un contexto en el que la factura energética no deja de crecer, después de años en los que el sistema eléctrico ha sido “reiteradamente modificado y privatizado para dar cobijo a las demandas de las compañías del sector”.

“Nos encontramos en una situación en la que se corre el riesgo evidente de un incremento de factura de muchos consumidores domésticos, en mitad de una crisis sanitaria y económica”, ha recalcado Saro.

En su moción, propone también instar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a que solicite a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la revisión de la metodología de peajes de transporte y distribución, y cree una diferenciación estacional entre los periodos de invierno-verano, “típicamente más intensivos en electricidad por el uso de calefacción y aire acondicionado”; y primavera-otoño, “que se corresponde con meses más templados y con menor demanda eléctrica doméstica”.

La moción también mira a la administración autonómica, para solicitar al Ejecutivo cántabro que realice el estudio de viabilidad económica sobre la posible creación de una comercializadora pública de electricidad de ámbito autonómico, ya que “se ha constatado en distintos municipios españoles que las comercializadoras públicas municipales son una realidad que beneficia a los vecinos consumidores de electricidad”.