La Junta de Personal Docente de Cantabria, integrada por los delegados y delegadas sindicales de STEC, ANPE, TU, CC.OO., UGT y CSIF, como órgano que representa al conjunto del profesorado de esta Comunidad Autónoma, lamenta el poco reconocimiento que su trabajo ha tenido durante este curso.

Recuerdan que el curso 2020/21 ha estado completamente condicionado por la pandemia y, «en este sentido, la Junta de Personal quiere poner en valor el trabajo realizado a lo largo de todos estos meses por el profesorado, que ha sido capaz de mantener unos entornos educativos sanitariamente seguros, ha garantizado la presencialidad en todas las etapas del sistema y ha respondido a estos retos sin merma alguna de la calidad del sistema. La Junta de Personal Docente hace estas declaraciones porque quiere criticar que este esfuerzo no haya tenido el reconocimiento que merece por parte del Gobierno en general y de la Consejería de Educación en particular».

Aclaran que el reconocimiento que demandan  tiene que ver con la protección que se les tenía que haber dado al ser reconocidos como un colectivo esencial. No ha sido así, y consideran que este tercer trimestre del curso ha estado marcado por un proceso de vacunación caótico con un resultado nefasto:»la inmensa mayoría del profesorado terminará el curso sin estar inmunizado al no tener completada su pauta de vacunación. Desgraciadamente ha ocurrido que el hecho de ser personal esencial ha terminado penalizando a muchos docentes que, si hubiesen seguido el ritmo de inmunización del resto de población, ya habrían recibido las dos dosis de su vacuna junto con el resto de personas de Cantabria de su mismo rango de edad. En este sentido ya hemos criticado la actitud de la Consejería de Sanidad en anteriores comunicados; pero no es menos responsable la Consejería de Educación que, o bien no ha hecho nada efectivo por la vacunación de su personal docente, o bien carece del suficiente peso político en el seno del Gobierno regional a la hora de defender la salud del profesorado y del resto de trabajadores y trabajadoras que prestan servicios en los centros educativos de Cantabria».

DECISIONES UNILATERALES

Pero no es esta su única queja, sino que repasan algunas decisiones que la Consejería ha tomado sin consultar con ellos y que detallan en un comunicado enviado a los medios que dice así:

«La primera de ellas tiene que ver con el proyecto de puesta en marcha de aulas de Educación Especial para el curso 2021/22, decisión de la que ni siquiera se ha informado a la Junta de Personal. Los representantes del profesorado tienen derecho a negociar teste tipo de medidas ya que afectan a la dotación de personal docente; pero, con independencia de este derecho, las organizaciones sindicales que estamos presentes en la Junta queremos aportar nuestra visión de la atención a la diversidad, que es precisamente uno de los déficits que tiene esta Consejería. Efectivamente, desde la Junta llevamos tiempo reclamando una negociación de la normativa (inexistente) que desarrolle el Decreto de Atención a la Diversidad, decreto publicado en BOC hace dos años y que carece de desarrollo reglamentario.

La segunda decisión que no ha sido objeto de negociación, y que acabamos de conocer a través del Boletín Oficial de Cantabria, es la convocatoria de un concurso de méritos para la cobertura de una serie de puestos docentes en el ámbito de la atención a la diversidad. No es presentable que se convoque un concurso de méritos para dotar de profesorado a plazas de atención educativa domiciliaria, aulas de dinamización intercultural, centros de recursos de la educación especial o el programa de absentismo escolar; sin haber negociado las condiciones, baremos, procedimientos, etc. con los representantes del profesorado que aspira a alguna de estas plazas. Desgraciadamente esto que ha ocurrido en este tramo final de curso ha venido ocurriendo en otros momentos, con decisiones de la Dirección General de Innovación Educativa como, por ejemplo, la implantación del Programa PROA PLUS (un programa de refuerzo escolar que ha contado con una subvención del Gobierno central) que también se concretó sin ningún tipo de negociación y con unos criterios, a la hora de seleccionar los centros que, a día de hoy, todavía desconocemos.

Por último, pero no menos importante, está el retraso en la negociación de los cupos del profesorado para el próximo curso escolar. Nos estamos refiriendo al número de docentes por etapas y especialidades con los que realmente van a contar tanto colegios como institutos durante el curso 2021/22. Esta Junta de Personal viene reclamando, por un lado, la negociación tanto de los criterios generales de estos cupos como su aplicación concreta en cada centro educativo público de Cantabria. Y, por otro lado, también estamos demandando desde hace semanas, que esa negociación se sustancie ahora, antes de que termine el actual curso escolar. Nuestro objetivo es que los equipos directivos de los centros, una vez conocido el número de docentes de que van a disponer para el curso próximo, puedan proceder a la planificación del mismo. Nos parece de justicia que los equipos directivos, que pasaron el verano anterior dedicado por completo a diseñar los protocolos frente a la Covid con todo lo que eso ha supuesto a nivel organizativo de los centros, no tengan que esperar al mes de julio para tomar las correspondientes decisiones en función de los cupos de profesorado con que finalmente van a contar».

PREOCUPACIÓN

Para concluir, la Junta de Personal quiere hacer pública su preocupación por la deriva peligrosa en la que de nuevo está entrando la Consejería de Educación; «una dinámica de toma de decisiones sin consultar a nadie, sin negociación con los representantes del conjunto del profesorado, a destiempo o con graves retrasos. Es por ello que emplazamos a la consejera Marina Lombó para que revierta esta situación, recupere el diálogo con las organizaciones sindicales e impulse un funcionamiento más coordinado y homogéneo de todas las direcciones generales. En última instancia, lo que estamos exigiendo es que todo el equipo que ahora está al frente de la Consejería de Educación asuma la obligación de discutir en las mesas de negociación las decisiones que afectan a los enseñantes y al sistema educativo público de nuestra Comunidad Autónoma».