Según explican desde Stop Desahucios, los afectados viven en un piso de Santander desde hace varios años como consecuencia de una cesión de la vivienda bajo la forma de alquiler social por parte del antiguo propietario, Liberbank. La entidad bancaria obtuvo el inmueble en 2014 después de un proceso de ejecución hipotecaria a través de su empresa inmobiliaria instrumental, Beyos y Ponga. Tres años después, el inmueble fue adquirido por el fondo inmobiliario Desarrollos Las Peñícas SL. un fondo que  fue inicialmente una sociedad unipersonal cuyo titular único era Liberbank. Posteriormente, fue comprada por dos sociedades que mantienen vínculos con Oceanwood, que es actualmente el principal accionista de Liberbank.

Fue precisamente el fondo Desarrollos Las Peñicas quien en 2018 denunció por usurpación, lo que vulgarmente se denomina ‘ocupación’ a dos de los moradores actuales de la vivienda. Pero la sentencia fue favorable a los afectados y el juez dictaminó que las personas que vivían allí lo hacían legalmente y que contaban con la autorización del propietario en su momento, Liberbank.

Posteriormente, el fondo buitre volvió a la carga y presentó demanda de desahucio por precario (procedimiento civil). A finales de 2019 hubo sentencia en primera instancia a favor de Desarrollos Las Peñicas. En 2020, los afectados presentaron recurso ante la Audiencia Provincial y en este momento están a la espera de dicha sentencia en segunda instancia.

VIOLENCIA Y AMENAZAS 

Según el comunicado enviado por la plataforma STOP Desahucios, «A pesar de todas estas circunstancias, el 28 de mayo de 2021 un empresario vallisoletano adquirió la vivienda sin ni siquiera haberla visto. Pocos días después, el 18 de junio de 2020, dos individuos asaltaban la vivienda, destrozando la puerta de la entrada y entrando en el interior del inmueble. De hecho, cuando un vecino se acercó a ver qué pasaba, le indicaron que aquello era un recado del nuevo propietario. Un par de semanas después volvían de nuevo para arrancar el contador de la luz después de forzar el armario del cuadro de contadores, además de dañar el buzón de los afectados».

Añaden que «durante todo el mes de junio y de julio, el propietario se puso en contacto con los afectados, amenazándolos en varias ocasiones con medidas violentas para que abandonaran la vivienda. Posteriormente, llevó las ‘negociaciones’ un abogado de un conocido bufete de abogados de Valladolid, que actuaba en representación del supuesto nuevo propietario».

Según explican en un comunicado, fue este abogado quien les comunicó hace dos semanas que les daban hasta el 1 de agosto para abandonar el piso y, según sus explicaciones, lo hizo en estos términos: » Y vais a iros de allí, ya sea por las buenas o por las malas. La gente que va a ir es de fuera, de ServiOkupas. Y si os tienen que dar dos hostias os las van a dar. Y por 300 euros, que es la multa por desalojaros, os las dan. Que a esa gente no se la pone nada por delante.”

Así las cosas, los actuales inquilinos han presentado denuncias contra los responsables, tanto en la policía como en el juzgado de guardia. La última  ya se dirige a personas concretas, con nombres y apellidos, ya que, según informan,  conocen la identidad de varios de ellos, concretamente, del propietario, del abogado y del titular de la empresa Serviokupas. En las denuncias acusan a los individuos mencionados de una larga lista de delitos: amenazas, coacciones, descubrimiento y revelación de secretos, allanamiento de morada, extorsión, daños y delitos relativos a las organizaciones y grupos criminales.

SOLICITUD DE REUNIONES

En el momento actual, el juzgado n.º 2 de instrucción está llevando el caso. Además, las plataformas Stop-Desahucios y la PAH tendrán una reunión con la Delegada del Gobierno en Cantabria, además de haber tratado el asunto con el concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santander y próximamente tendrán reunión con la policía local.

STOP DESAHUCIOS Y LA PAH

La semana pasada se celebró una asamblea convocada conjuntamente por la Plataforma Stop-Desahucios y por la PAH para estudiar el problema. Ambas plataformas, además de diferentes colectivos que apoyan, han tomado medidas para evitarlo o intervenir si se intenta llevar a cabo el desalojo ilegal. «Hay que tener en cuenta que los afectados son personas muy conocidas por su activismo en dichas plataformas y en otras actividades sociales y políticas».

Roberto Mazorra es el portavoz de las personas que están sufriendo el acoso y la violencia, además de ser un militante de años en el movimiento antidesahucios y ser, a su vez, uno de los afectados. Explica así la situación: “Inicialmente, me pareció algo loco que alguien comprara una vivienda sin haberla visto y con gente dentro. Sobre todo, porque el procedimiento judicial puede ir para largo. Ha habido alguna que otra irregularidad jurídica por parte del fondo buitre y eso podría provocar una sentencia favorable. Pero aunque no fuera así, tendríamos derecho a nuevos recursos y a las suspensiones por la pandemia o por la situación de vulnerabilidad de varios de nosotros. El nuevo propietario se quiere saltar todas las leyes, todos los procedimientos, y utilizando la violencia sin ningún rubor”.

El portavoz solo encuentra una razón para que alguien comre una casa en esas condiciones:  “Claro que si analizamos la ubicación del piso todo cambia. Se trata de una vivienda humilde pero que está a un minuto de la playa de la Magdalena. Y parece que ha sido un chollo el precio de venta. Y si a eso añadimos que el nuevo propietario tiene varias empresas y una de ellas se dedica al alquiler de inmuebles, pues el tema está claro. No estamos hablando de una familia humilde que compra una vivienda barata. Estamos hablando de una gente con un alto poder adquisitivo. Se trata de un negocio”.

Lo que no entiende Mazorra es que se permita la existencia de grupos como Serviokupas: “son gente de gimnasio, vinculadas a la seguridad y a ideologías de extrema derecha, que utilizan la violencia y la intimidación para conseguir sus fines, y que se amparan en la falta de apoyos y recursos personales de las familias vulnerables que no son propietarias de su vivienda. Confunden allanamiento con usurpación, usurpación con precarios, precarios con impagos de alquiler. No tienen formación jurídica de ningún tipo y han proliferado como setas gracias al empuje de los medios de comunicación”.

SERVIOKUPAS

Serviokupas es un grupo de individuos que se ocupa principalmente en la comunidad valenciana (Alicante) de desalojar viviendas, utilizando medios legales y probablemente ilegales. En realidad, SERVIOKUPAS es una marca, ya que es la empresa MIDIDESA S.L. la que firma los contratos con sus clientes. Los afectados han podido acceder al propio contrato firmado entre el titular de la vivienda y dicha empresa. En la claúsula 4.1 (objeto del contrato) se espefifica que no sólo van contra okupas (usurpación), sino contra precarios, contra impagos de alquiler, finalización de contratos de arrendamiento o cualquier otra situación “que impida la posesión pacífica y legítima al propietario de un bien inmueble».

Explican desde Stop desahucios que cualquier persona que pueda tener problemas económicos que le impidan poder pagar el alquiler o cualquier familia que no tenga título que acredite su situación residencial, podría ser víctimas de este grupo y con total independencia de su situación judicial. Lo cual, consideran,  es manifiestamente ilegal.